Roberto Castro Chaves

El Partido cumpliendo con lo que dispone el Estatuto, realiza sus elecciones distritales en la fecha previamente establecida. Lamentablemente no fueron las elecciones internas mas transparentes de la historia liberacionista. Se presentaron muchas irregularidades que para iniciar su señalamiento, debemos indicar que los miembros de mesa no fueron capacitados y, si lo hicieron fue de manera muy superficial, dado que la inseguridad y el desconocimiento que presentaron así lo demostró.

Por otra parte las credenciales de los miembros de mesa, fueron enviadas dentro del material electoral, hecho que distorsionó totalmente la secuencia del proceso. El presidente de cada junta tiene la obligación de recibir el material electoral, o en su defecto lo hará otro de los miembros de la misma junta.( En este caso quien recibió el material electoral?  Además el material electoral no llego a todas las juntas tres días antes de la realización del evento, como señala el articulo 42 de la normas que rigen el proceso. Aunque debemos estar conscientes de, que dicho documento indica: “procurando que la misma llegue a las juntas” o sea que la documentación se procura que llegue, no tiene que llegar.

El articulo 43 de la misma normativa dice: “La documentación electoral será entregada, de preferencia a los miembros de mesa propietarios y comprende al menos:” pero la pregunta que surge es, y si no se entrega a los miembros de mesa a quien se entrega?  Además en la lista de los materiales indica en su punto (e) Formulas para certificar el resultado final de las votaciones. Pero este documento, según me han asegurado muchos compañeros, no se encontró entre el material, cosa que constate en la mesa que preste los servicios. Esto implica que los aspirantes a distintos puestos, se quedaron en estado de indefensión, dado que no pueden contar con el documento de valor probatorio, de que habla el articulo 91 del Código Electoral y el compendio de Normas que regulan el proceso y, por lo tanto nadie puede garantizar cuantos votos se escrutaron al cierre de mesa.

Alrededor de este tema encontramos otra situación crítica, cuando leemos el párrafo tercero del articulo 44 de la misma normativa y dice: “El incumplimiento de esta verificación del material electoral será causal de nulidad relativa, y en todo caso, quien así la gestione deberá demostrar el perjuicio que le haya ocasionado la ausencia de esta revisión.” Pero no se dice que ocurre cuando la ausencia de ese cumplimiento de revisión previa del material, no es imputable a los miembros de mesa, pues en muchos casos ese material llegó al distrito la víspera o antevíspera de la elección.

En las “distritales” tras anteriores se presento el problema de que el numero de papeletas enviadas a las juntas fue insuficiente y a pesar de esa ingrata experiencia, los encargados de el proceso recién pasado, incurrieron en el mismo error pero aun mas acentuado. Será que la estimación se hace a base de costos, o que los referentes andan perdidos.

Además de este compendio de irregularidades debemos agregar otro que también puede calificarse como muy serio y, se trata del nombramiento de los miembros de mesa, que en reiteradas ocasiones, se utilizaron los candidatos recomendados por “x” papeleta, dejando a los demás participantes ayunos de ese derecho. Antes de la realización del evento se había argumentado que si se nombraran miembros de mesa de todos los participantes, no cabria la cantidad de miembros en las aulas, argumento relativamente razonable, pues de darse una gran cantidad de papeletas, pudo haberse elegido dos o tres de ellas, no solo una, de tal manera que se asegurara la apertura y funcionamiento normal de la junta receptora de votos, sino también para satisfacer el espíritu contenido en el articulo 49 del Código Electoral y el principio de igualdad de derechos que todos los participantes poseen.

En realidad, existen muchos elementos más que pueden someterse a discusión, sin embargo merece análisis especial, la acción individual que tomo el Señor Presidente del Partido en un centro de votación en Montes de Oca, donde existe testimonio de muchos compañeros que dan fe de la veracidad del acontecimiento.

El hecho es que nuestro presidente solicitó a los miembros de una junta receptora de votos, que recibiera el voto de un compañero elector, sin que el ciudadano contara con los requisitos que para emitir ese voto, eran requeridos.

Al respecto el articulo 14 de normativa de reiterada cita, señala: “Para elegir o ser electos, los miembros de los movimientos deberán demostrar su condición, de la siguiente manera:

a. Los miembros del Movimiento de Trabajadores Liberacionistas demostraran su condición mediante el comprobante de derechos de la Caja Costarricense de Seguro Social (orden patronal), vigente. En caso de ser trabajadores independientes, deberán demostrar su condición mediante una declaración jurada,…
b. Las candidatas…
c. Los miembros del Movimiento Cooperativo Liberacionista acreditaran su condición mediante la presentación ante la Junta Receptora de Votos de una certificación original, extendida por el gerente de la cooperativa, impresa en la papelería oficial y que cuente con el sello oficial respectivo.”
Por su parte el articulo 17 de la misma normativa indica:

“Para elegir y ser electos, los miembros de los Sectores deberán demostrar su condición, de la siguiente manera:

a. Los miembros del Sector Profesional acreditaran su condición mediante la presentación de alguno de los siguientes documentos: Titulo expedido por alguna institución de educación superior, con grado mínimo de bachiller universitario o constancia de la incorporación o carne expedido por un colegio profesional.
b. Los miembros del Sector Empresarial…
c. Los miembros del Sector Educación…
d. Los (las) educadores (as)…

Previa presentación del original, las copias de los comprobantes que deben presentar los miembros de estos sectores deben quedar como respaldo en cada mesa de votación, de manera que coincida el numero de votos con el de comprobantes.”

Es evidente que el Señor Presidente del Partido, se excedió en sus potestades y rompió normas que el mismo aprobó, la pregunta para los especialistas en Derecho Electoral es:

La acción tomada por el Señor Presidente podrá encasillarse dentro de los supuestos establecidos por el inciso (a) del articulo 59 del mismo cuerpo normativo?

Tristemente los encargados de estos procesos, en vez de perfeccionarse cada vez más, se nota mayor grado de improvisación, dado que no quiero pensar que muchas de las disfunciones observadas, obedecen a pretensiones premeditadas.

Ocean Castillo Loría

Con motivo de la publicación el día de ayer de una encuesta de la empresa CID – Gallup, en la que se resalta el empate técnico entre las tendencias de Jhonny Araya y Laura Chinchilla, vale la pena reflexionar en torno a lo que serían las futuras estrategias de estos movimientos para desempatar en preferencias y alcanzar la candidatura presidencial de nuestro partido.

Un primer factor tiene que ver con la consolidación de los puntos en los que el electorado mira fuertes a los postulantes, a saber: el combate en el costo de la vida (Araya) y la seguridad ciudadana (Chinchilla). Ahora bien, en este último caso, podría reforzarse en términos propagandísticos la propuesta de un ex ministro como Fernando Berrocal de cara a restar votos a Doña Laura.

Por otro lado, resulta muy positivo que en un escenario de elección nacional, ambos postulantes estarían en capacidad de derrotar a los candidatos de otros partidos, del mismo modo, las cifras en este escenario (Araya ganaría las elecciones con un 31% y Chinchilla con un 35%), nos deben hacer conciencia como liberacionistas, en el sentido que las heridas de una contienda interna no pueden ser tan profundas que nos impidan unirnos una vez aclarado quien será nuestra candidata o candidato: Solo un partido unido nos permitirá alcanzar el poder en 2010.

Otro factor que debe trabajarse para romper el empate, es un posicionamiento que motive al electorado a tener opiniones favorables sobre uno u otro postulante. Los estrategas propagandísticos deben fijar una imagen de familiaridad de los precandidatos en la gente para poder intervenir en los referentes afectivos de las y los votantes.

En el caso de la atracción de los indecisos (la encuesta los ubica en un 41%), es fundamental reforzar le esquema ideológico – partidario, esto significa que deberían establecerse estrategias que permitan ubicar a la y los competidores dentro de la línea clásica de Liberación Nacional, como brazo político de la clase media, esto no solo atrae a los votantes, sino que de paso, le resta apoyo al PAC, que busca posicionarse en este estrato social.

Los estrategas propagandísticos podrían situarse en nichos en que los precandidatos podrían percibirse como muy parejos, por ejemplo, la experiencia de gobierno con los énfasis respectivos, ya Araya lo está haciendo al hablar de la sensibilidad de un alcalde.

En otro ámbito, existe una realidad en que la y los precandidatos pueden situarse coyunturalmente, nos referimos a la popularidad del presidente Arias. Aquí hay un tema central que compete a Chinchilla. Araya ha atacado por el apoyo del denominado “Arismo” a ésta, además, en declaraciones a la prensa escrita, se destacó la expresión de Doña Laura de que no era Arista. La pregunta queda abierta: ¿Cómo se acercarán o alejarán la y los postulantes dependiendo de como oscile la popularidad de Don Oscar?

Terminamos con un tema estructural. Ya se ha hecho un debate sobre cuál tendencia ganó las distritales. Es claro que quien vaya dominando las estructuras partidarias, tendrá un importantísimo puntal para profundizar su poder y consolidarse frente  a la lucha ante otras fuerzas político – partidistas.

Señor
Freddy Pacheco
 
Durante muchos años he tolerado pacientemente los malintencionados comentarios, textos y correos masivos con los que usted ha atacado mi trayectoria profesional –tanto nacional como internacional—en los temas de agua, de los que usted presume ser experto. Me he rehusado a contestar esos ataques en parte porque entiendo que quien asume una posición pública está expuesto a la crítica y en parte porque pensé que la limitada coherencia de sus comentarios y la reducida respetabilidad de la fuente no ameritaban una respuesta.
 
Eso tiene un límite. Con sus últimas descargas – correos masivos ostensiblemente dedicados a criticar mi participación en la gestión del proyecto del Embalse  de La Cueva y encabezado con las frases “O acabamos con la corrupción, o la corrupción acaba con nosotros” y “La Cueva, el negocio del agua”— usted ha traspasado una línea tan crucial como sagrada. No le permitiré a usted ni a nadie utilizar una legítima discusión sobre política pública para lanzar sombras sobre mi integridad personal. No le permitiré a usted ni a nadie utilizar en mi contra el manido expediente de sugerir la presencia de actos de corrupción sin ofrecer la menor prueba de ellos. Si su intención, como creo, es enlodar mi nombre, entonces le pido que tenga al menos la elemental gallardía de hacerlo transparentemente y sin ambages. No lo sugiera, don Freddy, dígalo y pruébelo. De lo contrario, no quedará más que concluir que o no tiene prueba alguna o no tiene hombría alguna o, lo que es más  probable, no tiene ninguna de las dos cosas.
 
En el texto que ha enviado masivamente, usted me pide explicaciones sobre el Proyecto de La Cueva. No tengo problema alguno en darlas, como lo hago con todos los actos y gestiones que realizo como diputada.
 
He defendido la construcción de la represa de La Cueva y del embalse de Río Piedras, ambos en Guanacaste, desde hace muchos años, bastante antes de ser diputada. Considero que ambos proyectos mejorarían la oferta de agua  en una provincia que, a pesar de tener una buena dotación hídrica, no ha contado con la inversión pública ni privada necesaria para regular las escorrentías, aprovechar eficientemente el agua y convertirla en lo que debe ser, un motor de desarrollo. La concepción que anima estos proyectos es la de fortalecer el uso múltiple del agua, donde se privilegie el acceso del recurso por parte de las comunidades, pero asimismo se permita su uso por todos los sectores usuarios y, al mismo tiempo, se prevenga la desastrosa repetición de inundaciones en comunidades de la parte media y baja de la cuenca del Río Tempisque, como Paso Tempisque, Bolsón, Ortega, Corralillo, Filadelfia, entre otras muchas. Esta concepción la defendí antes y la continúo defendiendo ahora, no sólo por elemental coherencia, sino porque en su defensa va la protección de intereses vitales para las ciudadanas y los ciudadanos que me honraron haciéndome su representante ante la Asamblea Legislativa.
 
Para mi sorpresa, me veo en la posición de aclararle que el proyecto de La Cueva no es, como usted lo afirma, un proyecto de ley. Excepto cuando requieren de empréstitos externos, los embalses o las obras de infraestructura no entran a la corriente legislativa. La más elemental diligencia de su parte le hubiera revelado esto. La Cueva es un proyecto de inversión, que requiere, para empezar, estudios de prefactibilidad (que ya ha elaborado el SENARA) y, posteriormente, de factibilidad. Es esta última etapa la que se busca emprender ahora. Es obvio que sin estos estudios previos no se puede saber con certeza si la obra inundará o no 400 hectáreas del Parque Nacional Santa Rosa, o si habrá de requerir la desviación de 4 km de la Carretera Interamericana Norte o cuál pueda ser la magnitud de los impactos ambientales que genere. Al día de hoy, todos los potenciales desastres que usted atribuye a este proyecto no tienen fundamento técnico alguno. No son más que un producto de la especulación o la ignorancia, o de los estudios, nunca de factibilidad, de una cooperación internacional (Japón) de hace casi una década atrás, donde la situación no es la actual.
 
Debo decir que me sorprende, en particular, el curioso cuestionamiento de que yo haya utilizado papel membretado de la Asamblea Legislativa para hacer gestiones relativas a este proyecto. Eso es simplemente desconocer cuál es el trabajo de un diputado. Este proyecto, le repito, es de importancia central para el desarrollo futuro de la provincia de Guanacaste, provincia que represento. Lo exótico sería que, formando parte de mi trabajo como representante popular, hiciera gestiones para la realización del proyecto utilizando cualquier otro papel que no fuera el de la Asamblea Legislativa.
 
Si el uso de papel membretado es de lo único que me puede acusar con pruebas, entonces no tiene sentido continuar esta discusión. Porque todas sus otras insinuaciones ni siquiera ameritan una respuesta, excepto decirle que no tengo problema alguno de que cualquier persona revise mis cuentas bancarias y movimientos financieros. Venderme para defender posiciones no es mi estilo, don Freddy. Tengo una trayectoria profesional limpia y una historia de compromiso con las causas ambientales en la que no hay ejemplos, como en la suya, de cambios inexplicables de opinión que terminan por poner en peligro un área silvestre protegida, como el Parque Nacional Baulas. Esa hoja profesional incluye, a mucha honra, mi trabajo para la Asociación Mundial del Agua  (GWP) y otras instancias internacionales, trabajo que, además, ha sido reconocido internacionalmente. Si esta es otra de sus “acusaciones”, sepa que la acepto con agrado y que dice más de usted, que de mí.
 
Como diputada de Guanacaste voy a seguir defendiendo e impulsando lo que crea mejor para todos los habitantes de mi provincia. No me voy a amedrentar ante insinuaciones o calumnias. Mal que le pese a usted, voy a seguir buscando los recursos necesarios para los estudios de factibilidad y la construcción de los embalses de La Cueva y Río Piedras. Si usted quiere oponerse a mis gestiones, hágalo con datos e información técnica. Y si quiere que debatamos públicamente los méritos de estos proyectos, con gusto lo podemos hacer. No será la primera vez que debatamos. Le pido, eso sí, que no lo hagamos en la comodidad y la seguridad del correo electrónico. Si quiere polemizar –y sobre todo si quiere cuestionar mi integridad— hágalo como los hombres: a plena luz del día, de frente, viendo a los ojos y dándole la cara a los guanacastecos. Ni yo, ni Guanacaste, estamos dispuestos a aceptar menos.
 
Atentamente,
 
Ing. Maureen Ballestero Vargas
Diputada a la Asamblea Legislativa por la Provincia de Guanacaste
Presidenta de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa

Ocean Castillo Loría.

Recientemente el Ministro de la Presidencia postuló la necesidad de la creación de una nueva Constitución Política. Para algunos críticos, esta propuesta es arriesgada si no se cuenta con un proyecto para tal fin. Independientemente de si consideramos oportuna o inoportuna la propuesta, si resulta positivo el reflexionar sobre una visión de convivencia política socialdemócrata.

Aquí debe rescatarse la historia, debe recordarse que el proyecto constitucional de la Junta Fundadora de la Segunda República fue rechazado por la Asamblea Nacional Constituyente, y fue gracias a la inteligencia de Don Rodrigo Facio y sus compañeros, que mucho de lo progresista de ese proyecto queda plasmado en nuestra actual Carta Magna.

El tiempo ha avanzado y los cambios en la historia nos presionan, es claro que la Constitución de hoy, pese a sus aspectos positivos, también ha permitido una solemne confusión o distorsión, al grado que hoy por hoy, la Constitución dice lo que la Sala Constitucional establece a través de sus sentencias.

Así las cosas, la pregunta es: ¿podemos llevar adelante una reforma del Estado y política socialdemócrata sin crear una nueva Constitución? De responder en sentido de la necesidad de una Constituyente, no podemos olvidar que el estandarte socialdemócrata debe ser la defensa de una democracia liberal con justicia social.

¿Qué significa esto?

Significa que el camino de la justicia social nos llevará a la paz.

Significa que la paz es el camino para la democracia y la libertad.

Significa que el Estado debe intervenir ante los defectos del mercado para alcanzar la justicia social.

Significa que el ámbito económico debe estar subordinado al ámbito del bienestar social para alimentar la democracia y la paz.

Si se acepta que se necesita una  nueva Constitución, esta debe apuntar a una renovación institucional y ojo que no a una disminución del aparato institucional del Estado. Estas estructuras Estatales deben responder más ágilmente contra el flagelo de la pobreza, fortaleciendo nuestra economía y luchando contra la corrupción.

Si se acepta que se necesita una nueva Constitución, ésta debe respetar el régimen de economía mixta, entendiendo la coexistencia de Estado y empresa privada como complementariedad de nuestro sistema económico.

Si se acepta que se necesita una nueva Constitución, ésta debe plasmar los derechos humanos de diversa generación, desde los derechos individuales hasta los derechos ecológicos. Ésta debe garantizar la participación de la sociedad civil organizada, con independencia de la clase gobernante, esto con el objeto de fortalecer el control ciudadano.

Si se acepta que se necesita una nueva Constitución, en ella debe plasmarse el mandato de un Estado capaz de actuar de forma horizontal con la ciudadanía y las comunidades. El Estado no puede imponer su poder o actuar contra el bienestar ciudadano y comunal.

De aceptar la necesidad de una nueva Constitución, ella debe permitir la dinamización del sistema electoral, la Asamblea Legislativa y el sistema de partidos políticos. Esto significa que debe tomarse en cuenta en esta lógica, la equidad de género y la apertura a las propuestas de iniciativa popular incluida la revocatoria del mandato.

De aceptar la necesidad de una nueva Constitución, debe promoverse una reforma a la administración pública, de cara a lograr una mejor coordinación institucional y sectorial. Debe reflexionarse en torno a las estrategias más actuales para la creación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

De aceptar la necesidad de una nueva Constitución, ésta debe concretar una descentralización sobre todo en la esfera municipal, que sea alimentada por las iniciativas de la participación comunal.

De aceptar la necesidad de una nueva Constitución, nuestro partido debe:

• Discutir sobre las razones para el cambio Constitucional.
• Reflexionar sobre los puntos de nuestra actual Carta Fundamental que deben preservarse, cuáles deben mejorarse y cuáles del todo, deben cambiarse. En esto, no cabe la ingenuidad, en una Constituyente habrá sectores que buscarán profundizar el modelo de liberalización económica a costa de la democracia social.
• Diagnosticar el ambiente general para la aceptación o rechazo de la idea de una Constituyente.
• Pensar en los mecanismos mediante los cuales participará la ciudadanía y la sociedad civil organizada.
• Profundizar en otras experiencias en el ambiente internacional de cambio Constitucional. En esto no debe haber temor, pese a las diferencias ideológicas, debe estudiarse las dinámicas venezolana, ecuatoriana y boliviana.

Ciertamente un proyecto de nueva Constitución deberá contemplar:

• Estado y sistema democrático.
• Derechos humanos de diversa generación.
• Poder Legislativo.
• Esfera electoral y partidos políticos.
• Poder Ejecutivo y administración pública.
• Instituciones autónomas.
• Poder Judicial.
• Política fiscal.
• Seguridad ciudadana.
• Relaciones internacionales.

La tarea es grande, de toda suerte, de no llegarse a concretar una nueva Carta Fundamental, sería muy positivo que la y los precandidatos aborden estos temas para la construcción de una propuesta verdaderamente socialdemócrata para el próximo gobierno.

Ocean Castillo Loría

El día de ayer, conversando con una inestimable amiga, me hacía ver que el presente gobierno es una dictadura, inclusive me decía, que no era positivo que dos hermanos estuvieran en el poder político.

Las afirmaciones no me sorprendieron, lamentablemente los grupos opositores de corte extremista de izquierda han denominado el presente gobierno como una dictadura, lo de los hermanos en el poder se cae por sí mismo, cuando se recuerda solo como ejemplo a los Kennedy.

Debe recordarse que Costa Rica elige al actual equipo de gobierno, cuando se estaba en una crisis de inmovilidad política bajo un gobierno que no gobernaba, bajo un gobierno que temió tomar decisiones.

El actual gobierno alcanzó el poder bajo la idea de que “el barco necesita capitán” y tomando en cuenta que el anterior presidente nunca supo para qué quería llegar al gobierno. El electorado decidió apostar a la experiencia del Dr. Arias.

Ahora bien, debe reconocerse que la expectativa que tenía el actual grupo gobernante, quedó desde el principio comprometida, dado la poca diferencia entre éste y el principal grupo de oposición. El resultado ha sido que los márgenes de acción del gobierno se han estrechado.

Tal situación ha permitido que los sectores más radicales de la oposición de izquierda, hayan interpretado la actitud del grupo en el poder como autoritaria y centralizada en el presidente Arias.

Si el Dr. Arias fuera dictador, los sectores más duros de la oposición no hubieran podido ejercer ésta como la han ejercido, al grado de desgastar al gobierno y llevarlo al cansancio.

Si el Dr. Arias fuera dictador, no se vería limitado jurídicamente, y no nos estaríamos preparando para el proceso electoral de 2010. Si vemos el panorama Latinoamericano, no ha sido Arias quien promueve quedarse más tiempo en el poder.

Y por supuesto, habría que ver si este gobierno es represivo. Por lo menos hasta donde sabemos, los políticos y políticas opositores, tanto de izquierda como de derecha no están desaparecidos o en la cárcel o si critican este gobierno en el exterior, no se les impide el ingreso al país.

Teniendo esto claro, no podemos dejar pasar que en algún momento el Dr. Arias hiciera referencia a una “dictadura en democracia”. Debe reconocerse que los sectores radicales izquierdistas de la oposición explotaron y explotan esa frase para señalar al poder Ejecutivo. No podemos ser mentirosos. El Presidente quería hacer un énfasis en la eficiencia para la acción de gobierno, pero la frase fue desafortunada.

Debe tenerse claro que en las campañas electorales, se define por medio del sufragio popular el interés nacional. En el caso que nos ocupa, el interés nacional quedó concretado en el proceso electoral 2006 y por sus resultados es claro que la ciudadanía no le entregó “poderes dictatoriales” a la presente administración.

Se concluye que lamentablemente, obnubilados por la animadversión al presente gobierno, algunos sectores se han extralimitado en el uso del lenguaje con una altísima carga ideológica y alejamiento de la realidad.