Mayi Antillón Guerrero
Diputada

Manifestábamos los liberacionistas en nuestro último Congreso Nacional, que uno de nuestros anhelos es contar con una verdadera banca de desarrollo, que le permita al productor costarricense mejorar su productividad no solo mediante el acceso a oportunidades de financiamiento sino también con la oportunidad real de contar con apoyos de servicios no financieros que fortalezcan su competitividad en el mercado nacional e internacional.

Este anhelo hoy será una realidad gracias a un trabajo sistemático que desde mayo del 2006 iniciamos diputados y diputadas de diferentes fracciones políticas.

Es el proyecto número 25 que se ha tramitado en esta Asamblea Legislativa, pero a diferencia de los otros expedientes, constituye esta iniciativa de ley, la expresión de un ejercicio democrático, la responsabilidad y solidez de un planteamiento técnico y el compromiso de una generación política que le ha dado viabilidad a lo que a partir de hoy será la Ley del Sistema de Banca para el desarrollo.

Esta viabilidad es producto de un trabajo integral que iniciamos en la Comisión de Asuntos Económicos desde donde el Diputado Sánchez Sibaja y esta diputada asumieron el compromiso de que este esfuerzo por consolidar un nuevo instrumento para ayudar al crecimiento de los pequeños y medianos productores se hiciera realidad.

A esto se unió los importantes aportes que los diputados del Partido Acción Ciudadana realizaron para fortalecer la capacidad financiera del Sistema de Banca para el desarrollo, especialmente debemos reconocer sus aportes en el tema del Peaje, un instrumento financiero que después de 10 años de funcionamiento no tuvo el impacto esperado y que requería sin duda alguna una reformulación para involucrar a la banca privada a participar en los procesos de desarrollo nacional.

El Movimiento Libertario sin lugar a dudas fortaleció la discusión en el análisis del funcionamiento institucional, y en la identificación real del impacto que tenían instituciones como CONAPE.

Pero igualmente debemos reconocer que esta iniciativa contó con importantes insumos desde el Poder Ejecutivo que permitieron ir moldeando la estructura fundamental del Sistema de banca para el desarrollo. Aquí debemos reconocer el aporte del Ing. Alfredo Volio quien desde el Ministerio de la Producción fue pieza fundamental en la definición conceptual de lo que hoy aquí conocemos.

Y es que no podía ser de otro modo. Así como desde nuestro Congreso Nacional manifestamos nuestro interés de que cómo socialdemócratas recuperáramos instrumentos de desarrollo en el ámbito financiero, también en nuestros compromisos de campaña expresamos que el país debía tomar decisiones para que a la par de una banca comercial y de inversión, instrumentalizáramos una banca de desarrollo, por ello manifestábamos que:

“A través de la estructura de la banca estatal, se desarrollarán mecanismos que permitan el acceso al crédito a personas y proyectos que, a pesar de su viabilidad económica, no son hoy sujeto de crédito. No se trata de brindar subsidios a los tomadores de crédito, pero sí de modernizar los criterios que se utilizan para calificar riesgo, definir garantías y medir capacidad de pago.

Es particularmente importante lograr movilizar fondos que se encuentran distribuidos en instituciones o fideicomisos de desarrollo, supuestamente destinados a fines propios de la banca de desarrollo, pero a los cuales no tienen posibilidades de acceso real muchos de sus supuestos beneficiarios.

En concordancia con esta intención, el “peaje” que tiene que dar la banca privada a los bancos estatales por las cuentas corrientes, deberá ser canalizado en mejor forma. Es preciso que esos fondos no se conciban como un encaje más, sino que se utilicen para canalizar recursos de menor costo a las actividades que requieren de un financiamiento más acorde con sus posibilidades. Eso permitiría activar mejor sectores de la economía con gran rentabilidad social.

A la par de la gestión crediticia propiamente dicha, la Banca para el Desarrollo deberá desarrollar actividades de servicios de desarrollo empresarial y actividades de garantía de proyectos. Estos esquemas de garantía de proyectos podrán ser utilizados por los empresarios para gestionar sus créditos en todo el sistema bancario nacional.”

Se desprende de ese planteamiento del Programa de Gobierno del Partido Liberación Nacional, varios principios que quedan plasmados en esta ley que discutimos:

1) la creación de un sistema de banca para el desarrollo y no de una entidad financiera especializada en este tema;
2) la creación de un mecanismo que haga sujetos de crédito a personas o empresas, que cuenten con un proyecto que sea viable, factible y sostenible;
3) la integración de una serie de fondos y fideicomisos con que cuenta el Estado costarricense y que al día de hoy no cumplen en todas sus dimensiones los propósitos para los que fueron creados.
4) el impulso a procesos de acompañamiento mediante la incorporación de actividades de servicios de desarrollo empresarial o no financieros como les hemos denominado en la iniciativa en discusión.

Con estos principios abordamos el reto de transformar el papel de sectores productivos que requieren mejores condiciones para crecer y desarrollar sus ideas productivas.

Reconocemos en ellos no solo la necesidad de acceder a recursos financieros sino también la oportunidad que les representa contar con una orientación clara que les permita convertirse en verdaderos empresarios agrícolas, industriales o de servicios, entendiendo que la oportunidad del acceso al crédito y el acompañamiento en servicios no financieros representan un instrumento real para la movilidad social.

La Ley del Sistema de Banca para el desarrollo es por lo tanto una oportunidad para que nuestros sectores productivos puedan recobrar la ilusión y la esperanza de fortalecer sus proyectos e ideas.

Aspiramos que con esta ley lo que hoy tenemos como realidad de que el rechazo de 1 de cada 4 proyectos presentados por productores nacionales para obtener un crédito en las entidades financieras, sea parte de una historia superada.

Que ese agrupamiento que hemos logrado plantear a partir de fideicomisos existentes, mediante la creación de un solo fideicomiso, conocido como el Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE), el cual se adjudicaría mediante licitación pública entre los bancos públicos, se convierta en la oportunidad para que nuestros agricultores y pequeños y medianos empresarios puedan encontrar mayores facilidades para acceder a recursos financieros que les ayuden al desarrollo de sus actividades económicas.

Será el FINADE un instrumento que inicie con una cantidad de aproximadamente 50.000 millones de colones, desde el cual el Consejo Rector, un órgano integrado por 2 representantes del Poder Ejecutivo, 1 representante del sector industrial y servicios; 1 representante del sector agrícola y 1 representante de los bancos públicos, puedan establecer la distribución pertinente para la constitución de tres fondos:

1) Un Fondo de Financiamiento para los sujetos físicos y jurídicos que presenten proyectos productivos viables y factibles de acuerdo con lo establecido en la ley.
2) Un fondo para financiar servicios no financieros y de desarrollo empresarial que requieran los sujetos definidos en la ley, tales como: capacitación, asistencia técnica, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica, conocimiento, investigación, desarrollo de potencial humano, entre otros, estrictamente necesarios para garantizar el éxito del proyecto.
3) Un tercer fondo orientado a cubrir avales y garantías, con ello se convierte éste en un pilar del Sistema de Banca para el Desarrollo, permitiendo que sujetos que hoy no pueden acceder al crédito por falta de condiciones que garanticen su operación crediticia, puedan hacerlo y con ello financiar sus actividades productivas, pero además, se establece el mandato a las entidades financieras para que quienes cuenten con un aval o garantía del FINADE reciban una adecuación en los programas de crédito que accedan, beneficiando con ello a los productores nacionales en el acceso a créditos diferenciados en la banca comercial.

Será decisión del Consejo Rector la posibilidad de crear o promover distintos modelos de capital semilla y capital de riesgo, posibilitando así el nacimiento en unos casos o potenciando el crecimiento, en otros, de empresas en los distintos sectores productivos, que fortalecidas en el capital y no con base a endeudamiento, permitan promover cambios en la estructura del sector productivo nacional, hacia uno más moderno y eficiente, capaz de competir sostenidamente en los distintos mercados y contribuyendo al mismo tiempo con la generación de más y mejores empleos.

La sostenibilidad del FINADE va a estar en función de la tasa de interés activa, la cual debe cubrir al menos la inflación, el costo administrativo y un porcentaje de riesgo para posibles pérdidas y para capitalización del fondo, esto dependiendo del grado de recuperabilidad de la cartera, y de la política que se defina para la capitalización del fondo.

Será fundamental que en el funcionamiento del FINADE, quienes lo administren garanticen que la recuperabilidad de los recursos sean al menos de un 95%, razón por la cual el componente de servicios no financieros no constituye un elemento accesorio del Sistema de Banca para el Desarrollo sino un elemento fundamental para el seguimiento que se le de a los proyectos, que permitan mejorar la capacidad empresarial de los beneficiarios y con ello la sostenibilidad financiera del FINADE.

Además de estos 50.000 millones que se ponen a disposición de los productores nacionales mediante el FINADE, la Ley establece que tanto la banca pública como la privada deben tener una participación más activa en el desarrollo productivo de nuestro país. Por ello, se crean dos fondos adicionales destinados a beneficiar a los agricultores y a las PYMES costarricenses, para garantizarles los recurso suficientes en condiciones adecuadas para financiar sus proyectos.

Un primer fondo lo constituye el denominado Fondo de Financiamiento para el desarrollo, el cual estará constituido por el 5% de las utilidades de cada uno de los bancos públicos, quienes administrarán cada uno su propio fondo y lo pondrán a disposición de los sujetos beneficiarios mediante todas sus agencias y sucursales, permitiendo con ello garantizar una mayor cobertura de los beneficios del Sistema de Banca para el desarrollo en todas las regiones del país y no solamente en el área metropolitana.

Es importante destacar que el agricultor o el pequeño y mediano productor costarricense accederá a estos recursos en condiciones más favorables que las puede encontrar en los créditos que hoy brinda la banca comercial, por cual la ley establece que el debe emitirse una normativa especial para la administración de estos recursos.

Otro de los fondos creados es el fondo de crédito para el desarrollo, el cual se constituye con los recursos del peaje generando que estos recursos realmente se destinen al servicio del desarrollo nacional y se cumpla con el espíritu de los legisladores que plantearon las reformas al artículo 59 de la Ley del Sistema Bancario Nacional.

La articulación del FINADE, de los Fondos de Financiamiento para el Desarrollo y de los Fondos de Crédito para el Desarrollo, nos brinda la posibilidad de decir hoy que con recursos disponibles, con decisión y voluntad política, es posible crear y poner en ejecución instrumentos financieros que se oriente directamente a mejorar las condiciones que nuestros pequeños y medianos productores requieren, para generar oportunidades que despierten la esperanza de que SI es posible avanzar y crecer en un país como el nuestro.

Por eso, además de los instrumentos financieros y en la visión sistémica que se promueve mediante esta ley, concebimos una participación articulada y estructura de instituciones, organizaciones y usuarios que permitan un mejor funcionamiento del mismo.

En este concepto será fundamental el rol que desempeñe el Consejo Rector como coordinador y ente encargado de la definición de las políticas y directrices que oriente el Sistema; el Consejo Asesor Mixto integrado por usuarios del sistema que tendrán como función permanente el análisis y el planteamiento de recomendaciones para garantizar el mejor funcionamiento del sistema de banca para el Desarrollo; la Comisión Técnica Interinstitucional que integrará el Consejo Rector con la participación de representantes técnicos de diferentes instituciones para generar las acciones de coordinación necesarias que permitan llevar a cabo las directrices y políticas dictadas por el Consejo Rector en materia de servicios no financieros y desarrollo empresarial; y finalmente el fiduciario o administrador del FINADE quien será el garante del manejo financiero de los recursos del Sistema.

El haber logrado concluir el trámite de esta iniciativa de ley, representa la visión y el compromiso por permitir instrumentalizar de mejor forma los recursos financieros para nuestro sector productivo.

El fomento de la asociatividad de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas como mecanismo no sólo para mejorar la competitividad sino para promover un sector productivo con mayor cohesión social, la capacidad de involucrar y establecer mecanismos de coordinación para que diferentes instituciones y organizaciones del estado puedan establecer una mejor implementación de políticas públicas, la definición de mecanismos e instrumentos que permitan un mayor desarrollo de pequeños y medianos empresarios agrícolas, industriales y de servicios, serán condiciones fundamentales para generar mayores oportunidades de creación de riqueza, de generación de empleo y de una mejor distribución de la riqueza en nuestra sociedad.

Por ello, que satisfacción y que orgullo ser parte de una Asamblea Legislativa que hoy demuestra su compromiso con el sector productivo costarricense.

Que orgullo, que hoy después de 25 proyectos de ley podamos darle una respuesta al pequeño y mediano productor agropecuario, al industrial, al comerciante, a los jóvenes y las mujeres emprendedoras, a todos aquellos que teniendo un proyecto para impulsar el desarrollo se han visto limitados por las condiciones actuales a poder emprenderlo.

A partir de hoy encontrarán en el sistema financiero un instrumento real para financiar sus actividades productivas, para generar con mayor entusiasmo y con mayor ilusión un aporte al crecimiento de esta Costa Rica que ha demostrado ser capaz de crecer, de innovar y de competir.

Demos con ilusión y esperanza este voto afirmativo a una de las leyes más importantes que posiblemente habremos de estar aprobando en esta Asamblea Legislativa. Aprobemos con satisfacción la Ley del Sistema de Banca para el desarrollo.

Muchas Gracias.