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Patio de Agua
Manifiesto Democrático para una Revolución Social
Indice
"Las grandes verdades han comenzado
por ser grandes blasfemias".
BERNARD SHAW.
Este documento recoge el pensamiento político profundamente humanista de un grupo de costarricenses preocupados por restaurar, en las banderas de su partido, el espíritu inicial de consagración al servicio del pueblo.
Este documento lleva un mensaje revolucionario.
Se entiende como revolución "la ruptura con un sistema social que ya no garantiza el bien común y la instauración de un orden nuevo más apto para procurarlo". La revolución debe ser un proceso acelerado, dirigido, profundo, integral e irreversible. Debe ser concebida y realizada en libertad a fin de que produzca más libertad.
Este mensaje revolucionario es una toma de conciencia, una definición ideológica y una consagración generosa.
Es un llamado a la acción audaz.
El mensaje surge en el seno del Partido Liberación Nacional; va dirigido a exigir, en todos sus cuadros, incluyendo a sus más altos dirigentes, un examen de conciencia, una rectificación de conducta, un retorno a la ruta inicial y una voluntad de misión histórica.
El mensaje tiene que desbordar los límites de la agrupación política, en cuyo seno es concebido; debe llegar al costarricense que, desde cualquier vertiente ideológica o partidista, busca seriamente guiar al pueblo en su lucha por su propia liberación.
El mensaje no está comprometido con ninguna escuela de pensamiento político sistemático y cerrado.
Aprende de todos lo que mejor pueda servir a la causa de la revolución en libertad; recoge de todos los hombres que en Costa Rica se han angustiado por la suerte del pueblo.
El mensaje ofrece un pensamiento político costarriqueñista para liberar al pueblo costarricense. Es la revolución social que surge de la historia patria y de su cultura. Aspira a realizar el destino de este pueblo.
El mensaje pide renunciamientos y no todos están dispuestos a hacerlos. Sin renunciamientos no se podrá instaurar la justicia.
Algunos lo encontrarán irrealizable en muchos aspectos. Ha habido tantas cosas en el pasado que aunque era necesario hacer, parecían imposibles, porque así lo definían los intereses creados; sin embargo, lo imposible se hizo posible por la voluntad de hacerlo, y el mundo marcha hacia adelante.
Los enunciados de este mensaje que hoy parecen blasfemias, serán un día verdades que liberarán al hombre.
Patio de Agua, Coronado, 6 de Enero de 1968.
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Armando Arauz Aguilar |
A.- PRINCIPIOS IDEOLOGICOS GENERALES
I.-PRINCIPIOS IDEOLOGICOS GENERALES
La meta de la acción política debe ser la realización del bien común que permita o todo ser humano vivir de acuerdo con su dignidad. La realización de este objetivo requiere que el hombre tome conciencia de su capacidad, posibilidad y deseo de conquistar, gozar y defender los valores superiores de la vida.
Es preciso que el hombre se libere de situaciones de privación de cualquier género -espiritual, cultural y material que le impiden conquistar ese objetivo de vivir conforme a su dignidad esencial.
Una enorme mayoría del pueblo. costarricense sufre esas condiciones de privación, mientras una minoría que retiene al máximo de privilegios y otros grupos que han logrado mejorar sus niveles de vida, son insensibles a las situaciones en que viven esas mayorías nacionales, sin tomar debidamente en cuenta el derecho que les asiste a reclamar su justa participación en aquellos altos valores.
Causas fundamentales de que esa situación prevalezca son el bajo nivel de desarrollo humano y económico y una organización social injusta y deficiente, unida a un proceso político generalmente dominado por uno clase privilegiada, que, de hecho, pone a su servicio esa organización y ese proceso.
La transformación de ese estado de cosas no ha sido lograda hasta el momento porque no se han introducido todos los cambios profundos que se requieren en las estructuras sociales del país, y porque, tanto a nivel nacional como dentro de los partidos, se ha llegado a una situación política que freno la participación efectiva de los movimientos que favorecen tal transformación.
El régimen democrático es el más adecuado a la dignidad del hombre, pero sólo puede entenderse por democrático un régimen en el que el poder político está en manos del pueblo a través de partidos que representen auténticamente a las grandes mayorías nacionales; la democracia cuenta con los recursos para desarrollar la economía y distribuir equitativamente la riqueza a fin de eliminar la miseria económica, cultural y espiritual en que viven esas grandes mayorías, hoy sometidas o servir primordialmente los intereses de las clases poderosas.
La democracia costarricense no ha sido hasta el momento capaz de colmar tales anhelos debido al hecho de que los recursos naturales y humanos del país no han sido eficientemente utilizados. A tal situación ha contribuido el hecho de que la sociedad costarricense ha estado, por lo general, gobernada directamente por representantes de los grandes intereses creados, especialmente los económicos o por gobiernos que han crecido ante sus presiones, o bien por personas que siendo representantes de partidos postulantes de una reforma social, una vez llegados al poder, han adquirido la ideología, los motivaciones, el estilo de vida y los intereses de las clases dominantes, dando así la espalda al sentido auténtico de la democracia y desatendiéndose de la representación de la mayoría empobrecida económica y culturalmente.
Afirmamos que el desarrollo económico logrado en los últimos años ha beneficiado desproporcionadamente a las clases adineradas, habiéndose producido así un progreso socialmente desequilibrado. Creemos entonces indispensable introducir aquellas reformas que permitan, al máximo, el desarrollo económico orientado socialmente, de suerte que sus beneficios fluyan primordialmente hacia los que hoy sufren explotación y miseria.
Afirmamos la necesidad de la acción efectiva del Estado en todas las áreas de la vida nacional en que se requiera para la construcción de una sociedad justa y eficiente; esa acción deberá estar técnica y científicamente conducida, y democráticamente controlada.
B.- ORIENTACIONES PROGRAMATICAS ESPECIFICAS
Los principios ideológicos generales
enunciados han de realizarse por medio
de una acción política orientada
dentro de los siguientes lineamientos
programáticos.
Todos los bienes o recursos naturales del país deben considerarse patrimonio común de la sociedad destinados a satisfacer las necesidades de todos sus miembros a través de un régimen de propiedad de diferentes tipos.
Debe evitarse todo proceso que tienda a concentrar la propiedad de los medios de producción en grupos minoritarios con perjuicio de los demás sectores sociales; asimismo debe impedirse la concentración de la propiedad pública cuando no tenga por objeto el bien común; tales limitaciones a la concentración de la propiedad son necesarias para eliminar el peligro que entraña el poder económico desmedido en contra de la libertad individual y la justicia social.
Deben promoverse los procesos que tienden a poner al alcance de todos los costarricenses el disfrute de los recursos naturales y bienes del país por medio de varios tipos de régimen de propiedad, yo sea privada, cooperativista, pública, mixta o comunitaria, de acuerdo con que exijan la naturaleza y las metas específicas de la actividad económica.
La educación debe infundir en el hombre una actitud comunitaria y de solidaridad humana inculcando un espíritu de servicio y de responsabilidad hacia los demás y hacia el conjunto de que se es parte; debe despertar el deseo de aprovechar las posibilidades de construir un orden social y económico más justo y humano que el actual.
La educación debe capacitar al hombre para gozar de todos los valores superiores de la vida y para orientar su acción de suerte que contribuya a que todos y cada uno de los miembros de la comunidad puedan gozar de esos mismos valores.
La educación debe proporcionar a cada uno de los miembros de la sociedad el máximo de conocimientos y destrezas que se adecuen a sus capacidades y que les permita desempeñar aquellas tareas que sean necesarias para su satisfacción personal y para el funcionamiento de una sociedad próspera y justa.
Es necesario replantear la educación y adaptarla rigurosamente a las exigencias y a las metas de desarrollo nacional. Tiene que ser una educación para el desarrollo nacional. Su misión es formar un hombre moderno para una sociedad moderna.
Las metas del desarrollo nacional, en todos sus aspectos, determinarán la orientación, la cantidad, la calidad y el tipo de educación que el país necesita.
Deberán incorporarse, dándoles la importancia que les corresponde, los factores científicos y tecnológicos, de manera que, conjuntamente con un sólido humanismo, el hombre costarricense quede orientado, por la educación, hacia el cumplimiento de metas específicas de desarrollo económico, sostenido por una alta valoración del trabajo.
Es función del Estado educar a todos los costarricenses según los anteriores principios, y es deber de cada uno educarse y contribuir por su parte a la educación de los demás en todas las etapas de la vida. El gasto en educación se considerará como inversión de los fondos públicos en el desarrollo del país y como instrumento efectivo de reforma social y de redistribución de la riqueza.
El Estado deberá ofrecer igualdad de oportunidad educativa según las capacidades y los esfuerzos de cada cual y sin que las circunstancias económicas del individuo obstaculicen la realización de ese ideal. Para tal efecto el Estado asumirá la responsabilidad económica correspondiente; las organizaciones y grupos intermedios de la sociedad contribuirán a ese mismo objetivo de acuerdo con sus recursos económicos y culturales.
Ninguna institución educativa podrá operar con propósitos de lucro ni favorecer distinciones de clase, prejuicios y fanatismos de ninguna especie.
EI sistema educativo nacional deberá reformarse radicalmente para realizar los anteriores principios.
Una de las metas fundamentales de la sociedad es la salud de sus miembros. Los costos necesarios para tener una población sana deben considerarse como una inversión indispensable para promover el desarrollo económico y social del país.
Sólo al Estado corresponde la planificación de la política de fomento, preservación y recuperación de la salud de la población, así como el saneamiento ambiental. Debe someterse a su dominio eminente la acción que los particulares o las comunidades locales quieran emprender en el campo de la salud.
La función del Estado en el campo de la salud debe ser integral, racional y económica:
Integral, porgue se concibe la salud como un fenómeno indivisible en el ser humano, cuya atención, en consecuencia, no puede desmembrarse en comportamientos puramente administrativos o estructurales;
Racional, en cuanto que se persigue adecuar los fines, las metas generales o específicas a los recursos o medios existente en la colectividad nacional;
Económica, en cuanto que los organismos encargados de la salud deben actuar como empresas productoras de servicios en las que se logre el máximo de eficiencia con el mínimo de costo.
Los trabajadores de las ciencias de la salud (médicos, farmacéuticos enfermeras, odontólogos, microbiólogos, ingenieros sanitarios, sanitaristas y personal técnico) deberán ser primariamente funcionarios públicos al servicio de la población; estarán comprometidos, a través de un sistema global de instituciones estatales, en el desarrollo del programa nacional de salud, y sometidos aún en el ejercicio privado de su profesión a los requisitos de salud dictados por el Estado.
La producción, importación, compra, venta y distribución de sustancias médicas y reactivos de laboratorio de uso médico, serán totalmente reguladas y controladas por el Estado, en cuanto a su calidad, precio y trasiego. Debe prohibirse la propaganda de propiedades curativas de algún producto mientras esas propiedades no hayan sido comprobadas por los organismos técnicos competentes.
Las medidas médico-preventivas que dicte el Estado deberán ser acatadas incondicionalmente por toda la población. El incumplimiento de esas disposiciones será considerado como delito contra la sociedad.
Es necesario emprender una efectiva integración de los servicios médico-asistenciales encargados de ofrecerle a toda la población del país una medicina integral, en sus aspectos de prevención, de curación y de rehabilitación, con el fin de lograr la máxima eficiencia en la atención de la salud por medio de la combinación y coordinación prudente y eficaz de los factores técnicos, administrativos y financieros.
Conviene que el proceso de integración se realice dentro del sistema de seguros sociales existente, universalizándolo de tal manera que cubra a todos los costarricenses; deben utilizarse las instituciones y organismos actualmente existentes introduciéndoles aquellas modificaciones que sean necesarias dentro de las nuevas modalidades de sus funciones y para su más eficaz acción.
En todas las etapas de ese proceso de integración debe tenerse presente que la meta definitiva ha de ser el establecimiento de un sistema adecuado capaz de ofrecer a toda la población una atención médica, que esté dirigida por un organismo unitario superior con funciones exclusivamente técnicas y con fundamento constitucional, para asumir la coordinación de los programas de salud en escala nacional.
Las Juntas de Protección Social, sobre todo aquéllas de carácter cerrado a los sectores populares, serán sustituidas por organismos de relación entre las instituciones hospitalarias y las respectivas comunidades; estos organismos de representación comunal no tendrán funciones directivas, en el orden administrativo y técnico, sino la función de velar por la mejor atención de los intereses de salud de la comunidad y de canalizar la colaboración local con los organismos nacionales.
Se ha de adoptar una política amplia de nutrición, basada en la educación del pueblo sobre el mejor aprovechamiento de los recursos alimenticios y una campaña para inducirlo a producirlos. Se recurrirá también a la adquisición, por parte del gobierno, de los principales artículos alimenticios para venderlos a precios controlados y hasta distribuirlos gratuitamente a aquellos sectores de la población sin poder económico para adquirirlos, sobre todo a los niños.
El trabajo es uno de las actividades superiores del hombre y en cuanto tal, posee, además de su extraordinario significación económica, un elevado sentido ético. Constituye la fuente principal de todos los bienes económicos y es fundamento de la libertad y de la dignidad de los hombres.
En ese sentido la sociedad debe estar organizada y actuar con base en una consideración especial del trabajo, concediéndole a éste el papel preponderante que le corresponde por su carácter humano, por encima de los restantes factores económicos.
Por tanto, el trabajo debe constituir el título principal para adquirir la propiedad sobre los bienes económicos y para disfrutar los beneficios de la vida social.
No creemos que el trabajo y el capital sean antagónicos por razones de principio o de naturaleza En cambio, consideramos que sus intereses se oponen y pugnan entre si cuando operan en una sociedad mal organizada e injusta.
Es necesario establecer un régimen social que dé al trabajo el reconocimiento jurídico, la fuerza económica y las oportunidades que hoy disfruta el capital en forma casi exclusiva. Es preciso crear una sociedad en que el trabajo sea el mejor título que puedan ostentar los hombres para participar en el disfrute de los bienes y de las oportunidades de la vida espiritual, en lugar del hecho de la acumulación de riquezas que hoy constituye la vía directa paro obtener esos beneficios y prerrogativas.
En esa sociedad, todo hombre tendrá derecho a un trabajo positivo y útil; y será deber suyo trabajar, independientemente de su condición económica. El parasitismo económico y social deberá ser desterrado en forma radical.
El valor superior que posee el trabajo, tanto desde el punto de vista individual como social, nos lleva a la convicción de que el régimen del salario es insuficiente como remuneración por la fuerza de trabajo y que este régimen debe ser mejorado y superado, por medio de otros instrumentos justos de participación del trabajo en los beneficios y riquezas creadas por la actividad económica de todos los sectores de la sociedad.
El trabajo, además, debe ser fuente de capitalización para todos los que lo realizan, y no sólo para quienes poseen capital o son empresarios.
El país debe proceder a modernizar las estructuras del trabajo, para realizar plenamente los objetivos de la justicia social y para acelerar, por esa vía, el desarrollo económico y social, que no consiste exclusivamente en el incremento de la producción. Lo anterior implica y exige:
Organizar científica y técnicamente el trabajo nacional, en las diversas actividades económicas.
Introducir y adaptar a las condiciones de la realidad nacional los nuevos métodos y técnicas del trabajo aplicados por sociedades de mayor desarrollo económico y cultural
Dar al trabajo la participación que en justicia le corresponde en los frutos de la producción nacional.
Ofrecer a quienes deben incorporarse a la fuerza del trabajo y a todos los trabajadores que anhelan su superación, amplias y continuas oportunidades de formación profesional y de enseñanza técnica.
Establecer un sistema de profesionalización del trabajo que otorgue y reconozca a todos los trabajadores un determinado nivel profesional, fije sus deberes y le garantice las ventajas económicas y sociales correspondientes a su esfuerzo y a ese nivel profesional.
La dignificación de todas las formas de trabajo, lo que significará, fundamentalmente, la atribución de un valor social a toda actividad laboral útil para la colectividad, y el otorgamiento de las oportunidades de la vida moderna, en lo material y en lo espiritual, a todos los que las realicen.
La organización de las fuerzas trabajadoras, para que el trabajo logre con su propio esfuerzo la conquista de la posición económica y social que le corresponde.
El establecimiento de las condiciones de trabajo en todas las empresas, por lo negociación directa entre los dos sectores directamente interesados, sean trabajadores y empresarios, por medio de la contratación colectiva o por otros medios igualmente idóneos, debiendo limitar el Estado su acción a vigilar que se cumplan estrictamente los principios del bien común y los postulados de la justicia social.
La organización de las empresas dentro de un nuevo espíritu de comunidad de intereses de trabajadores y patronos, que eleve dentro de ellas la condición del trabajo y le reconozca a éste lo que en justicia le corresponde y que subordine dichos intereses a la realización del bien común dentro de la sociedad.
Un esfuerzo racional para replantear el esquema tradicional de empresa y avanzar hacia nuevas formas de organización empresarial. La economía costarricense es, en gran medida, una economía mixta en la que conviven el sector público y privado. El desarrollo institucional y un fuerte sector público han creado condiciones para nuevas formas de empresas como serian: empresa mixta (capital privado y público), empresa cooperativa, empresa comunitaria, empresa de autogestión de los trabajadores.
La reforma o actualización de la legislación laboral, para mejorar y ampliar sus disposiciones.
Seguridad Social significa el apoyo que la sociedad ofrece a cada uno de sus miembros, por medio de condiciones e instituciones adecuadas, para que pueda con esfuerzo responsable y en asocio de los demás lograr la satisfacción de sus necesidades y el pleno desarrollo humano.
En un sentido más estricto, es la garantía dada a quienes están en circunstancias adversas de existencia de que recibirán, en la cantidad suficiente, los recursos también extraordinarios exigidos por esas circunstancias.
La base de la seguridad social para quienes colaboran en el proceso de producción consiste en la justa remuneración de su trabajo, que puede tener la forma de una cuota de participación en sus frutos, o de un salario, o de una combinación de estas formas básicas. La compensación del propio trabajo, sea como participación comunitaria o como salario, constituye el modo más directo de seguridad social y el medio más efectivo de adecuada distribución de ingreso nacional.
EI salario, en las empresas en que lo haya, debe ser dinámico, en constante ritmo ascendente para ajustarse al costo de la vida, al crecimiento de la empresa y al progreso económico general. Junto con las otras formas de participación en los frutos del trabajo, el salario es instrumento poderoso para mantener vitalizada la economía del país pues pone en manos de los consumidores un poder adquisitivo que mantiene la demanda de bienes en constante expansión, actuando así como estímulo para una mayor producción.
Tomando en cuento el hecho de que el salario constituye hoy por hoy el elemento básico del ingreso familiar costarricense, éste debe ser suficiente para permitir no sólo la satisfacción de las necesidades materiales, sino también de las espirituales. Debe además permitir al trabajador el ahorro en previsión de contingencias y la formación de un patrimonio familiar. El salario debe ser protegido contra la irresponsabilidad del trabajador en relación a su familia.
En ciertas actividades económicas, especialmente en la agricultura y ganadería, en las que las inclemencias del tiempo u otros factores impiden al trabajador la prestación continua de servicios, debe tenderse a que los salarios sean de carácter anual, distribuidos en cincuenta y dos cuotas semanales.
El actual sistema de cesantía debe ser sustituido por un sistema de ahorro comunitario de los trabajadores en una institución del Estado. El patrono aportará la cuota correspondiente en forma periódica mientras el trabajador se mantenga en el empleo. El fondo así formado se destinará a ser invertido, de preferencia, para atender las necesidades de crédito de los mismas trabajadores y para financiar un régimen de seguro de desempleo involuntario.
La seguridad social exige que se asegure un ingreso extraordinario allí donde sea necesario sustituir totalmente un ingreso cesante o complementar un ingreso deficiente en situaciones especiales como:
Enfermedad, accidente o desocupación.
Retiro a una determinada edad de acuerdo con la índole del trabajo.
La muerte de la persona cuyo trabajo proporcionaba los ingresos de sus dependientes.
Gastos extraordinarios que rebasan la posibilidad del ingreso normal, como boda, parto o defunción.
Deficiencia del salario para cubrir la asistencia de los hijos.
Incapacidad de pagar el arrendamiento de la vivienda o la cuota de su adquisición por insuficiencia del ingreso temporal o permanente.
Cabe dentro del campo de la seguridad social, el suministro de medios de vida para la población indigente, tratando, cuando sea posible, de incorporarle al proceso de producción con derecho a ingresos normales, pero supliéndole, entre tanto, esos ingresos en la medida en que sean deficientes sin culpa del indigente. El suministro de estos recursos debe hacerse recurriendo a técnicas de servicio social, que aseguren el respeto a la dignidad humana.
Corresponde asimismo al campo de la seguridad social la atención adecuada de los desadaptados sociales y los defectivos, mentales o físicos, tratando de incorporarlos, por medio de programas de rehabilitación física, moral, social y psíquica a la vida social útil y agradable.
Tratándose de desadaptados sociales y delincuentes, la seguridad social exige la adopción de métodos penitenciarios, recursos jurídicos e instalaciones materiales que tomen en cuenta la parte de culpabilidad que a la sociedad corresponde en sus delitos, la exigencias de la justicia y la equidad, el respeto que se debe al ser humano y la confianza en su posible reforma.
La realización de las tareas de la seguridad social exige un esfuerzo nacional a diferentes niveles.
Un mecanismo tributario que ponga a todos los costarricenses a contribuir con impuestos específicos, equitativamente progresivos de acuerdo con los ingresos de cada uno, destinados al sostenimiento del sistema estatal de seguridad social.
Una estructura institucional de seguridad social que cubra todos los organismos existentes y los que sea necesario crear, bajo la dirección superior de un organismo que asegure, por medio de una eficaz coordinación, una acción más eficiente, técnica, racional y humanitaria orientada a llenar los requisitos de seguridad social para toda la población.
Una organización dinámica y coordinada de las comunidades locales que se dediquen a consolidar la seguridad social por medio de una eficaz promoción popular orientada a dignificar al ser humano y conseguir para todos acceso a una vida humanamente decente y socialmente útil.
Debe considerarse propio del campo de la seguridad social, la atención de la necesidad de recreación que tiene la-población como parte de su desarrollo espiritual. Deben tomarse medidas para que la satisfacción de esa necesidad no se preste a los abusos de sistemas comercializados de recreación; para ello se controlarán sus ganancias y sus condiciones de servicio, y se establecerán centros recreacionales públicos de todo orden. Debe existir una preocupación del Estado por ofrecer a la población medios y recursos para ocupar dignamente los tiempos de ocio. Debe promoverse el establecimiento de centros de vacaciones para toda la población, especialmente para niños.
La vida humana es la riqueza más alta de una sociedad; en consecuencia, la población debe -constituir tanta la fuente primordial como el objetivo último del progreso de un país
La vida humana debe ser reproducida en condiciones tales, de orden material y espiritual, que aseguren a los nuevos seres humanos su pleno desarrollo y a la población una vida decente.
El ámbito normal y propio de la reproducción de la vida humana, tanto en su aspecto biológico como espiritual, es la familia, la cual debe ser respetada y robustecida, para el cumplimiento de sus funciones, no sólo con normas jurídicas y morales sino también adecuadas provisiones de orden material. Deben tomarse medidas legislativas e institucionales para dar protección al patrimonio estable de la familia.
La primera preocupación de una política de población, sustentada por el Estado con la colaboración consciente y responsable de las organizaciones y de los diferentes grupos de la sociedad, es procurar que exista una relación óptima entre el tamaño de la población y los recursos naturales, tecnológicos y de capital existentes dentro de una justa organización social y económica.
Si bien es de esperar que el desarrollo económico y social general produzca de por si hábitos de fecundidad humana más racionales, es necesario emprender programas de educación para crear una actitud más responsable hacia la procreación humana.
La decisión del número de hijos corresponderá exclusivamente a los padres a quienes se debe ofrecer ampliamente, en primer lugar, formación adecuada con información seria para tomar esa decisión y, en segundo lugar, asistencia médica y clínica de fácil y universal acceso para contar con los recursos de la ciencia y la experiencia en la planificación de su familia.
Con el propósito de crear un más alto grado de responsabilidad y de respeto a las capacidades procreativas del ser humano, es necesario promover programas sistemáticos de educación sexual, ofrecidos a lo largo de la formación escolar en todos sus niveles, en manos de personas con conocimientos científicos sólidos, gran tacto pedagógico y honestidad ética.
Por la importancia que tienen las experiencias de la temprana edad en la formación de la personalidad básica de los individuos, es preciso que el Estado y las organizaciones más responsables ofrezcan a la familia recursos institucionales adecuados para la crianza de los niños en su etapa preescolar, por medio de casas cunas, guarderías infantiles y Kindergardens.
En defensa de la vida humana feliz, la sociedad deberá buscar medidas adecuadas, científicamente fundadas e inspiradas en el respeto a la dignidad del ser humano, para prevenir la procreación de parte de seres humanos, en quienes sus condiciones fisiológicas o psíquicas puedan poner en riesgo la procreación de seres con capacidad para una vida normal. El certificado prenupcial debe ser un requisito para la licencia matrimonial.
Una política de población debe incluir medidas y programas que regulen, fomenten o restrinjan las migraciones, internas o externas, según lo exijan el interés general del país y el bienestar de las familias forzadas, por cualquier motivo, a cambiar su lugar de residencia o de trabajo.
A las familias o individuos migrantes debe protegérseles contra el riesgo de ser victima de quienes quisieran aprovecharse de su necesidad de buscar oportunidades de trabajo; se les debe ofrecer orientación e información sobre la realidad de esas oportunidades y asegurarles condiciones de vida adonde quieran dirigirse.
Las migraciones internas deben responder a necesidades reales de mano de obra o de nuevas actividades económicas, sin perjuicio del mantenimiento de las ya existentes; deben orientarse hacia el mejor aprovechamiento de los recursos naturales; en algunos casos deberán establecerse programas de asistencia financiera y técnica para el traslado y asentamiento inicial, ayuda que se ofrecerá en forma gratuita o de préstamos de fácil cancelación; un adecuado programa de colonización y de creación de nuevos centros de población con nuevos desarrollos industriales contribuirán al éxito de una sana política de migraciones internas.
Especial atención debe darse a las migraciones internas que representen un éxodo rural hacia la concentración urbana, sobre todo metropolitana, que se realiza comúnmente antes de estar justificadas por la mecanización de la agricultura y por el desarrollo técnico e industrial de las ciudades, pues en estos casos se produce una baja de la producción agrícola, un aumento del sector terciario improductivo y la creación de poblaciones marginales en las ciudades.
Es preciso promover un desarrollo adecuado de centros urbanos apropiados, que equilibren la población urbana y rural en vista a las necesidades de la producción agrícola e industrial; dentro de las ciudades, hay que realizar una adecuada planificación urbana y una asistencia efectiva a la asimilación de las poblaciones rurales que emigren a ellas.
En cuenta a las migraciones externas, debe, en primer lugar, promoverse el enriquecimiento de la población propia con el aporte racional, gradual y bien planeado de inmigrantes que puedan contribuir con su experiencia técnica, sus valores culturales y, si es posible, con sus recursos de capital al progreso económico y social del país; deben, en segundo lugar, tomarse medidas para retener al servicio del desarrollo nacional los recursos humanos más valiosos que fácilmente emigran hacia países ya desarrollados atraídos por sus más altos niveles salariales y de vida.
Especial atención debe merecer la integración de la población centroamericana en una política conjunta que permita la movilidad de población entre los diferentes países; para ello deben esos países establecer condiciones de trabajo y seguridad social semejantes, con el fin de aprovechar mejor sus recursos naturales y potenciales industriales sin las limitaciones de escasez de mano de obra, que podría estar ociosa en los otros países.
La reforma agraria tiende a un aprovechamiento de la tierra que permita aumentar más eficientemente el ingreso nacional, y una distribución equitativa de ese ingreso entre los que cultivan la tierra; paro hacer posible esos objetivos se requieren nuevos sistemas de propiedad de la tierra y de los equipos técnicos correspondientes.
La distribución de tierras baldías que están al margen de los beneficios de la civilización no es reforma agraria; ésta debe hacerse en tierras actualmente aptas para la producción y con vías de comunicación adecuadas.
La reforma agraria debe emprenderse con base en la expropiación de las tierras actualmente accesibles, cuyo precio se pagará por el valor declarado de tributación, en bonos de la deuda pública redimibles a la par a largo plazo.
La reforma agraria pondrá al alcance del campesino la explotación de la tierra para su beneficio, ya sea dentro de un sistema de propiedad comunitaria, o de propiedad privada pero, en este caso, dentro de cooperativas que coordinen hacia un nivel de mayor eficiencia las tierras poseídas individualmente.
Ha de impedirse el latifundio, para lo cual debe prohibirse que una persona posea o adquiera un área de tierra superior a un máximo que se fijará de acuerdo con las características de cada región.
Cuando se entienda necesario, podrá aceptarse la concentración de tierra pero únicamente bajo el régimen comunitario de propiedad orientado totalmente en beneficio de quienes la trabajan.
Las tierras baldías no deben ser acaparadas por nadie, sino que servirán de reservas para que el Estado promueva la colonización dentro de las condiciones civilizadas de vida y bajo garantías económicas de éxito, para beneficio primordial de los colonos.
El sistema tributario debe tener universalidad y basarse en la capacidad económica de los contribuyentes, gravando en mayor escala a quienes más tienen y más reciben. Por tanto, debe equilibrarse la estructura fiscal existente a fin de hacerla descansar en mayor grado en los impuestos de la renta y territorial.
Deben entenderse como fines de la tributación no sólo la recaudación fiscal sino también el desarrollo económico y la redistribución de la renta nacional a los sectores más necesitados, aunque sin desalentar la inversión reproductiva y los ahorros.
Deben permitirse deducciones en el impuesto sobre la renta por un porcentaje de la reinversión que haga la empresa, sin limitación en cuanto al monto total. Igualmente, deben autorizarse deducciones sobre las cantidades que las personas naturales inviertan en valores del Estado o acciones de empresas.
Deben permitirse deducciones sobre la inversión realizada por las empresas en obras de interés social, como viviendas para empleados, donaciones de tierra a trabajadores campesinos o de acciones a trabajadores industriales, contribuciones para educación y Seguridad Social.
EI impuesto sobre la renta de las personas jurídicas es de una naturaleza distinta al impuesto sobre los ingresos de las personas naturales. En efecto, las empresas son mecanismos paro la generación del ingreso que no conviene gravar exageradamente, ni en forma progresiva. En cambio, los dividendos que otorgan y que perciben las personas físicas beben ser gravadas en ellas como parte que son de su ingreso. Igualmente deben ser gravados los intereses de bonos, como cualquier otro ingreso; el efecto de desaliento que esto implica estará compensado por el estímulo de las deducciones prescritas en el artículo anterior.
EI impuesto sobre lo renta debe gravar toda ganancia de capital. De no gravar éstas, se darían condiciones ventajosas a las inversiones especulativas, con detrimento de otras actividades más eficientes para promover el desarrollo económico. Igualmente debe gravarse una parte de lo percibido por legado o herencia, sustituyéndose así el actual impuesto de sucesiones; no es justo ni conveniente que los bienes sucesorios paguen según la concentración económica de quien los poseyó; debe, más bien pagar según la capacidad económica de quien los recibe, con lo que se fomenta una mejor distribución de la riqueza. El porcentaje de los bienes de adquisición gratuita que se incluya en la venta debe variar en razón al grado de parentesco con el causante.
El impuesto territorial deberá cobrarse con base en la extensión y en el valor de la propiedad. A este efecto se establecerán tarifas tributarias diferenciadas por zonas, tanto rurales como urbanas.
Deberá hacerse efectivo el impuesto de plusvalía, de modo que se oriente hacia el beneficio de la comunidad el mayor valor de la propiedad inmueble que se origine en la realización de obras con fondos públicos, en el aumento de la población o en el simple crecimiento económico del área. Podrá adoptarse también, la contribución de mejoras, por medio del cual las propiedades beneficiadas con obras de origen público contribuyan, en parte o en su totalidad, a financiar o compensar su costo.
Deberán existir fuertes tributos sobre la adquisición de bienes suntuarios. Estos tributos deberán tender a limitar considerablemente los gastos de la población en artículos innecesarios o en modos de vida que no corresponden al grado de desarrollo del país.
Debe combatirse severamente la ocultación de ingresos de los contribuyentes, erradicando toda suerte de complacencias para las personas de influencia económico o política, quienes generalmente echan mano a varios medios para burlar el cumplimiento de su obligación de devolver a la comunidad nacional aquella parte de sus ingresos que a la comunidad corresponde. Debe establecerse la renta presuntiva que consiste en fijar los ingresos, de acuerdo con el estilo de vida del contribuyente; éste podrá después demostrar que no ha tenido los ingresos que se le atribuyen. Igualmente, y para eliminar las formas de evasión relacionadas con la tradición de acciones, debe eliminarse la existencia de acciones al portador.
Una de las consecuencias del desarrollo económico será la creciente urbanización del país, o sea, la densa concentración geográfica de la población y de la actividad económica. Este fenómeno debe ser sometido a una planificación concebida técnicamente, inspirada socialmente, y ejecutada estrictamente por el poder político. La urbanización deberá ir acompañada de un adecuado urbanismo o sea, de una cuantía siquiera mínima de los servicios típicos indispensables de la vida civilizada.
La ciudad constituye el modo de vida propio del hombre civilizado y el más favorable para el desarrollo del espíritu humano. Este modo de vida con su infraestructura material e institucional debería extenderse a todos los habitantes del país, incluso a quienes viven en zonas rurales, organizando su vida en poblados a donde se lleven los beneficios del urbanismo.
El esfuerzo por promover el urbanismo moderno, proveyendo a las poblaciones de los servicios técnicos en un nivel elevado, no puede ir adelante del desarrollo económico; puede existir el peligro de querer satisfacer con demasiada genorosidad los requerimientos y aspiraciones urbanísticos para comodidad de una minoría privilegiada o de un sector relativamente reducido de población con el resultado de que se frena el desarrollo general del país en detrimento de las áreas más necesitadas y se imponen cargas excesivas a la población total.
Es necesario planificar el desarrollo urbano del país a través de regiones naturales y económicas y la determinación de "polos de desarrollo" ubicados en las áreas donde se realicen programas concretos de producción agropecuaria, minera a industrial. Así se logrará descentralizar el desarrollo urbano del país que está produciendo la hipertrofia del área metropolitana de la cual se derivan las siguientes consecuencias: un éxodo rural caótico, un hacinamiento de poblaciones desadaptadas y marginadas en dichas áreas y un atascamiento de los servicios públicos. Deben surgir, en cambio, muchas ciudades de menor tamaño donde se ofrezcan condiciones de vida civilizada y donde el suministro de los servicios adecuados de urbanismo no presenten costos excesivos.
Para realizar ese desarrollo urbano del país, es necesario que se reserven grandes áreas de terreno restringiendo su uso y sustrayéndolas del libre comercio de tierras, para destinarlas más tarde a la ampliación de centros de población existentes o para el asentamiento de nuevas poblaciones que las actividades económicas de la zona permitan prever.
Es preciso adoptar y ejecutar estrictamente una ley de planificación urbana que asegure la reserva de áreas necesarias para vías públicas y facilidades comunales, el fraccionamiento y uso razonable de la tierra y la provisión de las obras y servicios mínimos que estipulen los reglamentos
Debe racionalizarse e incrementarse el impuesto territorial de las áreas urbanas con el propósito de que ese ingreso sirva de base para cubrir los costos del desarrollo urbano y la provisión de viviendas populares; conviene que el producto de este impuesto sea puesto en manos del Instituto de Vivienda y Urbanismo y de las municipalidades.
Es preciso fomentar el "desarrollo comunal" como producto del esfuerzo de los interesados, exigiendo que los municipios y los beneficiarios sufraguen, en parte o totalmente, las obras que aspiran a emprender y las incluyan en un plan regulador; sólo en estas condiciones contribuirá el Estado o sus organismos a cooperar en la realización de esas obras.
Es preciso poner fin a la explotación de que son víctimas muchas familias por parte de especuladores que lotean los terrenos periféricos a las ciudades para venderlos en parcelas muy pequeñas y a precios de usura sin proveerlos antes de los requisitos mínimos del urbanismo. A esas familias hay que darles asesoramiento y ayuda financiera para protegerlos contra los fraudes de la especulación.
Es necesario establecer un sistema de impuestos sobre los bienes raíces que desaliente la tenencia de terrenos con fines especulativos de expansión urbana; es conveniente dar mayores atribuciones a las municipalidades para congelar y expropiar tierras.
La propiedad o el uso seguro de la casa de habitación familiar, digna y de acuerdo a la propia condición de vida, debe considerarse como uno de los derechos fundamentales del ser humano, cuyo disfrute el Estado debe proteger y promover; en el caso de las familias de escasos recursos el Estado debe facilitarles el disfrute de ese derecho con la contribución necesaria institucional, crediticia y financiera en el grado en que lo exija su incapacidad económica.
El Estado promoverá programas de vivienda destinados a ofrecerles la propiedad o el uso de su vivienda a familias de grupos de diferentes ingresos, tanto de la población urbana como la rural. Esos programas tratarán, por lo menos de realizar los siguientes objetivos:
Ofrecer planes de lotes y servicios básicos, que se adjudicarán a familias de ingresos mínimos en condiciones muy favorables a fin de que esas mismas familias construyan en esos lotes sus viviendas por ayuda propia y mutua, con la colaboración de otros sectores de la población y aún con subsidios del Estado;
Emprender programas de urbanización y de construcción de casas para familias de ingresos bajos adjudicados al costo y cuando sea necesario, con subsidios, a largo plazo y módico interés;
Establecer un sistema efectivo de ahorro y préstamo contractual o abierto, para la construcción de viviendas de tipo medio para familias de recursos económicos menos limitados;
Emprender la urbanización y construcción de viviendas para la clase media que permitan utilidades que se emplearán para el subsidio de los programas de lates y servicios para la vivienda misma;
Fomentar un sistema serio y audaz de hipotecas aseguradas, que permita acumular recursos financieros considerables para la promoción de programas de vivienda en todos los niveles;
Emprender programas de renovación urbana que terminen con los tugurios, ya sea trasladando las familias allí residentes a zonas nuevas o desarrollando tipos de vivienda que aprovechando mejor el terreno permitan a esas familias continuar viviendo en los mismos sitios.
El negocio de alquiler de casas cuyas condiciones son indignas de la persona humana debe ser considerado como un delito. Los propietarios de tales casas deben repararlas inmediatamente de acuerdo con los estándares mínimos que fije el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; el costo de esa refacción se distribuirá en un período largo a fin de que el reajuste del alquiler no dé pie a una ganancia irracional y especulativa a favor del propietario. En caso de que el propietario rehuse reparar la vivienda, el inquilino sólo deberá pagar el alquiler en relación al precio de la construcción, exceptuando el valor del terreno.
La propiedad de la casa de habitación de condiciones adecuadas a un nivel de vida no superior al nivel medio costarricense debe quedar exceptuada del impuesto territorial. Toda otra casa que posea la misma unidad familiar debe, en cambio, quedar sujeta a ese impuesto y a un impuesto especial, de carácter progresivo según aumente el costo de la vivienda, cuyo fruto se destinará a resolver el problema de vivienda para las familias menesterosas.
Las instituciones crediticias del Estado se abstendrán de financiar casas de recreo o aquéllas cuyas características no correspondan al nivel de vida del costarricense medio. Tampoco deberán financiar la construcción de casas de alquiler o casas para la venta, que no estén integradas dentro de los planes de vivienda de construcción a cargo del Estado.
EI Estado emitirá Bonos de Reforma Urbana; estos Bonos deberán aceptarse a la par como pago en programas de rehabilitación o renovación de áreas deterioradas y, a su vez, se aceptarán como dinero efectivo por parte del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo en pago de lotes y casas.
XII.-MEDIOS DE COMUNICACION COLECTIVA
Los medios de comunicación colectiva son instrumento de educación del pueblo, el cual tiene derecho a una información veraz, completa y que contribuya al desarrollo de los más altos valores de la vida.
Las empresas de comunicación deben anteponer su función educativa y de libre expresión de pensamiento a la promoción de intereses particulares.
El Estado financiará medios de comunicación colectiva para garantizar igualdad de oportunidad de expresión a todos los ciudadanos.
EI servicio público de transportes es una función del Estado.
Este servicio deberá estar a cargo de las municipalidades o entidades autónomas, procurando que los órganos administradores estén lo más cerca posible de los usuarios.
La Banca Nacionalizada debe perfeccionarse por medio de una reforma integral a fin de que, según el espíritu inicial de su creación, se convierta más eficazmente en un instrumento de la sociedad para canalizar los recursos monetarios y crediticios de los costarricenses hacia el desarrollo económico socialmente orientado. Sus recursos servirán, en proporción adecuada, para financiar las operaciones, tanto de la gran empresa como de la pequeña, evitando que la primera consuma los fondos con detrimento para la segunda.
El crédito del sistema bancario nacional debe ser un instrumento esencial en el desarrollo de los planes nacionales de desarrollo económico y social del país; este objetivo debe prevalecer sobre cualquier otro.
La moneda como medio de intercambio de bienes y pagos de servicio puede ponerse a disposición del público, con base en emisiones sobre bienes producidos o sobre planes y programas de producción en una proporción razonable y prudente.
Por medio de Bonos de Inversión Pública destinados al fomento agrícola, ganadero e industrial, deducibles del impuesto sobre la renta, se robustecerán continuamente los recursos de la Banca Nacionalizada.
La ejecución de deudores de la Banca Nacionalizada por morosidad debida a la expansión irracional de una empresa, se hará con criterio social, de manera que se realicen estos dos objetivos: primero, reducir al empresario a los límites reales de su capacidad, y, segundo, dar la participación a un mayor número de costarricenses en el proceso de producción con una responsabilidad directa.
Para lograr el último efecto señalado en el articulo anterior, la empresa agrícola recuperada por la Banca, se distribuirá, con la intervención del órgano encargado de la reforma agraria, entre un número adecuado de pequeños productores coordinados en un sistema cooperativista o comunitario. Si se trata de una empresa industrial recuperada por la Banca, se le dará acceso a su propiedad y dirección o uniones de pequeños industriales o a los mismos trabajadores de la empresa liquidada, con la intervención del organismo encargado del fomento industrial.
La Banca Nocionalizada operará como un sistema unitario teniendo como centro el Banco Central, rector de la economía nacional, y se hará llegar los recursos a los costarricenses a través de secciones especializadas. Estas secciones se especializarán en cuanto al destino de sus fondos y contarán con cuerpos directivos propios en los que deberán encontrar representación orgánica los diferentes grupos sociales directamente relacionados con cada tipo de actividad económica.
Los fondos para créditos consuntivos serán manejados en un monto adecuado por una sección especializada destinada a luchar contra las empresas privadas de explotación usuraria, a fin de ofrecérselos o los costarricenses de escasos recursos, en caso de calamidad o para obtención de instrumentos o utensilios de trabajo individual.
El crédito debe otorgarse atendiendo o una planificación económica socialmente orientada, de manera que su concesión no se haga exclusivamente en virtud de la garantía sino especialmente en vista del objetivo de fomento de la producción de acuerdo con el plan nacional de desarrollo.
Por lo demás, preferentemente, se prestará a la empresa socialmente sana, considerándose como tal, de acuerdo a su envergadura, aquella cuya propiedad está distribuida adecuadamente y no contribuye a una indebida concentración del poder económico.
Al empresario ineficiente, por los medios de la ejecución legal, se le desposeerá en la proporción de su endeudamiento, pues la Banca Nacionalizada no debe alentar la ineficiencia. A los bienes recuperados se les dará un destino social hacia una mayor distribución de la riqueza. Al empresario eficiente, pero sobre cuya empresa se sienten las consecuencias de calamidades en su hogar, de factores naturales adversos o de coyuntura del mercado, se le dará tolerancia. A ambos tipos de empresario se le prestará especial asistencia técnica, ya sea directamente por la Banca, o bien a través de los órganos dedicados a promover la producción nacional y a estabilizar los precios.
En igualdad de circunstancias, en cuanto al plan de inversión, el crédito se otorgará preferentemente a las empresas cooperativas o comunales o a aquellas en las que se dé participación considerable de propiedad y dirección al trabajador como colono agrícola u obrero industrial. La concesión de créditos estará condicionada al cumplimiento, por parte del empresario, de la legislación laboral y el respeto a la libertad sindical.
La Banca Nacionalizada no debe desatender el desarrollo agrícola so-pretexto de una preocupación desmedida por el fomento industrial y comercial a expensas de su base agrícola. En todo caso re dará preferencia a la industria que use la materia prima de extracción o producida por el sector agropecuario del país.
Todas las reservas financieras de las diferentes instituciones estatales se canalizarán hacia los propósitos diversificados del plan nacional de desarrollo.
Habrá una institución dedicada a fomentar el ahorro de los trabajadores, la cual formará parte del sistema de Banca Nacionalizada. A engrosar sus recursos irá el fondo comunitario de ahorro que sustituirá el régimen de auxilio de cesantía.
Se fomentará la inversión del pequeño ahorrante a través de instituciones adecuadas; éstas ofrecerán su colaboración para transformar las unidades económicas de indebida concentración en empresas socialmente sanas según la definición del artículo 117; al efecto comprará acciones de dichas empresas y emitirá con tal respaldo títulos de inversión que colocará extensamente entre la población con criterio de redistribución de riqueza. En tal forma se buscará el fomento de un verdadero capitalismo popular.
No deberán ser nombrados como funcionarios responsables de la dirección y administración, a cualquier nivel, del sistema bancario nacional, quienes no hayan dado pruebas evidentes de sustentar los principios aquí enunciados sobre la función de la Banca Nacionalizada.
Concebimos el desarrollo económico como un proceso de incremento de la productividad nacional, orientado bajo la intervención del Estado, hacia la consecución de mejores niveles de vida para todos los costarricenses a través de una adecuada distribución de la riqueza. Este proceso debe ser emprendido como un gran esfuerzo nacional, que demande la participación solidaria e intensa de todos los sectores con el propósito de establecer condiciones semejantes de dignidad, prosperidad y libertad para todos ellos.
Para promover y orientar el desarrollo con el objeto de que se aprovechen en la forma óptima los recursos de capital, naturales y humanos disponibles, se eleve al máximo la producción nacional y se mejoren en forma progresiva la participación de todas las personas en los frutos del esfuerzo nacional, el Estado deberá formular planes nacionales de desarrollo que deben ser obligatorios para todo el sector público, y que deben estar respaldados en incentivos y acciones legales adecuadas para motivar el sector privado a realizar su parte con eficiencia.
El desarrollo nacional exige como condición necesaria la implantación de políticas nacionalistas que, sin menospreciar la integración con otras áreas, se propongan afirmar:
Actitudes, sentimientos y actividades de toda la población resuelta a hacer sacrificios, capaz de iniciativas, de cooperación y de disciplina indispensable para realizar los cambios radicales que exigen los fines del desarrollo;
Un sistema de educación concebido como garantía de la dignidad humana y como inversión indispensable en recursos humanos del país para el aumento de la producción de bienes y servicios;
La conservación y explotación directa para el servicio nacional de los recursos naturales, sobre los cuales el país debe mantener su soberanía, sin condicionarla o debilitarla en ninguna forma, so pretexto de desarrollo;
La protección contra la competencia extranjera en el grado en que sea necesaria para que la economía nacional se logre consolidar.
El desarrollo económico debe tener por base el fortalecimiento de la agricultura y la ganadería, por lo menos en una primera etapa del crecimiento del país. El apoyo del Estado debe ofrecerse a los pequeños productores con preferencia a los grupos poderosos consolidados. La financiación pública a estos pequeños agricultores debe ser directa y no una ocasión para el enriquecimiento de unos pocos.
La industrialización del país y el desarrollo agropecuario deben impulsarse por igual evitando que la primera se realice con detrimento del segundo. La decisión sobre el tipo de industrias que se desarrollen debe ser de los costarricenses, tomada con toda independencia de los intereses oligárquicos nacionales e internacionales. El Estado dará apoyo preferente a las empresas nuevas que se organicen en cooperativas o en otras formas de propiedad comunitaria.
El desarrollo integral que aquí se concibe es inseparable de la reforma agraria tal y como se propone en el apartado correspondiente, así como de la reforma de los sistemas de crédito, de inversión y de tributación. No puede haber plan coherente de desarrollo que no tome en cuenta esos cambios estructurales fundamentales.
El desarrollo económico y social es una cuestión política, y, por tanto, es obligación primaria del Estado el cual debe comenzar por realizar una planificacióon eficaz lo más completa posible, dentro del marco democrático, que comprenda el sector público y afecte al sector privado, no sólo en forma indirecta, sino también directamente en tanto y cuanto la actividad privada hiciere nugatorio o desvirtúe el esfuerzo planificador.
Como instrumento complementario, el desorrollo exige la existencia de una infraestructura social compuesta por organizaciones, bajo nivel del Estado, y que llene las siguientes características:
Constituida nacionalmente pero con amplias ramificaciones locales;
Con suficientes facultades de participación, iniciativa e influencia;
Con independencia de la administración y legislación del Estado, sin perjuicio de los requerimientos de la planificación nacional;
Animada de un espíritu renovador.
La distribución efectiva de los bienes producidos hace indispensable la existencia de un comercio que cumpla sanamente con su función social. Deben eliminarse los intermediarios innecesarios e impedirse toda configuración de monopolio en el ejercicio de esa función. El Estado debe intervenir enérgicamente para impedir estos abusos.
El sector comercio ha alcanzado en nuestro país un grado de desarrollo desmedido, hasta convertirse, en algunos casos, en una actividad antisocial. Para contrarrestar ese mal es necesario desarrollar una vigorosa política de fomento a las formas cooperativas en el comercio.
La intervención del Estado en la regulación del comercio debe consistir por lo menos en lo siguiente:
Un organismo estatal que garantice eficazmente precios y mercados.
Existencia de mercados comunales libres para los productores agrícolas y artesanos.
Importación de medicinas, instrumentos de trabajo y materiales de estudio con el objeto de regular sus precios en el mercado interno.
XVI.-LA FINANCIACION DEL DESARROLLO
La financiación del desarrollo se hará principalmente por medio de recursos de capital que tenga el país y, en forma transitoria y subsidiaria, con la ayuda técnica o financiera de inversiones extranjeras sujetas a condiciones de dignidad y conveniencia nacionales.
La formación del capital doméstico necesario se fomentará con medidas que:
-Establezcan el ahorro obligatorio a cuenta de los propios ahorrantes;
Tiendan a reducir y, en su caso, o suprimir el consumo de artículos suntuarios de importación;
Estimulen la creación entre todas las clases sociales, de una actitud favorable al ahorro para la inversión; y
Destinen en forma creciente recursos fiscales para la capitalización nacional.
Se debe impedir que el capital nacional se exporte; los que están depositados en el exterior deberán ser inducidos, con medidas atractivas, o forzados a la repatriación.
Es necesario crear las Corporaciones Públicas de Inversión que tendrán como fines y funciones:
Fomentar el ahorro destinado para la inversión;
Fomentar la industrialización;
Asegurar el funcionamiento de una organización económica mixta en el país;
Ayudar al empresario a formar su capital;
Interesar al Estado en todas aquellas empresas que por su tamaño o naturaleza encierren peligro de convertirse en poder económico privado inconveniente para la colectividad.
La ayuda exterior se aplicará al plan nacional de desarrollo considerado en su conjunto y no a proyectos individuales no comprendidos en este plan.
Los préstamos deben ser a plazos largos, con una tasa de interés no comercial, se pagarán en colones y no estarán condicionados a compras de bienes y servicios en el país prestamistas, ni a la discriminación de éste en favor de proyectos del sector privado; ni a ninguna otra que lesione nuestra dignidad.
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso 140, mientras el sistema imperante sea el de préstamo para un proyecto concreto, una buena parte de la suma recibida podrá ser utilizada con flexibilidad para los requerimientos indirectos de moneda extranjera que resulten de la realización del proyecto, como la compra de bienes para el desarrollo siempre que el préstamo no esté sujeto a limitaciones como las que se indican en el inciso 141.
La ayuda exterior deberá aplicarse también a financiar los costos locales de los proyectos de inversión y, en circunstancias muy especiales, a la compra o expropiación de tierras en programas de reforma agraria, vivienda y urbanismo, a través de bonos u otro sistema viable, siempre que los precios que se paguen sean determinados con criterios nacionales y no produzcan un mayor enriquecimiento no justificable de los terratenientes.
La ayuda se negociará sobre una base multilateral, preferentemente a través de agencias de la Orbita de las Naciones Unidas. La ayuda bilateral se concertará conforme al mejor interés nacional, sin tomar en cuenta consideraciones políticas que inhiban al país a lograr en cada caso las mejores condiciones.
La ayuda debe estar orientada por nuestro propio país:
A alcanzar niveles nutritivos adecuados;
A importar herramientas, equipo, asistencia técnica para el aumento de la producción agrícola y ganadera;
Al avance en salubridad y en educación en todos los niveles, con particular atención a la investigación que conduzca a desarrollar y a aplicar la tecnología, así como a crear mano de obra especializada;
Hacia la construcción de obras para la infraestructura, tales como servicios de regadío, energía, puertos, carreteras, almacenes.
La inversión directa de capital extranjero tiene que sujetarse a las necesidades y peculiaridades de nuestro país, y depende también del tipo de empresa o proyecto que se desea establecer. Debe operar en las mismas condiciones que opera el capital nacional de inversión y, preferentemente, en una verdadera asociación con dicho capital, sin presión o interferencia externas. Sobre todo cuando se trata de invertir en proyectos que son fundamentales para nuestra vida económica, por su magnitud, por los recursos que se desea explotar o por la naturaleza del servicio que se piensa dar. Además, se deben preferir los tipos de empresas mixtas que permitan la transferencia del capital al sector público interno.
Es indispensable establecer un equilibrio entre el nacionalismo económico y la inversión externa en función del desarrollo, compatible con nuestra soberanía.
La inversión externa no debe desplazar al capital nacional ni frustrar su desarrollo futuro.
La inversión directa externa sólo debe ser utilizada para obras de verdadero beneficio, que aumenten la producción y la riqueza nacionales. Esto mismo se aplicará a los créditos públicos externos.
No debe permitirse el establecimiento de empresas extranjeras que por su naturaleza y magnitud ejerzan una influencia nociva en la política nacional y en nuestros planes de independencia económica. Las que existan deben adaptarse a nuestras modalidades y a las circunstancias actuales del país, a través de modificaciones de los contratos vigentes.
Los préstamos de desarrollo y la asistencia técnica son preferibles a la inversión directa externa.
La inversión extranjera no debe estar sujeta a condiciones que le impidan, o limiten al país, a establecer sus propias modalidades para expropiarla, incluidas la determinación de lo que es "una justa y adecuada compensación", en términos del avalúo de las propiedades y de la moneda para hacer el pago.
En caso de expropiación, de que se habla en el artículo anterior, el pago no debe ser necesariamente en moneda convertible, ni de inmediato y por la suma total. El pago se debe hacer a plazos y en colones. Cuando por acuerdo se pague parcialmente en monedas convertibles, éstas constituirán una porción minoritaria del total. Conviene además que la proporción que se pague en colones esté condicionada a que se reinvierta en el país. No debe existir el derecho a reclamar por la vía diplomática en materia de expropiaciones, salvo en el caso de negación de justicia por parte de nuestros tribunales.
Debe reprobarse el uso que los países desarrollados hacen de presiones económicas vinculadas a la ayuda exterior para obligar a los países en vías de desarrollo a aplicar ciertos cánones de estabilidad monetario y política fiscal sin importar el costo social de esos medidas.
La afluencia de capital y experiencia de los países desarrolladas hacia los subdesarrollados, a través de créditos, asistencia técnica e inversiones, no pueden sustituir el traslado de riqueza de los primeros a los segundos que se realizarían espontáneamente al establecer un sistema de equidad en el comercio internacional
XVII.-INTEGRACION DE LA ECONOMIA NACIONAL A NUEVAS AREAS
Dado que los sistemas de producción modernos se apoyan en las ventajas de la fabricación masiva es conveniente que Costa Rica integre su economía a la de espacios más amplios. Esta integración puede hacerse con países vecinos o con los de otras áreas. Debe entenderse, sin embargo, que la búsqueda de más amplias esferas económicas para el desarrollo exige una transformación de nuestro sistema productivo, cuya estructura actual no resulta adecuada.
Debe revisarse la situación que configura el actual esquema de integración centroamericana, el cual lejos de haber significado un cambio de la estructura tradicional ha contribuido a la consolidación de esa misma estructura. Los efectos de la integración no han ido más allá del levantamiento de las barreras arancelarias, que ha beneficiado básicamente a quienes ya tenían con anterioridad el control del sector comercial, agrícola e industrial, ahora más protegidos en sus intereses por la nivelación regional y por la política de incentivos fiscales.
Causa preocupación que el esquema de desarrollo adoptado haya contribuido a crear mayor dependencia con respecto a determinados centros financieros exteriores al área, con implicaciones de sujeción política a los mismos. Igualmente, que ha contribuido a atraer inversiones directas extranjeras que desplazan a los empresarios nacionales e implican una sangría de divisas en la firma de dividendos constantemente exportados hacia sus metrópolis.
Es también motivo de preocupación que las claras ventajas logradas por nuestro país en el orden cultural, social y cívico con respecto a los países vecinos, en vez de proyectarse hacia afuera, están sufriendo la incidencia de las situaciones económicas, sociales y políticas de los otros países. Hace falta remodelar el esquema de integración para incluir en él más factores ideológicos y políticos de modo que la integración económica se considere una etapa hacia una integración cultural y política de contenido positivo.
Resulta inaceptable que el costo social del desarrollo del área se cargue de manera preponderante en el sector laboral y los grupos locales marginados. Así ha sido, pues los beneficios fiscales concedidos a las clases empresariales han tenido que costearse con un aumento de los impuestos que pesan sobre los sectores populares. Debe invertirse este procedimiento y apoyar el proceso integracionista con el uso del capital acumulado en manos de las clases altas, con la ayuda financiera internacional bien orientada y con el ahorro popular más ampliamente estimulado.
La integración por si sola no sólo no resolverá los problemas del desarrollo sino que contribuirá a agravarlas desigualdades e injusticias sociales del área. Para que sea un instrumento de progreso deberá ir acompañada en toda el área de una serie muy amplia de medidas de reforma de estructuras, precisamente como las que se proponen en todo el presente documento: cambio de régimen de la propiedad, reforma agraria, reforma tributaria, reforma a la educación.
XVIII.-EL COMERCIO INTERNACIONAL Y EL DESARROLLO
El progreso económico y social de los pueblos depende, en gran medida, de la continua expansión del comercio internacional, de tal manera que la aceleración del desarrollo económico de Costa Rica dependerá en forma sustantiva de que sea creciente su participación en ese comercio. En consecuencia debe tratarse de que se realice en términos equitativos que sean mutuamente ventajosos, tan ventajosos para el país como sea posible.
Dada la importancia que tiene ese aspecto del sector externo de la economía nacional, es preciso buscar como objetivo único de la expansión comercial el progreso social y económico del país y descartar toda otra consideración incompatible con tal finalidad. Para lograr esto es necesario que la soberanía se ejerza plenamente sin otro límite que el del interés nacional y el de los imperativos de la solidaridad humana.
Los términos del intercambio internacional entre países industrializados exportadores de bienes elaborados y los países de desarrollo incipiente exportadores de productos básicos agropecuarios o extractivos, como es el caso de Costa Rica, no han sido equitativos sino desigualmente ventajosos como lo muestran los siguientes hechos:
Los precios que, a través de los productos de exportación de los países de desarrollo incipiente, son pagados al éstos por cada hora de trabajo invertida para producirlos, han sido y siguen siendo muy inferiores a los que los países de menor desarrollo pagan a los países industrializados, por cada hora de trabajo invertida en los productos elaborados que exportan esos países desarrollados; o sea, que el trabajo de los habitantes de los países de desarrollo incipiente está subpagado por los países desarrollados en relación al pago unitario que reciben estos últimos.
Que frente al hecho de que sólo muy raras veces se ha logrado obtener pago, que no sea muy bajo por los productos de exportación de los países en vías de desarrollo, se presenta, en los últimos lustros, el fenómeno de una disminución sostenida de los precios en esos productos primarios de exportación, Y de un constante aumento de los precios de las importaciones de manufactura y en particular de bienes de capital. Esa tendencia multiplica sus efectos negativos para el desarrollo de los países dedicados básicamente a la exportación de materias primas, ya que los países en vías de desarrollo demandan, en forma acelerada, importaciones de maquinaria y otros bienes de capital para su crecimiento económico.
La experiencia que el proceso del intercambio tradicional ha dejado es la de un déficit comercial, que al no poder cubrirse por otros medios, como venta de servicios por reservas en oro y divisas, ha tenido que ser cubierto mediante empréstitos o importaciones de capital, que se han producido en condiciones tales, que no solamente hacen gravoso sino que también enajenan el desarrollo de nuestra economía.
La principal inconveniencia que define las condiciones en que se ha realizado nuestro comercio internacional, ha sido la de su tutela por determinados centros financieros y comerciales. Estos centros, a través de inversiones directas en la explotación de los recursos exportables, así como de empréstitos y compra de la producción nacional en condiciones impuestas, han obtenido, a su vez, el control de nuestro mercado consumidor, con el resultado neto señalado en el punto anterior, en cuanto a términos económicos, y con otras consecuencias de orden político y social.
Ese "cautiverio" de nuestras relaciones comerciales internacionales -característica común en los países subdesarrollados- ha impedido a nuestro país el aprovechamiento de las amplias posibilidades que ofrece el contacto con otros núcleos económicos, tomando ventaja tanto de la especialización, como de la competencia de los centros productivos. Esa posibilidad debe llevarnos a considerar la necesidad de que el país ejerza su derecho de buscar con entera libertad, tanto los mercados para sus productos exportables, como los abastecedores de sus importaciones, es decir, el derecho de comerciar con todos los países, cualquiera que sea su nivel de desarrollo o su sistema económico, social o político.
Para alcanzar el ejercicio de ese derecho hay que apoyar en el campo internacional las acciones que se realizan para que la ayuda técnica y financiera, se produzca sin condiciones que sometan a los países en desarrollo a determinados centros financieros o industriales. Esa ayuda debe ser complementaria a los esfuerzos que nuestros países hacen para acelerar su propio desarrollo, con arreglo a su política, planes y programas nacionales, sin supeditarlo a compromisos políticos o militares.
En el campo del comercio internacional, los principales esfuerzos de nuestro país estarán dirigidos a procurar un sostenido crecimiento de los ingresos por exportaciones, mediante el fomento y la diversificación de productos exportables y la búsqueda de nuevos mercados.
Es preciso apoyar enfáticamente otras medidas no menos importantes que se discuten a nivel internacional, especialmente en el seno de la UNCTAD. (Conferencia de las Naciones Unidas para el comercio y desarrollo) y otros organismos especializados y en cuya función debe participar activamente nuestro país, como son las que procuran:
Incrementar en forma sostenida los ingresos de la exportación de productos primarios;
Obtener de los países desarrollados preferencias no recíprocas, para los países en desarrollo, así como las ventajas que entre aquellos se conceden; lograr que esas ventajas se concedan en forma general para todos los países en desarrollo, eliminando las preferencias descriminatorias, con lo cual se garantiza un verdadero multilateralismo en las relaciones comerciales y con ello se ayuda a evitar la división del mundo en hegemonías económicas y consecuentemente políticas.
El fomento de las agrupaciones económicas regionales u otras formas de cooperación económica entre países en desarrollo, que sirvan para ampliar su comercio, así como su diversificación industrial y agrícola.
Anular los efectos discriminatorios de las tarifas navieras, que se establecen y aplican en muchos casos para facilitar o desalentar el comercio de productos, a conveniencia de los países o intereses que ejercen dominio sobre las Conferencias Navieras. Con el propósito indicado, se debe activar toda medida que procure dar participación en las conferencias marítimas a los países en desarrollo a través de consejos de usuarios (fletadores) o representantes gubernamentales; así como el aumento o formación de marinas mercantes de su dominio.
La formación, en países en desarrollo o por agrupaciones de éstas, de entidades que atiendan los seguros y reaseguros de los transportes, para evitar la cuantiosa fuga de recursos por ese renglón.
Cualquier otra medida que procure que las relaciones comerciales sean mutuamente ventajosas.
Para atender todas estas preocupaciones, es preciso crear dentro de la estructura del Estado un organismo de comercio internacional, que, además de coordinar los órganos ya existentes encargados de la exportación de ciertos productos específicos y orientar su política según los intereses nacionales, se dedique a expandir la participación del país en el intercambio internacional de bienes y servicios. Las embajadas y consulados deben constituirse en oficinas de esa organización.
El Estado debe servirle a la comunidad nacional para realizar sus metas de bienestar para todos.
Son funciones del Estado orientar, organizar, dirigir, complementar y estimular las actividades de todos los sectores de la sociedad hacia la realización de esas metas; en todo caso, el Estado intervendrá, por sus atribuciones de control, para evitar el abuso de los derechos o cualquier desequilibrio social que pudiera derivarse del poder excesivo de los grupos privilegiados.
El Estado debe ser el instrumento de la revolución social tanto para lograr la transformación del actual orden social como para continuar consolidando el nuevo orden social hacia la más plena liberación del hombre y la afirmación de su dignidad.
Para lograr la realización de estos postulados acerca de la función del Estado, debe asegurarse la participación adecuada y eficaz de las clases trabajadoras en los órganos políticos del Estado.
Son necesarias modificaciones profundas en la estructura y el funcionamiento de las instituciones administrativas y políticas del Estado a fin de adaptarlas a las necesidades de un proceso de desarrollo democrático y planificado orientado hacia el bienestar de todos.
Es necesario establecer un sistema apropiado de jerarquía y coordinación entre distintas instituciones y departamentos públicos, de descentralización regional de las mismas y de responsabilidades operativas en los diversos niveles, que no se vean entrabadas ni por el legalismo ni por el exceso de centralismo.
Simultáneamente será preciso establecer todo un sistema orgánico de cuerpos intermedios, de participación popular, entre los individuos aislados y el Poder Público, en sus diferentes niveles, a fin de que a través de estos cuerpos y de su relación con los aparatos ejecutivos y legislativos, tengan real expresión democrática en el proceso de planificación y gobierno las grandes mayorías nacionales.
La función legislativa deberá llegar a constituir en forma más efectiva y real un cuerpo de representación popular; deben superar los vicios de un parlamentarismo retardatario sometido a los intereses de las minorías privilegiadas; ha de recurrir más a la consulta con los grupos comprometidos en la actividad que vaya a reglamentar, especialmente con las organizaciones populares; deberá ofrecer a los órganos ejecutivos recursos jurídicos amplios y eficaces para que puedan llenar su tarea de crear una sociedad justa y libre.
Los órganos ejecutivos del Estado deben ser robustecidos con suficientes poderes dentro de sus respectivas esferas de acción; en las cuales prevalecerá la técnica al servicio de una política de bien común, ejecutada por personas que sienten sincero respeto al pueblo y se interesan celosamente por su bienestar.
Debe fortalecerse la posición del Poder Ejecutivo central, devolviéndole algunas de las atribuciones que se le han ido restando en los últimos años. Para lograr esta finalidad deberá darse autoridad suficiente al Presidente de la República, el cual deberá ejercer un verdadero liderazgo nacional. Su papel no debe reducirse a cumplir las más altas funciones administrativas del país, pues le corresponde también papel de más profundo significado: inspirar todo el esfuerzo colectivo para el desarrollo económico, la libertad política y la justicia social.
El sistema Judicial debe ser objeto de una reforma profunda con el fin de que su función se ejecute dentro de nuevas concepciones y mejores procedimientos que realicen efectivamente el postulado de justicia pronta y cumplida. Ha de ser accesible a los sectores populares y debe estar en manos de hombres que comprendan y apliquen el derecho en función de un concepto sustantivo, y no meramente formalista, de la justicia. Lo anterior implica la necesidad de comprender y condenar todas las formas de injusticia que se presentan en la sociedad actual.
Para el más eficiente cumplimiento de las funciones económicas y sociales del Estado, debe crearse una estructura nueva que, como órgano de planificación y dirección, coordine los organismos autónomos y aquéllas ramas del gobierno encargadas de la promoción y distribución de la riqueza.
Para establecer la estructura que se encargará de las funciones económicas y sociales del Estado, debe comenzarse por la promulgación de un estatuto legal de organismos descentralizados, en el que se señalen claramente sus atribuciones y finalidades, sus relaciones entre ellos y con los poderes del Estado. Ninguna institución autónoma o semiautónoma puede impulsar políticas contradictorias con los planes nacionales de desarrollo; por eso, aunque los organismos descentralizados deben tener independencia funcional y administrativa, estarán necesariamente sujetos a la orientación política del Estado. Deberá extenderse a ellos el régimen de servicio civil.
Los postulados establecidos en este documento exigen una reforma constitucional profunda y una legislación básica que responda por sobre todo a las necesidades del hombre común, y no a los intereses de una oligarquía propietaria y dominante.
La democracia comienza en la pequeña comunidad, la cual, cuando logra integrarse como un municipio, debe ser libre, independiente y autónoma.
La Municipalidad ha de tener poder para determinar la política local, sin interferencia de una autoridad extraña, ya sea del Poder Central o de sus instituciones, salvo cuando se trate de la ejecución de planes nacionales de desarrollo
La autonomía municipal incluye:
Autonomía política fundada en principios democráticos;
Capacidad financiera, con recursos de su percepción directa y adecuados para el cumplimiento de sus fines, conforme al plan nacional de desarrollo.
La administración de los servicios públicos típicamente locales;
Facultades legislativas en todo asunto que fuere de naturaleza municipal con jurisdicción única en sus localidades.
El Ejecutivo Municipal debe ser de elección popular.
La elección de municipalidades y del ejecutivo municipal no debe coincidir con las elecciones presidenciales.
Los municipios deben tener derecho propio para contratar empréstitos internos, fijar patentes y administrar los impuestos establecidos por la Asamblea Legislativa de acuerdo con los principios aquí establecidos; en todo caso la Contraloría deberá vigilar la correcta aplicación de esos ingresos.
La coordinación de varios municipios adyacentes con comunidad de intereses, contribuirá a la realización de los principios mencionados.
Las Municipalidades deberán emprender planes de desarrollo regional en armonía con los planes nacionales de desarrollo para lo cual deberán contar con la asesoría técnica de la Oficina de Planificación.
XXI. SEGURIDAD PUBLICA Y CIVILIDAD
Es necesario mantener severamente, no solo en su letra sino también en su espíritu, las disposiciones constitucionales con relación al ejército. Esas disposiciones:
Proscriben el ejército como institución permanente;
Sólo permiten la organización de fuerzas militares como exigencia de convenio internacional o de emergencia nacional
Subordinan esas fuerzas, en caso de que deban organizarse, al poder civil;
Exigen previa declaratoria y autorización; de la Asamblea Legislativa para que el Consejo de Gobierno pueda decretar el reclutamiento militar, organizar el ejército y negociar la paz.
Estas disposiciones constitucionales representan una saludable tendencia de la democracia costarricense en beneficio de la paz y, en consecuencia, el ejército en Costa Rica sólo se puede organizar pasajeramente, porque no puede existir un estado de emergencia que suponga la declaratoria indefinida de la defensa nacional ni un acuerdo continental que obligue a la creación permanente de fuerzas militares.
Por lo expuesto consideramos que han de reformare las disposiciones legales con los siguientes objetivos:
-Que en un convenio continental solamente pueda comprometerse el país a organizar fuerzas militares costarricenses cuando haya un estado real de emergencia internacional, como consecuencia de amenazas inminentes y verdaderas de fuerzas poderosas contra la paz y seguridad de las naciones americanas, previa declaración que de ese estado haga la Asamblea Legislativa;
Que en caso de cumplimiento de convenios internacionales, relacionados con situaciones bélicas, la contribución, de Costa Rica deberá estar restringida a ser de carácter humanitario y civil;
Que en cuanto a los militares, de cierta graduación, en servicio regular, no duraran en sus puestos más de un período presidencial consecutivamente; no podrán pertenece al Servicio Civil ni ser nombrados de nuevo, antes de otro periodo presidencial, después de haber cesado en sus funciones. Bajo ningún concepto deberán concurrir a reuniones internacionales a discutir problemas de defensa continental, o cualesquiera otros de tipo militar, según el espíritu de la Constitución Política y con excepción de un estado de emergencia internacional.
Que Costa Rica no podrá ser sede de congresos o agrupaciones militares, sean cuales fueren los motivos o causas de los mismos, ni aprovecharse de reuniones o conferencias de otra índole para celebrarlos;
Que Costa Rica solamente podrá asistir a reuniones de tipo militar, en caso de emergencia, según lo dicho anteriormente;
Que ha de prohibirse la existencia de todo tipo de organizaciones particulares de tendencia militar;
Que no deberá operar en el territorio nacional ninguna misión militar de gobierno extranjero, sin que eso impida la presencia de agregados militares en las Misiones Diplomáticas, según es costumbre reconocida por el Derecho Internacional;
Que Costa Rica no incluirá agregados militares en sus Misiones Dipiomáticas;
Que se considerará delito de traición que un funcionario de cualquier sector de la Seguridad Pública reciba directa o indirectamente, abierta o disimuladamente, pago de gobierno extranjero.
El mantenimiento del orden y seguridad de los ciudadanos, así como la afirmación del imperio del derecho estarán a cargo de cuerpos de guardia civil. Estos cuerpos deben:
Eliminar de su seno todo resabio de militarismo, inclusive la nomenclatura;
Estar organizado dentro de una estructura de estricta civilidad;
Contar con equipo adecuado exclusivamente para su tarea de estricta seguridad pública;
Recibir un adiestramiento exclusivamente policial y no militar, proporcional a su función de servicio de la comunidad en la represión del vicio y el desorden así como en la promoción del bienestar social;
Ser conscientes dc su responsabilidad ante el esfuerzo de transformación social que se debe llevar a cabo para liberar al pueblo de sus condiciones de vida incompatibles con su dignidad humana.
El país debe mantener, como política interna y como política internacional, el principio de que la inversión de cuantiosos recursos en la adquisición de modernos equipos militares implica, en cualquier país, un gravísimo atentado contra el desarrollo económico y social, deberá condenar toda carrera armamentista que consume recursos financieros y humanos que deben dedicarse a superar los bajos niveles en que se debaten los pueblos latinoamericanos.
XXII.-RELACIONES INTERNACIONALES
La vida internacional debe concebirse como una esfera de acción indispensable para completar las gestiones domésticas dirigidas a realizar la felicidad del hombre. De acuerdo con lo anterior, debe reconocerse la interdependencia de los pueblos y la solidaridad entre ellos, con el fin de lograr su liberación integral.
En la defensa del derecho del país a desarrollarse sin el obstáculo de los países industrializados, deben unirse los esfuerzos nacionales a los que realizan con el mismo fin otros países latinoamericanos, los de Africa y los de Asia. La reducción del abismo entre países pobres y países ricos, debe ser, en consecuencia, una meta fundamental de la política internacional costarricense.
En el campo de los conflictos y tensiones entre naciones y bloques de naciones, Costa Rica deberá mantener una política independiente, orientada conforme a su propia interpretación de los asuntos que son materia de dicho conflicto.
En la realización de los postulados anteriores, Costa Rica está obligada a ser consecuente con sus valores culturales y con su historia.
Esa política, además, deberá fortalecer la existencia y el normal funcionamiento de los organismos internacionales, como garantía de la independencia y de los derechos de todos los estados, en especial de los pequeños.
Deberá al propio tiempo evitar que los intereses de los grandes potencias, se superpongan a los generales de tales organismos, los condicionen a dichos intereses y les resten eficiencia.
La eficacia de esos mismos organismos depende, asimismo, de que su composición sea universal, por medio de medidas apropiadas que conduzcan a ese fin.
Ninguna de las metas anteriores podrá realizarse si la paz y la seguridad internacionales no son aseguradas a través del respeto al imperio del derecho, la justicia y el desarme general y completo, particularmente el termonuclear, y sobre todo, a través del respeto y la aplicación efectiva de los derechos humanos en todas partes.
Elemento importante de la cultura costarricense es el cristianismo que, como forma religiosa, sistema normativo y concepción de la vida, ha contribuido, primordialmente a formar el alma colectiva nacional. Ninguna acción política responsable puede ignorar, impugnar, tratar de sustituir o de eliminar esas formas culturales, sin hacer violencia a los fundamentos mismos de la nacionalidad y plantear conflictos, tanto para los individuos como para la colectividad, que debilitarían sus energías para la tarea de la transformación de la sociedad.
El respeto a los valores religiosos debe ser condición indispensable para la construcción de una sociedad justa que proclame la libertad de la conciencia; pero la devoción a esos valores no puede ser desnaturalizada por ninguna forma de fanatismo, pues se estarían restando posibilidades al pleno desarrollo de la persona humana. No deben tampoco esos valores ser invocados para el mantenimiento de la ignorancia entre las masas populares y, menos aun, para la defensa de un orden social injusto. No deben tampoco ser usadas como ocasión para la explotación mercantilista de los creyentes, ni ser confundidos con los intereses y valores de las élites privilegiadas usufructuarias de un estado de injusticia que, precisamente, viola el espíritu del mensaje cristiano.
La interpretación genuina que se ha venido haciendo de los valores del cristianismo en sus exigencias para un orden social justo, responde a un anhelo de los pueblos. Esa interpretación permite derivar de los valores religiosos funciones, luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la justicia y la solidaridad.
En su lucha por eliminar la miseria material y espiritual, el pueblo católico tiene el derecho de pedir a los jefes de su iglesia que exijan el cumplimiento de las normas de las Encíclicas Papales, a fin de que los cristianos y todos los hombres de buena voluntad se adhieran a la gran tarea de transformar la sociedad, aunque tengan que renunciar a privilegios y a parte de sus fortunas personales en beneficio de la comunidad humana.
Será, en consecuencia, bienvenida la acción de la Iglesia Católica y de los otros grupos religiosos que, en cumplimiento de sus concepciones religiosas, emprendan cualquier clase de obras de bienestar social y especialmente, aquellas que tiendan no sólo a hacerse cargo de los efectos de un orden social injusto, sino también a corregir las causas de la miseria.
La labor que los grupos religiosos realicen en el campo de la educación será considerado como una contribución positiva en la lucha contra la ignorancia y en el esfuerzo de aprovechar al máximo los recursos humanos del país; pero esas actividades educativas no deben adoptar el carácter de una empresa comercial emprendida al servicio de los grupos privilegiados, sino que deberán constituir un apostolado de bien general para todas las clases sociales ofrecido en mayor grado y mayor generosidad a los sectores más numerosos y necesitados de la sociedad.
Dado el desbalance entre los recursos escasos y las múltiples necesidades de las comunidades locales y del país en general, es conveniente que el pueblo creyente se preocupe por mantener un espíritu de digna sobriedad en la construcción de las instalaciones materiales para la realización de fines espirituales.
C. INSTRUMENTOS DE ACCION
La vigencia de la democracia exige que el sistema político esté estructurado de tal manera que los sectores populares tengan participación efectiva y constante en los órganos de decisión política en todos sus niveles, mediante mecanismos adecuados de organización que les permita contribuir al desarrollo económico y social para beneficio de todos.
La sola participación en actos políticos, como son las elecciones, no es un mecanismo social suficiente para satisfacer los requisitos de la democracia representativa, la cual exige del elector una participación consciente y continua en las decisiones nacionales.
Para lograr esta participación política es necesaria la organización del pueblo. La organización popular tiene como objeto provocar cambios en las estructuras de los centros del poder actuales, y canalizar la energía creadora de las nuevas fuerzas sociales hacia la construcción de una sociedad más justa.
La organización popular es, además, un prerequisito esencial para cualquier política de cambios estructurales. No habrá cambios sociales efectivos si no se promueven, paralelamente, las fuerzas sociales que los impulsen y los apoyen. En este sentido, el poder es una función de la organización. A mayor organización mayor poder, a menor organización menor poder.
a). Sindicalismo
Un justo régimen económico y social requiere la existencia de un sindicalismo fuerte y dinámico que sirva para resolver los problemas de los trabajadores, y realizar sus aspiraciones permitiéndoles dentro de un marco de justicia llenar su función de agentes de la producción y de factores importantes del desarrollo económico.
De acuerdo con los enunciados anteriores se procederá a asegurar:
Una efectiva libertad sindical;
La inamovilidad de los dirigentes sindicales garantizada por un fuero especial;
La representación orgánica de los sindicatos en aquellos organismos del Estado relacionados con los intereses de la clase trabajadora;
Una legislación que promueva efectivamente la contratación colectiva que pueda asegurar la participación activa de los trabajadores en la dirección y administración de las empresas;
La asistencia económica, jurídica y técnica del Estado para promover el efectivo funcionamiento del sindicalismo en el país, recurriendo incluso a medios indirectos;
La vigencia de una disposición legal fundamental que declare incorporadas a toda forma de contratación que celebre el Estado, garantías de que los empresarios cumplen la legislación social y, específicamente, los principios de libertad sindical.
Como etapa preparatoria para la organización estrictamente sindical o cooperativista, es conveniente promover la formación de algunos tipos de uniones más elementales para aquellos sectores del campesinado y aun del obrerismo urbano asalariado, entre los que no se haya desarrollado aún una suficiente conciencia y educación para la acción sindical.
b.) Cooperativismo
Las cooperativas han de concebirse como instrumentos de transformación social, capaces de crear un sentido comunitario entre los hombres y lograr el funcionamiento de una mayor democracia económica al traspasar los procesos de producción, distribución y consumo a manos de grupos organizados en forma colectiva y solidaria.
Es necesario replantear el esquema tradicional del cooperativismo, y convertirlo de verdad, en un auténtico instrumento de cambio hacia un nuevo sistema económico en el cual la economía esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía.
Dentro de este espíritu debe emprenderse una política tendiente a la creación de un gran sector cooperativo en la economía nacional que contribuya poderosamente a cambiar el actual sistema económico por otro más justo y humano.
c). Organización de Comunidades
Debe considerarse indispensable la participación consciente y organizada de las poblaciones locales en el desarrollo económico y social a fin de crear una actitud constructiva, solidaria y responsable, que saque de nuestro sistema democrático fuerza suficiente para impulsar el progreso. Para lograr esa participación deben utilizarse las técnicas de desarrollo de la comunidad, con lo cual ha de lograrse:
Que las poblaciones locales tengan uno más claro conciencia de sus necesidades;
Que planteen sus problemas y demanden a los órganos del poder, la parte que le corresponde, en la solución de sus problemas;
Que se articulen entre sí y cooperen con los órganos superiores en la promoción de su bienestar;
d). Organización de agricultores
La organización de los agricultores tiene que ser uno de los fundamentos de la estructura social económica y política del país. Organizados los agricultores podrán:
Contribuir más decisivamente al desarrollo económico;
Conseguir una más justa participación en el ingreso nacional y en las ventajas de la civilización;
-Intervenir más efecfívamente en el ejercicio del poder público; y
Garantizar la supervivencia y la consolidación de los valores propios de la cultura costarricense, garantía de la libertad.
De acuerdo con el enunciado anterior se procederá a:
Organizar permanentemente a los agricultores por áreas geográficas así como por tipos de actividad económica;
Dar a sus organizaciones, representación en los organismos específicos del Estado, que tengan más relación con sus intereses;
Despertar en ello una conciencia clara de sus problemas y una mejor comprensión de las soluciones a estos problemas; y
Articular esas organizaciones en movimientos políticos efectivos capaces de velar por sus intereses dentro del juego de fuerzas políticas del país.
e). Organización de industriales
Igualmente debe promoverse la organización de los industriales para que, en el campo de la producción industrial, llenen las mismas funciones y realicen los mismos objetivos señalados en los incisos anteriores para las organizaciones de los agricultores.
f). Organización de profesionales.
Los profesionales están llamados, en razón de su posición privilegiada dentro de la sociedad, a contribuir al desarrollo económico y social, ya sea por medio de sus organizaciones oficiales o de otras nuevas formas de acción concertada para incorporarse como asesores técnicos de los grupos populares y contribuir, con su apoyo moral y su acción efectiva, a promover su bienestar. En la elección de profesionales para los cargos de Gobierno se tomarán en cuenta los méritos que los profesionales hayan hecho en su servicio al pueblo.
g). Organización de juventudes.
A las juventudes debe dárseles la oportunidad de participar en la vida política y en el progreso económico-social por medio de adecuadas organizaciones según las áreas de su actividad en el trabajo o en el estudio; deberán alentarse programas especiales de educación, recreación y servicio social destinados a promover el desarrollo de una conciencia comunitaria. Este servicio social deberá:
Ser obligatorio y gratuito;
Realizarse bajo la autoridad del Estado; y
Cubrir los estudiantes en todas las etapas de su educación como parte del curriculum y como condición necesaria para la concesión de cualquier título.
h). Otras organizaciones.
La participación popular no estará plenamente lograda si no se promueve la organización eficaz de otros sectores de la vida nacional tales como:
Centros deportivos;
Centros de artistas populares;
Centros de padres de familia;
Centros de madres;
Juntas de vecinos.
Todas estas organizaciones, de participación popular en las decisiones políticas y en la promoción del progreso económico y social, gozarán de autonomía en la realización de sus objetivos específicos que no podrán ser contrarias a los intereses de la comunidad nacional; el Estado suplirá su incapacidad para la realización de ciertas tareas superiores a sus recursos; podrían servir de base para la representación popular en el órgano legislativo nacional.
El partido político por ser una de las formas más efectivas de participación popular, debe constituir el instrumento más eficaz de los sectores populares para ejercer el poder político a favor de sus intereses, ya sea controlando ese poder plenamente, o bien participando en él como sólida representación de una parte de los ciudadanos.
Las funciones que debe llenar el partido, como elemento de integración de fuerzas sociales orientadas hacia el establecimiento de una sociedad justa, son:
Encauzar la voluntad popular dando expresión razonada a sus aspiraciones de tal manera que se constituya en fórmulas viables de gobierno al servicio del bien común;
Preparar y educar a las clases obreras, campesinas y medias para su responsabilidad política como forjadores de una sociedad justa;
Servir de canal de comunicación entre los gobernantes y los pueblos;
Preparar a quienes, salidos de las filas populares, han de ejercer la función gubernativa;
Proyectar la política de gobierno, promoviendo el bien común, y controlar su ejecución.
Para que el partido pueda llenar esas funciones, debe contar con las siguientes condiciones estructurales:
Cuadros jerárquicamente organizados, desde una base popular hasta los más altos niveles dentro de una delegación orgánica, genuina.
Capacitación de cuadros de dirigentes y brigadas culturales dedicadas a cumplir el deber cultural, o sea, el que sabe enseña y el que no sabe aprende;
Financiación ampliamente democrática de anchurosa base popular;
Una afiliación activa con base en registros regionalizados y "carnets" para los miembros;
Hábitos de disciplina con sanciones para evitar que la impunidad corrompa el cuerpo político;
Valores éticos para juzgar la conducta del partido, de sus órganos, de sus cuadros, de sus dirigentes y de sus afiliados;
El ejercicio de una constante vigilancia sobre el gobierno especialmente cuando éste es ejercido por el partido mismo.
Si bien es conveniente, por la salud democr9tica de la sociedad, fomentar el pluralismo político, o sea la existencia de varios partidos, no puede considerarse que la proliferación excesiva de agrupaciones políticas contribuya al fortalecimiento de la democracia; por el contrario, debe mirarse esa proliferación como un signo de democracia en crisis, ya que en vez de producirse amplios y sólidos consensos sobre los problemas nacionales, se produce una atomización de opinión pública con el consiguiente debilitamiento de las instituciones del Estado y del poder público.
Si bien es necesario, por una parte, evitar cualquier tendencia hacia el partido único, que podría engendrar situaciones de tipo totalitario, es preciso, por otra parte, aspirar a la existencia de un partido consistente y abrumadoramente mayoritario que genere un gobierno fuerte, capaz de realizar aspiraciones populares frente a los grandes y poderosos intereses de las minorías privilegiadas.
Para darle permanencia y consistencia a un partido político, que pueda servir de sostén a un gobierno fuerte y ser una herramienta de revolución social, es indispensable eliminar anacronismos y prejuicios de la legislación y práctica electorales, superadas aún por países de menor evolución política, como:
La creencia de que conviene al país la alternabilidad de los partidos en el poder para cada período presidencial;
La falacia de que, para la existencia de la libertad y el interés nacional, los dirigentes políticos deben actuar y pactar en componendas secretas y llegar hasta a desconocer al partido que los llevó al poder, en vez de afirma la preeminencia de la responsabilidad partidaria en el gobierno como conveniente a la vida democrática y al libre juego de partidos;
El sofisma de que los hombres en posiciones públicas ni deben expresar sus afiliaciones políticas ni luchar en la arena política por sus ideas de gobierno para recabar apoyo electoral a su gestión gubernativa.
La marcha armónica entre partido revolucionario y el gobierno surgido de su seno, depende de los siguientes factores:
Existencia de criterios claros y definidos para escoger los hombres que van al gobierno sin dejar esa escogencia a las preferencias de simpatía personal, de sangre o de interés mercantilista;
Existencia de criterios y procedimientos para garantizar que quien va al gobierno no se apartará por cuenta propia de los principios ideológicos del partido ni, mucho menos, de sus principios éticos.
El partido debe ser, por una parte, democrático en cuanto permite el libre juego de ideas y discusión dentro de su seno y respeta el parecer y opiniones de otras agrupaciones, pero se mostrará fuerte y decidido en el cumplimiento de las metas revolucionarias generales o especificas para las cuales existe, rechazando contemporizaciones con las fuerzas enemigas del pueblo so pretexto de unidad nacional o de intereses nacionales.
La asignación de posiciones de partido o del gobierno no deben estar condicionadas por la contribución financiera, que quedan o no puedan hacer los afiliados, por encima de otros méritos o cualidades personales más apropiados para la posición. La condición de dirigencia política no debe ser juzgada por los recursos financieros del afiliado.
Se debe mantener libertad a todos los ciudadanos para organizarse en partidos políticos sin restricciones ideológicas de cualquier género siempre que sus métodos de acción no sean la violencia.
Para que el partido pueda cumplir mejor sus funciones debe asumir la tarea de promover los diferentes organismos de participación popular, a quienes inspirará con sus postulados revolucionarios. El partido se mantendrá articulado con esos organismos, propulsado y hasta complementando sus actividades, dentro de un respeto a sus esferas de acción propias.
D.- REQUISITOS ETICOS
XXVI.-LA VIGENCIA REAL DE LA DEMOCRACIA DENTRO DEL PARTIDO
Para que un partido pueda ser un instrumento de lucha en una revolución social, inspirada en el respeto al ser humano, es preciso que la democracia representativa, que se intenta establecer como sistema de vida de la sociedad total, tenga plena y efectiva vigencia dentro de su mismo seno.
La vigencia de la democracia dentro del partido exige que en él:
Se mantenga el libre juego de ideas y aspiraciones en todos los niveles de sus estructuras deliberativas;
Se permita la irrestricta confrontación de personalidades para permitir, libre de presiones, la selección de personas según sus méritos, ponderadas severamente, dentro del respeto al buen nombre de cada uno;
Se respete el derecho, que cada afiliado tiene, presentar una iniciativa o promover una nominación ante los órganos del Partido y de tratar de conseguir en las bases el apoyo para su gestión;
Se repudie cualquier intento de supeditar a la voluntad de una persona o circulo estrecho de personas, la espontánea expresión de la voluntad de la mayoría debidamente consultada en un debate franco y amistoso.
XXVII.-NORMAS ETICAS PARA LA ACCION POLITICA
La acción política jamás revestirá el carácter de servicio noble a la comunidad, que ia justifica, si a quienes la dirijan, ya sea dentro del partido o desde el ejercicio del poder, no se les exije como condición indispensable para desempeñarla, el cumplimiento de las siguientes normas éticas:
Eliminar el abuso del poder o el uso de influencias políticas para lucro personal o de allegados, a fin de que jamás se convierta la acción política en un negocio innoble;
Poner el aprecio de los méritos reales de las personas por encima de lazos afectivos o de sangre, en la asignación de tareas, posiciones y oficios públicos;
No permitir que un miembro del partido, como dirigente o en ejercicio de funciones públicas, sea, al mismo tiempo, defensor o personero de empresar o intereses en conflicto con las aspiraciones populares justas;
Condenar el empleo del tiempo y posición de un funcionario público o del equipo a su disposición, para promover negocios o intereses económicos particulares;
Llevar una conducta personal privada que esté de acuerdo con las definiciones de rectitud moral prevalecientes en la comunidad nacional;
Evitar la expansión innecesaria de la burocracia y el lujo u ostentación en las instalaciones o equipos destinados al desempeño de las funciones públicas, pues tales excesos estarían en contraste con las condiciones económicas angustiosas de grandes sectores de la población;
Darle al partido una alta valoración ética e infundirle una profunda mística que esté inspirada en el amor y lealtad al pueblo, y produzca la sinceridad y honestidad de comunicación con él y una disposición constante al sacrificio por su bienestar.
XXVIII.-EL CONTEXTO HUMANO DEL DESARROLLO
Creemos que el desarrollo de nuestro pueblo no puede reducirse a un simple crecimiento económico. No puede haber desarrollo económico sin promoción humana. El desarrollo auténtico debe promover al hombre mismo, y no sólo su riqueza. Los bienes materiales pueden perderse o deteriorarse pero la promoción humana, mientras permanezca la sociedad, persiste y puede crear de nuevo los bienes materiales perdidos.
En esta perspectiva humana del desarrollo, consideramos fundamentales todas las medidas que hagan a la persona humana responsable de su propio destino. Estamos contra lo que degrada, enajena o hace menos responsable al hombre: contra la permanencia de estructuras económicas que apartan al hombre de los frutos de su trabajo o lo colocan en una situación de dependencia indigna; contra el atomismo social que hace perder al hombre el contacto con sus semejantes; contra la educación discriminada y antidemocrática; contra la pretensión de edificar nuestro destino, individual o colectivo con base en dádivas; en fin contra todas aquellas fuerzas que impiden que el hombre se realice integralmente.
El crecimiento de la comunidad debe basarse en el respeto a la persona y sus valores. El legítimo deseo de lo necesario no debe confundirse con la avaricia que sofoca con olvido del vecino. No debe confundirse el progreso económico con el disfrute exclusivo, por parte de una élite social, de las ventajas y comodidades asequibles a las élites de los países desarrollados. Nuestras normas de desarrollo deberán ser aquéllas que permitan conciliar los adelantos materiales con la atención de los valores espirituales y, sobre todo, con los imperativos de la justicia social.
Estamos dispuestos a luchar contra las carencias materiales que privan del mínimo vital y las carencias morales que sustituyen el egoísmo y la mentira por la justicia y la verdad; contra las estructuras opresoras, que provienen del abuso del tener o del abuso del poder, de la explotación de los trabajadores o de la injusticia de las transacciones internacionales. Estamos dispuestos a luchar por todo aquello que engrandezca al hombre; por lo que promueve el espíritu solidario, el respeto a la dignidad de todos, la voluntad de paz y el propósito de progreso.
En esta lucha sabemos que de la comunidad universal de los hombres podemos esperar inspiración, apoyo y ayuda digna. Pero sabemos -y no olvidamos- que en definitiva los costarricenses debemos ser arquitectos de nuestro propio destino. Sabemos, lo aceptamos generosamente, que nadie podrá sustituirnos. Rico o pobre, grande o pequeño, todo país posee su propia cultural tradiciones y valores, recibida de sus mayores, que conforman su personalidad histórica. Respaldados por estos valores, fundamento de nuestra patria, saldremos al paso a la historia, para avanzar con ella en la afirmación de nuestro ideal humano y nuestro destino como nación.