Ocean Castillo Loría

Con motivo de la publicación el día de ayer de una encuesta de la empresa CID – Gallup, en la que se resalta el empate técnico entre las tendencias de Jhonny Araya y Laura Chinchilla, vale la pena reflexionar en torno a lo que serían las futuras estrategias de estos movimientos para desempatar en preferencias y alcanzar la candidatura presidencial de nuestro partido.

Un primer factor tiene que ver con la consolidación de los puntos en los que el electorado mira fuertes a los postulantes, a saber: el combate en el costo de la vida (Araya) y la seguridad ciudadana (Chinchilla). Ahora bien, en este último caso, podría reforzarse en términos propagandísticos la propuesta de un ex ministro como Fernando Berrocal de cara a restar votos a Doña Laura.

Por otro lado, resulta muy positivo que en un escenario de elección nacional, ambos postulantes estarían en capacidad de derrotar a los candidatos de otros partidos, del mismo modo, las cifras en este escenario (Araya ganaría las elecciones con un 31% y Chinchilla con un 35%), nos deben hacer conciencia como liberacionistas, en el sentido que las heridas de una contienda interna no pueden ser tan profundas que nos impidan unirnos una vez aclarado quien será nuestra candidata o candidato: Solo un partido unido nos permitirá alcanzar el poder en 2010.

Otro factor que debe trabajarse para romper el empate, es un posicionamiento que motive al electorado a tener opiniones favorables sobre uno u otro postulante. Los estrategas propagandísticos deben fijar una imagen de familiaridad de los precandidatos en la gente para poder intervenir en los referentes afectivos de las y los votantes.

En el caso de la atracción de los indecisos (la encuesta los ubica en un 41%), es fundamental reforzar le esquema ideológico – partidario, esto significa que deberían establecerse estrategias que permitan ubicar a la y los competidores dentro de la línea clásica de Liberación Nacional, como brazo político de la clase media, esto no solo atrae a los votantes, sino que de paso, le resta apoyo al PAC, que busca posicionarse en este estrato social.

Los estrategas propagandísticos podrían situarse en nichos en que los precandidatos podrían percibirse como muy parejos, por ejemplo, la experiencia de gobierno con los énfasis respectivos, ya Araya lo está haciendo al hablar de la sensibilidad de un alcalde.

En otro ámbito, existe una realidad en que la y los precandidatos pueden situarse coyunturalmente, nos referimos a la popularidad del presidente Arias. Aquí hay un tema central que compete a Chinchilla. Araya ha atacado por el apoyo del denominado “Arismo” a ésta, además, en declaraciones a la prensa escrita, se destacó la expresión de Doña Laura de que no era Arista. La pregunta queda abierta: ¿Cómo se acercarán o alejarán la y los postulantes dependiendo de como oscile la popularidad de Don Oscar?

Terminamos con un tema estructural. Ya se ha hecho un debate sobre cuál tendencia ganó las distritales. Es claro que quien vaya dominando las estructuras partidarias, tendrá un importantísimo puntal para profundizar su poder y consolidarse frente  a la lucha ante otras fuerzas político – partidistas.

Señor
Freddy Pacheco
 
Durante muchos años he tolerado pacientemente los malintencionados comentarios, textos y correos masivos con los que usted ha atacado mi trayectoria profesional –tanto nacional como internacional—en los temas de agua, de los que usted presume ser experto. Me he rehusado a contestar esos ataques en parte porque entiendo que quien asume una posición pública está expuesto a la crítica y en parte porque pensé que la limitada coherencia de sus comentarios y la reducida respetabilidad de la fuente no ameritaban una respuesta.
 
Eso tiene un límite. Con sus últimas descargas – correos masivos ostensiblemente dedicados a criticar mi participación en la gestión del proyecto del Embalse  de La Cueva y encabezado con las frases “O acabamos con la corrupción, o la corrupción acaba con nosotros” y “La Cueva, el negocio del agua”— usted ha traspasado una línea tan crucial como sagrada. No le permitiré a usted ni a nadie utilizar una legítima discusión sobre política pública para lanzar sombras sobre mi integridad personal. No le permitiré a usted ni a nadie utilizar en mi contra el manido expediente de sugerir la presencia de actos de corrupción sin ofrecer la menor prueba de ellos. Si su intención, como creo, es enlodar mi nombre, entonces le pido que tenga al menos la elemental gallardía de hacerlo transparentemente y sin ambages. No lo sugiera, don Freddy, dígalo y pruébelo. De lo contrario, no quedará más que concluir que o no tiene prueba alguna o no tiene hombría alguna o, lo que es más  probable, no tiene ninguna de las dos cosas.
 
En el texto que ha enviado masivamente, usted me pide explicaciones sobre el Proyecto de La Cueva. No tengo problema alguno en darlas, como lo hago con todos los actos y gestiones que realizo como diputada.
 
He defendido la construcción de la represa de La Cueva y del embalse de Río Piedras, ambos en Guanacaste, desde hace muchos años, bastante antes de ser diputada. Considero que ambos proyectos mejorarían la oferta de agua  en una provincia que, a pesar de tener una buena dotación hídrica, no ha contado con la inversión pública ni privada necesaria para regular las escorrentías, aprovechar eficientemente el agua y convertirla en lo que debe ser, un motor de desarrollo. La concepción que anima estos proyectos es la de fortalecer el uso múltiple del agua, donde se privilegie el acceso del recurso por parte de las comunidades, pero asimismo se permita su uso por todos los sectores usuarios y, al mismo tiempo, se prevenga la desastrosa repetición de inundaciones en comunidades de la parte media y baja de la cuenca del Río Tempisque, como Paso Tempisque, Bolsón, Ortega, Corralillo, Filadelfia, entre otras muchas. Esta concepción la defendí antes y la continúo defendiendo ahora, no sólo por elemental coherencia, sino porque en su defensa va la protección de intereses vitales para las ciudadanas y los ciudadanos que me honraron haciéndome su representante ante la Asamblea Legislativa.
 
Para mi sorpresa, me veo en la posición de aclararle que el proyecto de La Cueva no es, como usted lo afirma, un proyecto de ley. Excepto cuando requieren de empréstitos externos, los embalses o las obras de infraestructura no entran a la corriente legislativa. La más elemental diligencia de su parte le hubiera revelado esto. La Cueva es un proyecto de inversión, que requiere, para empezar, estudios de prefactibilidad (que ya ha elaborado el SENARA) y, posteriormente, de factibilidad. Es esta última etapa la que se busca emprender ahora. Es obvio que sin estos estudios previos no se puede saber con certeza si la obra inundará o no 400 hectáreas del Parque Nacional Santa Rosa, o si habrá de requerir la desviación de 4 km de la Carretera Interamericana Norte o cuál pueda ser la magnitud de los impactos ambientales que genere. Al día de hoy, todos los potenciales desastres que usted atribuye a este proyecto no tienen fundamento técnico alguno. No son más que un producto de la especulación o la ignorancia, o de los estudios, nunca de factibilidad, de una cooperación internacional (Japón) de hace casi una década atrás, donde la situación no es la actual.
 
Debo decir que me sorprende, en particular, el curioso cuestionamiento de que yo haya utilizado papel membretado de la Asamblea Legislativa para hacer gestiones relativas a este proyecto. Eso es simplemente desconocer cuál es el trabajo de un diputado. Este proyecto, le repito, es de importancia central para el desarrollo futuro de la provincia de Guanacaste, provincia que represento. Lo exótico sería que, formando parte de mi trabajo como representante popular, hiciera gestiones para la realización del proyecto utilizando cualquier otro papel que no fuera el de la Asamblea Legislativa.
 
Si el uso de papel membretado es de lo único que me puede acusar con pruebas, entonces no tiene sentido continuar esta discusión. Porque todas sus otras insinuaciones ni siquiera ameritan una respuesta, excepto decirle que no tengo problema alguno de que cualquier persona revise mis cuentas bancarias y movimientos financieros. Venderme para defender posiciones no es mi estilo, don Freddy. Tengo una trayectoria profesional limpia y una historia de compromiso con las causas ambientales en la que no hay ejemplos, como en la suya, de cambios inexplicables de opinión que terminan por poner en peligro un área silvestre protegida, como el Parque Nacional Baulas. Esa hoja profesional incluye, a mucha honra, mi trabajo para la Asociación Mundial del Agua  (GWP) y otras instancias internacionales, trabajo que, además, ha sido reconocido internacionalmente. Si esta es otra de sus “acusaciones”, sepa que la acepto con agrado y que dice más de usted, que de mí.
 
Como diputada de Guanacaste voy a seguir defendiendo e impulsando lo que crea mejor para todos los habitantes de mi provincia. No me voy a amedrentar ante insinuaciones o calumnias. Mal que le pese a usted, voy a seguir buscando los recursos necesarios para los estudios de factibilidad y la construcción de los embalses de La Cueva y Río Piedras. Si usted quiere oponerse a mis gestiones, hágalo con datos e información técnica. Y si quiere que debatamos públicamente los méritos de estos proyectos, con gusto lo podemos hacer. No será la primera vez que debatamos. Le pido, eso sí, que no lo hagamos en la comodidad y la seguridad del correo electrónico. Si quiere polemizar –y sobre todo si quiere cuestionar mi integridad— hágalo como los hombres: a plena luz del día, de frente, viendo a los ojos y dándole la cara a los guanacastecos. Ni yo, ni Guanacaste, estamos dispuestos a aceptar menos.
 
Atentamente,
 
Ing. Maureen Ballestero Vargas
Diputada a la Asamblea Legislativa por la Provincia de Guanacaste
Presidenta de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa

Ocean Castillo Loría.

Recientemente el Ministro de la Presidencia postuló la necesidad de la creación de una nueva Constitución Política. Para algunos críticos, esta propuesta es arriesgada si no se cuenta con un proyecto para tal fin. Independientemente de si consideramos oportuna o inoportuna la propuesta, si resulta positivo el reflexionar sobre una visión de convivencia política socialdemócrata.

Aquí debe rescatarse la historia, debe recordarse que el proyecto constitucional de la Junta Fundadora de la Segunda República fue rechazado por la Asamblea Nacional Constituyente, y fue gracias a la inteligencia de Don Rodrigo Facio y sus compañeros, que mucho de lo progresista de ese proyecto queda plasmado en nuestra actual Carta Magna.

El tiempo ha avanzado y los cambios en la historia nos presionan, es claro que la Constitución de hoy, pese a sus aspectos positivos, también ha permitido una solemne confusión o distorsión, al grado que hoy por hoy, la Constitución dice lo que la Sala Constitucional establece a través de sus sentencias.

Así las cosas, la pregunta es: ¿podemos llevar adelante una reforma del Estado y política socialdemócrata sin crear una nueva Constitución? De responder en sentido de la necesidad de una Constituyente, no podemos olvidar que el estandarte socialdemócrata debe ser la defensa de una democracia liberal con justicia social.

¿Qué significa esto?

Significa que el camino de la justicia social nos llevará a la paz.

Significa que la paz es el camino para la democracia y la libertad.

Significa que el Estado debe intervenir ante los defectos del mercado para alcanzar la justicia social.

Significa que el ámbito económico debe estar subordinado al ámbito del bienestar social para alimentar la democracia y la paz.

Si se acepta que se necesita una  nueva Constitución, esta debe apuntar a una renovación institucional y ojo que no a una disminución del aparato institucional del Estado. Estas estructuras Estatales deben responder más ágilmente contra el flagelo de la pobreza, fortaleciendo nuestra economía y luchando contra la corrupción.

Si se acepta que se necesita una nueva Constitución, ésta debe respetar el régimen de economía mixta, entendiendo la coexistencia de Estado y empresa privada como complementariedad de nuestro sistema económico.

Si se acepta que se necesita una nueva Constitución, ésta debe plasmar los derechos humanos de diversa generación, desde los derechos individuales hasta los derechos ecológicos. Ésta debe garantizar la participación de la sociedad civil organizada, con independencia de la clase gobernante, esto con el objeto de fortalecer el control ciudadano.

Si se acepta que se necesita una nueva Constitución, en ella debe plasmarse el mandato de un Estado capaz de actuar de forma horizontal con la ciudadanía y las comunidades. El Estado no puede imponer su poder o actuar contra el bienestar ciudadano y comunal.

De aceptar la necesidad de una nueva Constitución, ella debe permitir la dinamización del sistema electoral, la Asamblea Legislativa y el sistema de partidos políticos. Esto significa que debe tomarse en cuenta en esta lógica, la equidad de género y la apertura a las propuestas de iniciativa popular incluida la revocatoria del mandato.

De aceptar la necesidad de una nueva Constitución, debe promoverse una reforma a la administración pública, de cara a lograr una mejor coordinación institucional y sectorial. Debe reflexionarse en torno a las estrategias más actuales para la creación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

De aceptar la necesidad de una nueva Constitución, ésta debe concretar una descentralización sobre todo en la esfera municipal, que sea alimentada por las iniciativas de la participación comunal.

De aceptar la necesidad de una nueva Constitución, nuestro partido debe:

• Discutir sobre las razones para el cambio Constitucional.
• Reflexionar sobre los puntos de nuestra actual Carta Fundamental que deben preservarse, cuáles deben mejorarse y cuáles del todo, deben cambiarse. En esto, no cabe la ingenuidad, en una Constituyente habrá sectores que buscarán profundizar el modelo de liberalización económica a costa de la democracia social.
• Diagnosticar el ambiente general para la aceptación o rechazo de la idea de una Constituyente.
• Pensar en los mecanismos mediante los cuales participará la ciudadanía y la sociedad civil organizada.
• Profundizar en otras experiencias en el ambiente internacional de cambio Constitucional. En esto no debe haber temor, pese a las diferencias ideológicas, debe estudiarse las dinámicas venezolana, ecuatoriana y boliviana.

Ciertamente un proyecto de nueva Constitución deberá contemplar:

• Estado y sistema democrático.
• Derechos humanos de diversa generación.
• Poder Legislativo.
• Esfera electoral y partidos políticos.
• Poder Ejecutivo y administración pública.
• Instituciones autónomas.
• Poder Judicial.
• Política fiscal.
• Seguridad ciudadana.
• Relaciones internacionales.

La tarea es grande, de toda suerte, de no llegarse a concretar una nueva Carta Fundamental, sería muy positivo que la y los precandidatos aborden estos temas para la construcción de una propuesta verdaderamente socialdemócrata para el próximo gobierno.

Ocean Castillo Loría

El día de ayer, conversando con una inestimable amiga, me hacía ver que el presente gobierno es una dictadura, inclusive me decía, que no era positivo que dos hermanos estuvieran en el poder político.

Las afirmaciones no me sorprendieron, lamentablemente los grupos opositores de corte extremista de izquierda han denominado el presente gobierno como una dictadura, lo de los hermanos en el poder se cae por sí mismo, cuando se recuerda solo como ejemplo a los Kennedy.

Debe recordarse que Costa Rica elige al actual equipo de gobierno, cuando se estaba en una crisis de inmovilidad política bajo un gobierno que no gobernaba, bajo un gobierno que temió tomar decisiones.

El actual gobierno alcanzó el poder bajo la idea de que “el barco necesita capitán” y tomando en cuenta que el anterior presidente nunca supo para qué quería llegar al gobierno. El electorado decidió apostar a la experiencia del Dr. Arias.

Ahora bien, debe reconocerse que la expectativa que tenía el actual grupo gobernante, quedó desde el principio comprometida, dado la poca diferencia entre éste y el principal grupo de oposición. El resultado ha sido que los márgenes de acción del gobierno se han estrechado.

Tal situación ha permitido que los sectores más radicales de la oposición de izquierda, hayan interpretado la actitud del grupo en el poder como autoritaria y centralizada en el presidente Arias.

Si el Dr. Arias fuera dictador, los sectores más duros de la oposición no hubieran podido ejercer ésta como la han ejercido, al grado de desgastar al gobierno y llevarlo al cansancio.

Si el Dr. Arias fuera dictador, no se vería limitado jurídicamente, y no nos estaríamos preparando para el proceso electoral de 2010. Si vemos el panorama Latinoamericano, no ha sido Arias quien promueve quedarse más tiempo en el poder.

Y por supuesto, habría que ver si este gobierno es represivo. Por lo menos hasta donde sabemos, los políticos y políticas opositores, tanto de izquierda como de derecha no están desaparecidos o en la cárcel o si critican este gobierno en el exterior, no se les impide el ingreso al país.

Teniendo esto claro, no podemos dejar pasar que en algún momento el Dr. Arias hiciera referencia a una “dictadura en democracia”. Debe reconocerse que los sectores radicales izquierdistas de la oposición explotaron y explotan esa frase para señalar al poder Ejecutivo. No podemos ser mentirosos. El Presidente quería hacer un énfasis en la eficiencia para la acción de gobierno, pero la frase fue desafortunada.

Debe tenerse claro que en las campañas electorales, se define por medio del sufragio popular el interés nacional. En el caso que nos ocupa, el interés nacional quedó concretado en el proceso electoral 2006 y por sus resultados es claro que la ciudadanía no le entregó “poderes dictatoriales” a la presente administración.

Se concluye que lamentablemente, obnubilados por la animadversión al presente gobierno, algunos sectores se han extralimitado en el uso del lenguaje con una altísima carga ideológica y alejamiento de la realidad.

Luis Alberto Monge Álvarez
Expresidente de la República

Hay confusión sobre dos leyes diferentes relativas al aguinaldo: la que cubre a los empleados públicos y la dada a favor de los trabajadores de la empresa privada.

Sobre la primera hubo una iniciativa de don Otilio Ulate Blanco que no se materializó por falta de la asignación presupuestaria correspondiente.

Fue en 1954, en la Presidencia Constitucional de don José Figueres Ferrer, cuando se dio la ley Nº 1835, “Sueldo adicional de Servidores Públicos”. Al año siguiente, en 1955, bajo la misma administración Figueres Ferrer, se amplió el beneficio a los trabajadores de instituciones autónomas, semiautónomas y municipales.

Lamento que no pude intervenir en la promoción de esa conquista para los servidores del Estado, por cuanto residía en México D.F., como Secretario General de la ORIT (Organización Regional Interamericana de Trabajadores) que agrupaba a las instituciones sindicales democráticas de Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe.

Sobre el proyecto de ley para otorgar el aguinaldo a los trabajadores de la empresa privada, sí está respaldado en la verdad histórica el papel protagónico y beligerante que asumí para lograr su aprobación.

Transcribo textualmente las anotaciones que aparecen en la portada del expediente respectivo de la Asamblea Legislativa:
“Iniciativa de Monge Álvarez –proyecto de un sueldo adicional a los trabajadores de patronos particulares”.

“Iniciado el 5 de mayo de 1958”. Agrego que fue cuatro días después de asumir mis funciones de diputado en el periodo 1958-1962.

“Proyecto publicado en La Gaceta Nº 103 de 11 de mayo 1958”. “Dictamen publicado en la Gaceta Nº 120 de 31 de mayo 1958”.

“24 julio de 1954 aprobado el Decreto Legislativo Nº 2412, después de más de un año de polémicas dentro y fuera de Asamblea Legislativa”.

“7 agosto 1959 veto a la ley del aguinaldo”.

23 octubre sesión para resellar el proyecto o enviarlo al archivo.

Abusé con prolongados discursos reiterando argumentos a favor del proyecto y refutando las propuestas del veto presidencial. Aunque no era de mi agrado, confieso que apliqué ese día la estrategia conocida en la jerga parlamentaria como “piratería”. Recurrí a esa arma para evitar la votación, por cuanto me faltaban tres votos para los dos tercios que necesitaba el resello. Entonces la Asamblea Legislativa estaba integrada por 45 diputados. Cerca de las 7 p.m. solicité un receso para tratar de alcanzar los votos que me permitieran salvar una conquista justa para los trabajadores de la empresa privada. Pensé que los únicos que podían ayudarme dentro de la Fracción Oficial, llamada Unificación Nacional, serían diputados calderonistas de dicha fracción. Me reuní con el Lic. Guillermo Villalobos Arce, don Abdenago Hernández, don Rodrigo Sancho Robles y don Alejandro Morera Soto, a quien me ligaban sentimientos de simpatía por ser mi héroe deportivo desde mi adolescencia, cuando estudiaba en el Instituto de Alajuela. No hay espacio ni es oportuno consignar en estas líneas, detalles de la conversación sostenida con los mencionados diputados, los tres últimos fallecidos. Lo importante para Costa Rica y la historia es que decidieron sumar sus votos a los de los opositores al Gobierno -los liberacionistas- y el proyecto de ley presentado el 5 de mayo de 1958, se convirtió en ley de la República, esa noche del 23 de octubre de 1959. Siempre reconocí y agradecí a esos diputados calderonistas su gesto patriótico y solidario, divorciándose de su propia fracción parlamentaria. Esta es la verdad histórica. Lo demás son confusiones, informaciones inadecuadas y ojalá que no aparezca mezquindad humana.