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PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL
ESTADO RECTOR SOCIALDEMOCRATA
Por:
Luis Arnoldo Pacheco Sánchez
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La caída o derrumbamiento del bloque soviético, combinado con el ascenso del neoliberalismo como un producto de exportación de los gobiernos de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, produjo una crisis en los partidos socialdemócratas del mundo entero. Así como los soviéticos inventaron el modelo comunista bajo el cual vivieron durante la mayor parte del siglo XX, otro de sus dirigentes -Mijail Gorbachov- inició el desmantelamiento de ese tipo de Estado por totalitario e ineficiente.
La socialdemocracia europea surgió como una protesta de la clase obrera contra los abusos del sistema capitalista. Pero, sus teóricos nunca pensaron en destruir el sistema, sino en reformarlo. Fue precisamente Karl Kaustky -el teórico más destacado de la socialdemocracia austriaca- quien le señaló a Lenin, en época tan temprano como 1878, que era un error abolir o eliminar la propiedad privada de los medios de producción, en Rusia.
El problema central del sistema capitalista no ha sido el de la producción sino más bien el de la distribución. Fueron los partidos socialdemócratas escandinavos los que a lo largo del siglo XX promovieron el desarrollo de sociedades del bienestar, en donde existe un gran sentido de solidaridad y donde se ha erradicado, prácticamente, la pobreza.
El gran debate durante los siglos XIX y XX ha estado centrado alrededor del papel que debe desempeñar el Estado, el Gobierno y la propiedad privada en el devenir de las sociedades humanas.
Los socialdemócratas siempre han creído que el Estado y el Gobierno no pueden quedarse de brazos cruzados ante fenómenos como el mundo de trabajo, la salud pública, la educación de las masas, la vivienda, el transporte público, la seguridad social, la cultura, la investigación científica, etc.
Liberación Nacional, desde sus orígenes, ante la ausencia en Costa Rica de un sector empresarial moderno y vigoroso, echó a andar una serie de instituciones públicas que en cierta forma tuvieron que suplantar el papel de ese sector -dada su ausencia-, el cual se da por descontado en una economía de mercado más desarrollada.
De esta forma, el capitalismo costarricense se ha venido desarrollando apoyado por esos entes estatales. La banca nacionalizada, por ejemplo, ha sido creadora de decenas de miles de esfuerzos empresariales, aunque hoy muchos de sus antiguos beneficiarios no lo reconozcan e inclusive aboguen por su desaparición.
Luis Arnoldo Pacheco nos plantea, en el presente ensayo, parte de ese debate que debe continuarse. ¿Cuál debe ser el papel del Estado en la Costa Rica del sigo XXI? ¿Debemos o no modificar el actual sistema institucional del país? ¿Es la actual Constitución Política un pacto social -remendado mas de 60 veces desde 1949- adecuado para la Costa Rica del siglo XXI?
Todas esas preguntas requieren una respuesta liberacionista. Luis Arnoldo, quien tiene una larga trayectoria académica y política, nos expone en su ensayo sus puntos de vista para contribuir ese debate, que debe producirse al interior de Liberación Nacional, si es que esta organización política desea sobrevivir, aquejada por una crisis que tiene aspectos de tipo moral, ideológico y político. Las organizaciones o se renuevan o perecen.
El partido hace mucho tiempo perdió su rumbo ideológico y muchos de sus dirigentes olvidaron que la política, sin un sentido de la ética, es una actividad que conduce a la delincuencia.
Recomiendo a los liberacionistas la lectura y análisis de este ensayo.
Es en el campo ético y del pensamiento donde urge rescatar a Liberación Nacional, y Luis Arnoldo con estas reflexiones, está contribuyendo a ese rescate.
Arturo Rodríguez Acevedo
El Dr. don Luis Arnoldo trata de demostrar en su ensayo, la necesidad impostergable de establecer un Estado Rector y su consecuencia, que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente.
Corolario de su primera pretensión es que debe existir en Costa Rica una Democracia participativa o real y no meramente formal, para lo cual debe existir necesariamente un procedimiento de rendición de cuentas, de parte de todos los funcionarios que ostentan el poder público.
Considero que el objetivo inmediato, es la aplicación de una política de planificación nacional, de carácter indicativo para el Sector Privado, y de carácter obligatorio para el sector público.
Lo anterior también significa que realmente los Ministros de Gobierno ejerzan, no sólo un liderazgo natural, sino realmente el poder político jurídico, conforme a normas de coordinación o de Dirección, como las establece la Ley General de la Administración Pública, en los Artículos 99 y 100.
Regir un país es tomar decisiones de carácter político y cuya contenido es de diversa forma, o sea, económico, jurídico, social, educativo, cultural.
Debe entenderse que el Estado es una creación social y ha nacido precisamente para satisfacer las necesidades de sus componentes. La forma, el modo como se solucionan los problemas, depende de una ideología que corresponde a un determinado Partido Político, que se presenta al Electorado, el cual escoge, dentro de varios programas de gobierno, el que considera que más va a satisfacer sus necesidades de carácter político.
Esa plataforma política, aparejado con las cualidades y condiciones objetivas y subjetivas del candidato, son las que deben de posibilitar la realización de un Proyecto nacional, para que sea cumplido por los depositarios del Poder Político, en beneficio de la Sociedad. No puede entenderse ostentar el poder si no es para beneficio del interés general, del interés común, del interés de todos.
Las ideas socialdemócratas justamente, pretenden un equilibrio entre las fuerzas que dominan el poder económico, con las fuerzas que dominan el poder político, para satisfacer las diferentes necesidades sociales. Esa trilogía, política, economía y sociedad, deben complementarse y coordinarse para que no exista la concentración de unos y otros, o la supremacía de unos sobres otros, sino que exista verdaderamente una interacción a modo de complementación, entre sector público y sector privado, por medio del Estado como intermediario y con el objeto de la realización del bien común.
De ahí que debemos ser gobernados por los mejores, porque el Estado debe ser ante todo eficiente y justo, debe distribuir la riqueza por igual y con solidaridad, pero sobre todo ayudar a los más necesitados.
Respecto a la Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, y el problema de la gobernabilidad o credibilidad en las instituciones democráticas y en los políticos, es más que todo de un liderazgo y de la dirección del Estado, no es un problema que se origina en la Constitución Política, aunque es la excusa fácil de algunos líderes débiles, no capacitados para administrar la cosa pública.
Por más Constitución Política coherente, que otorgue sólidos instrumentos de poder, y que permita una gobernabilidad, lo cierto es que si los gobernantes no tienen la sapiencia para conducir los destinos de un país, nada pueden hacer las normas jurídico-políticas, y entonces fracasarán irremediablemente los detentadores del poder.
Existen aspectos institucionales que deben ser reformados, ya sea parcialmente o por la vía de la reforma total, como lo menciona y con acertados ejemplos, don Luis Arnoldo y ellos son ciertos y reales.
Es claro que el Tribunal Supremo de Elecciones ha sido totalmente superado por los tiempos y es necesario su remozamiento.
Al sector municipal no basta con otorgarles recursos económicos, si no les damos la capacitación y un poder jurídico eficiente a los ediles.
Consecuentemente, para una democracia verdadera, es necesario que exista la elección directa y no por vía indirecta.
Hay que indicar que actualmente nadie puede ascender a un puesto de elección popular, sino es por medio de un partido político.
La pretensión es loable, sobre todo porque se trata de la libertad de elegir y de ser electo, como un derecho político irrenunciable, indelegable y al que aspira todo ser humano, es decir, todos los ciudadanos que habitan en este país.
Nos preguntamos: ¿por qué una persona con excelentes atributos académicos, profesionales, de trayectoria política, de capacidad y honradez, debe ser únicamente propuesto por un partido político para acceder a los puestos de elección popular?
El aspecto de que debe haber un debate nacional de la conveniencia de un Régimen Presidencial o de un Régimen Parlamentario, es insoslayable.
Por otra parte, es claro que los referendums y plebiscitos deben ser un elemento importantísimo en la Democracia participativa.
Es necesario también realizar un examen de los tres poderes del Estado, y sobre todo ponerle límites a la Jurisdicción Constitucional.
Igualmente, don Luis Arnoldo lo que hace es sembrar una semilla para un debate nacional sobre los problemas de la institucionalidad del país, sobre los problemas de la transparencia en la función pública, y sobre todo, que necesitamos un Estado Rector, pero que tenga instrumentos del más alto poder jurídico, como es una coherente y moderna Constitución Política que permita tener una Administración Pública eficiente y eficaz.
Conocí a Luis Arnoldo, cuando ambos realizábamos estudios de posgrado en Francia, y ahí pudimos alimentarnos de las ideas francesas de fraternidad e igualdad, pero en libertad. Creo que esos tres conceptos revolucionarios, que encarnan el más sentido de justicia y solidaridad social, son el norte o guía a lo que aspiramos todos los social-demócratas en el mundo.
Dr. Enrique Rojas Franco
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Las grandes ideas han comenzado Bernard Shaw |
El Partido Liberación Nacional, inspirado en el pensamiento social demócrata proclamado en los años cuarenta del pasado siglo XX por jóvenes intelectuales integrantes del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales -Rodrigo Facio, Daniel Oduber, Carlos Manuel Vicente, Carlos Monge, Isaac Felipe Azofeifa, Alberto Canas, Fabián Dobles, Alberto Martén, León Pacheco...- desde su alumbramiento oficial el 12 de octubre de 1951, se comprometió con todos los costarricenses a luchar por el combate a la pobreza, la justicia social, la ética en la función pública, la pureza del sufragio y el bienestar de las mayorías populares.
Así, durante unos cincuenta años -guiados por don Pepe, Chico Orlich, Daniel Oduber, Luis Alberto Monge, Oscar Arias y José María Figueres O.- el PLN lideró misionalmente aquel duro pero satisfactorio proceso de transformación de una Costa Rica entonces de pies descalzos y de grandes carencias socio familiares -en empleo, en electricidad, en producción, en agua potable, en salud, en vivienda, en infraestructura...- a un país hoy próspero y en ruta hacia un desarrollo social y económico sostenible.
Empero, aquel PLN, siempre en la cúspide de las preferencias populares y siempre protagónico en la vida nacional -tras dos derrotas electorales consecutivas, tras un significativo éxodo de militantes hacia agrupaciones emergentes y, en presencia de encuestas que reportan descensos de su tradicional caudal electoral- en la actualidad enfrenta una severa crisis de orden ético, político y existencial.
Afortunadamente, la mayoría de los liberacionistas hemos tomado conciencia sobre la imperiosa necesidad de hacer una gran pausa en el camino para reflexionar sobre el perfil de partido socialdemócrata que hoy demanda Costa Rica. Una alta Comisión Política integrada por destacados compañeros vela, de manera muy responsable, por el trabajo de formulación de propuestas conducentes al fortalecimiento moral e ideológico, la reestructuración organizativa como estatutaria y, en general, la revitalización del PLN para que pueda afrontar exitosamente los retos políticos nacionales en el 2006 y a largo plazo.
A la par, el Grupo Raíces, fundado y coordinado por Carlos Ml. Vicente Castro, Rufino Gil Pacheco, Enrique Obregón y Guido Miranda, cuatro caballerosos e inclaudicables guayacanes, muy liberacionistas, apoyados por mas de veinte históricos fundadores del Partido y por más de un centenar de valiosos profesionales liberacionistas. Ellos no solo brindan su apoyo solidario a los meritorios e ingentes esfuerzos pro partidistas de la Comisión en referencia, sino que, acorde con las mejores tradiciones patrias, ha emprendido una cruzada trascendental e idealista en pos de escribir y rescatar la rica historia verdiblanca sobre figuras señeras, postulados, logros, dramas, glorias, triunfos y... fracasos.
Este librito, entonces, ofrece nuestras ideas y nuestras propuestas sobre lo que debería abarcar una reforma institucional con el fin de conceptualizar un Estado rector, según los valores y los principios liberacionistas. Tal reforma, de suyo vasta como compleja, debería basarse en dos pilares fundamentales: 1) La conceptualización de un Estado rector y 2) la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
IV. CONCEPTUALIZACION DE UN ESTADO RECTOR
El Estado republicano costarricense, libre e independiente, rige el acontecer civil y el ordenamiento institucional de la nación. Los gobernantes y sus gobiernos, basados en la majestad de la democracia y en el cumplimiento de las leyes, día tras día deben velar por la paz social como por la marcha y por el progreso integral del país. Pero, en esa dificultosa e incesante búsqueda del bienestar humano de todos los ticos, debemos contar -en términos estructurales- con el respaldo de un aparato estatal más eficiente y eficaz. También, preferentemente, socialdemócrata.
Sin embargo, durante administraciones anteriores, las directrices presidenciales sobre ese prioritario remozamiento organizativo gubernamental solo han resultado esfuerzos casuísticos en pro de acrecentar los ingresos fiscales, recortar gastos ministeriales ya autorizados y, achicar la burocracia pública. Estos manejos, coyunturalistas y de corte neoliberal, no han logrado rebajar significativamente un déficit fiscal acumulado y desatendido desde hace muchos años. Encima, en los hechos, más bien han provocado el debilitamiento de importantes servicios asistenciales y de pequeñas e indispensables entidades descentralizadas, así como un desordenado e injusto despido de modestos empleados públicos.
Aparentemente, aquellos mandatarios no han podido acertar ni trascender en el puntual repensamiento de un Estado más rector -y menos neoliberal- para propiciar una gestión gubernamental muy enfocada hacia una más justa repartición de la riqueza: y, más afín con la cultura y con la vocación social demócrata propia de las mayorías costarricenses; históricamente liberacionistas. Tal miopismo les ha impedido observar que, como ha ocurrido en paises hermanos (Argentina, Perú, Nicaragua, El Salvador, Chile, Ecuador...) las políticas neoliberales, antipopulares e irreflexibles, en ninguno de los países aludidos han conducido ni a la estabilidad político-social ni al progreso económico. Tampoco, al bienestar de los pueblos latinoamericanos.
En cambio, un Estado rector... socialdemócrata, bien conceptualizado en lo social, en lo laboral así como en lo económico, y bien empeñado en superar los retos de la indetenible globalización total en presencia, entre otros, debería coadyuvar tanto al crecimiento de la democracia participativa y el bienestar social de los costarricenses como -en el campo económico- a la factibilización de una razonable apertura intersectorial pero dentro del mismo contexto estatal; es decir, exclusivamente entre empresas e instituciones públicas similares y sin fines de lucro (por ejemplo, los bancos estatales, en aras de promover una sana competencia interinstitucional, podrían participar en el amplio mercado de los seguros). También conviene afinar las regulaciones actuales e incrementar el otorgamiento de ciertas y excepcionales formas concesionales con "gestores interesados", cuya finalidad sería potenciar la producción, el empleo, la competitividad internacional y el crecimiento en aquellos sectores civiles para fomentar el desarrollo del país. Servicios técnico-profesionales, construcción de vivienda de interés social, infraestructura, transportes, tecnología de punta... Este propósito, apegado a los valores y la praxis socialdemócrata, no solo deberá prever la participación activa de los ciudadanos en el capital accionario, el control de los resultados empresariales y la rendición de cuentas públicas correspondientes, sino asegurar los superiores intereses sociales de equidad y de bienestar para todos los costarricenses.
No obstante, un proceso de reforma institucional conducente a la edificación de un Estado rector vigoroso y de signo socialdemócrata, dado nuestro contexto legislativo siempre sobrefragmentado y siempre infértil, ciertamente, solo sería posible en el marco extraordinario y pro concertacional de una Asamblea Nacional Constituyente. Tal evento, basado en los fundamentos de una idónea precarta constitucional -ojalá, de sello verdiblanco- y programado a un razonable plazo prefijado, podría girar en torno a los enunciados e ideas liberacionistas que proponemos, seguidamente.
V. CONVOCATORIA A UNA ASAMBLEA CONTITUYENTE
La Carta Magna actual, promulgada el 7 de noviembre de 1949 -tal vez por la perentoriedad del plazo disponible para su debate y aprobación formal- se basó mayormente en una ya entonces desfasada Constitución que data del año 1871. No obstante, nos legó un valioso e intocable cuerpo de garantías individuales y sociales de rango universal cuyo propósito y sentido humano filosófico se mantienen vigentes, invariablemente. Pero, también incluye una casi estática estructura gubernativa estatal, la cual, tras más de medio siglo, y después de encajar múltiples y descordinadas enmiendas parciales, ahora luce antifuncional e inadaptada a los tiempos contemporáneos. Este inexorable proceso deformativo, asimismo, día tras día se ha venido incrementando por la aparición de nuevas y casuísticas leyes cuyos fines y alcances estructuralistas al cabo resultan duplicados, contrapuestos o simplemente obsoletos.
Entonces -a título de suprema prioridad nacional- es aconsejable cogestionar prontamente la convocatoria a una magna Asamblea Constituyente. Tal escenario, cual mítico claustro senatorial donde se debaten las estelares ideas democrática y se pactan las más patrióticas resoluciones políticas e institucionales, representan el Ateneo mas cívico y más popular para repensar y para reconceptualizar un modelo de Estado rector costarricense: idóneo y necesario para los próximos cincuenta años.
5.1 El orden político electoral
Inicialmente, y en aras de mejorar nuestro estancado esquema político electoral, es menester proponer ciertos cambios constitucionales muy discutidos en la Asamblea Legislativa, en los medios, en las universidades y en los foros de la sociedad civil. Entre ellos sobresalen la abolición -o mantenimiento- de la no reelección presidencial al igual que la escogencia en forma directa e individualizada, de los diputados y los regidores municipales. También, el transferimiento a los gobiernos locales y a las organizaciones comunitarias pertinentes de más atribuciones políticas y económicas y administrativas sobrecentralizadas actualmente. A la vez, es importante robustecer el incipiente sistema de partidos políticos con el fin de institucionalizar su trascendente condición de agente -político, social, ideológico y programático- encargado de organizar cuanto de estimular la participación de los ciudadanos en los procesos y campañas electorales como en el control ciudadano de los actos y los quehaceres públicos a los niveles: central y municipales.
Asimismo, es necesario culminar -ya en el habitual seno legislativo ya en una suprema instancia constituyente- la aprobación de mejoras político electorales muy puntuales ya debatidas en la Asamblea Legislativa y que son del conocimiento de la opinión pública. Entre tales cambios, cuyos alcances los hemos comentado en otras publicaciones (Luis Arnoldo Pacheco S., Reformas Políticas, La Nación, 11 de noviembre 2002), sobresalen:
1. El "Día E" Municipal: Se propone elegir en una misma jornada de votaciones no solo a alcaldes y síndicos -como en el pasado 1ero de diciembre del 2002 -sino también, a los regidores. Este lógico ajuste descongestionaría los sobrecargados comicios nacionales (regidores, diputados y presidente), y, a la vez, privilegiaría el juicio de los ciudadanos a la hora de escoger sus representantes políticos.
2. El voto preferencial: los electores podrían escoger por nombres y apellidos, dos o tres diputados a escala provincial. Así se atenuaría la obligación de avalar todos los paquetes diputadiles -bloqueados e impersonales- dedocráticamente impuestos por los partidos políticos.
3. Los referendos y plebiscitos: La promisoria institucionalización de las consultas e iniciativas populares - mérito de los legisladores actuales -ahora requiere la aprobación puntual de su ley aplicativa (aunque , su puesta en práctica, pudiera favorecer a ciertos expresidentes de la República).
4. Y, las candidaturas independientes: Los ticos deberíamos contar con un fuero constitucional que -según requerimientos razonables- nos permitiera aspirar, a título personal, a cargos diputadiles y municipales. Este "hito", fortalecería el control ciudadano sobre los asuntos públicos así como la desgastada figura de los políticos tradicionales.
5.2 En el Orden Gubernativo Estructural
Asimismo, y en lo concerniente a los tres máximos poderes institucionales -parlamentario, ejecutivo y judicial-, el diseño de un Estado rector imaginario, estructuralmente, debería contemplar los lineamientos -funcionales como interpoderes- siguientes.
- En la función legislativa El Parlamento, soberano Primer Poder de la República, debe revitalizarse como agilizarse para que pueda ejercer no solo una supervisión moral más eficaz sobre la gestión de los jerarcas públicos (en especial, la rendición de cuentas), sino un control político más activo y más oportuno del cumplimiento de las políticas y los programas de los gobiernos de turno. Paralelamente, debe conocer y avalar tanto los planes de acción de los presidentes entrantes como los nombramientos de los altos representantes del Servicio Exterior (Embajadores y Jefes de Misiones Internacionales). Además, debe contar con el recurso de "Voto de Censura" con rango de precepto vinculante para que en casos muy excepcionales y por calificada mayoría de votos, pueda destituir a los gabinetes o los ministros incompetentes o transgresores de las leyes.
- En la función ejecutiva. El gabinete presidencial -en términos prácticos y muy dinámicos- debe reorganizarse para que el Consejo de Gobierno en adelante se conforme con base en el agrupamiento de ministerios afines en amplios sectores gubernamentales -educación integral, salud y protección social, economía e industria, seguridad y administración interior, relaciones exteriores, producción y comercio para la exportación... y otros sectores claves. Estos megadespachos, bien dotados de atribuciones rectoriales, estarían a cargo de Ministros de Estado, quienes, a la vez, estarían asistidos por un equipo de viceministros sub-sectoriales. Asimismo, de manera permanente y sistemática, deben simplificarse los trámites burocráticos como mejorarse la coordinación interministerial para que el aparato gubernamental sea más gerencial y más eficaz en el desempeño de sus importantes tareas. Y, para asegurar un balance interpoderes, democrático y equilibrado, la presidencia de la República también debe contar con el recurso de "Voto de Censura" de carácter vinculante para que, en casos muy excepcionales y muy calificados, pueda gestionar la disolución de los cuerpos legislativos: extraconflictivos e inoperantes.
- En la función judicial: En forma complementaria, el Poder Judicial, garante del Estado de Derecho y de la justicia costarricense, debe privilegiarse no solo con el respeto absoluto a su independencia institucional, sino con la asignación creciente de recursos económicos que le permitan realizar, en forma puntual y cumplida, sus relevantes atribuciones legales. Sin embargo, es necesario revisar la actual forma de elegir los magistrados y los jueces principales para garantizar una acertada escogencia de los postulantes más idóneos y con más méritos, así como para eliminar las presiones politiqueras que influyen en tales nombramientos. Adicionalmente, es necesario modernizar su estructura organizativa y funcional para agilizar la administración y el debido proceso de la justicia nacional.
En el multipartidista escenario político actual, un Estado rector como el propuesto, al demandar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, aunque luce trascendental, no parece factible. Empero, ese imaginario esquema gubernativo estructural apegado a los fundamentos social demócratas como a las mejoras electorales concernientes, ciertamente estimularía la democracia participativa, la equidad social y, la gobernabilidad del país. Y, un PLN bien unido, en el futuro, podría lograrlo.
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Luis Arnoldo Pacheco Sánchez es Doctor en Ciencias Administrativas, con Mención Sobresaliente, La Sorbona, París 1972. Caballero de la Orden de las Palmas Académicas de la República de Francia, 1977. Como miembro activo del Partido Liberación Nacional ha ocupado los siguientes cargos: |
CURRICULUM POLITICO
Dirigente del Partido Liberación Nacional, (desde 1973)
Diputado por el Partido Liberación Nacional, (1981-1982).
Miembro de la Asamblea Plenaria del Partido Liberación Nacional, (1982-1986)
Miembro del Tribunal de Ética del Partido Liberación Nacional, (1982-1986)
Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Ex-Parlamentarios de Costa Rica, (desde el 2000)