Luis Alberto Monge Álvarez
Expresidente de la República

Hay confusión sobre dos leyes diferentes relativas al aguinaldo: la que cubre a los empleados públicos y la dada a favor de los trabajadores de la empresa privada.

Sobre la primera hubo una iniciativa de don Otilio Ulate Blanco que no se materializó por falta de la asignación presupuestaria correspondiente.

Fue en 1954, en la Presidencia Constitucional de don José Figueres Ferrer, cuando se dio la ley Nº 1835, “Sueldo adicional de Servidores Públicos”. Al año siguiente, en 1955, bajo la misma administración Figueres Ferrer, se amplió el beneficio a los trabajadores de instituciones autónomas, semiautónomas y municipales.

Lamento que no pude intervenir en la promoción de esa conquista para los servidores del Estado, por cuanto residía en México D.F., como Secretario General de la ORIT (Organización Regional Interamericana de Trabajadores) que agrupaba a las instituciones sindicales democráticas de Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe.

Sobre el proyecto de ley para otorgar el aguinaldo a los trabajadores de la empresa privada, sí está respaldado en la verdad histórica el papel protagónico y beligerante que asumí para lograr su aprobación.

Transcribo textualmente las anotaciones que aparecen en la portada del expediente respectivo de la Asamblea Legislativa:
“Iniciativa de Monge Álvarez –proyecto de un sueldo adicional a los trabajadores de patronos particulares”.

“Iniciado el 5 de mayo de 1958”. Agrego que fue cuatro días después de asumir mis funciones de diputado en el periodo 1958-1962.

“Proyecto publicado en La Gaceta Nº 103 de 11 de mayo 1958”. “Dictamen publicado en la Gaceta Nº 120 de 31 de mayo 1958”.

“24 julio de 1954 aprobado el Decreto Legislativo Nº 2412, después de más de un año de polémicas dentro y fuera de Asamblea Legislativa”.

“7 agosto 1959 veto a la ley del aguinaldo”.

23 octubre sesión para resellar el proyecto o enviarlo al archivo.

Abusé con prolongados discursos reiterando argumentos a favor del proyecto y refutando las propuestas del veto presidencial. Aunque no era de mi agrado, confieso que apliqué ese día la estrategia conocida en la jerga parlamentaria como “piratería”. Recurrí a esa arma para evitar la votación, por cuanto me faltaban tres votos para los dos tercios que necesitaba el resello. Entonces la Asamblea Legislativa estaba integrada por 45 diputados. Cerca de las 7 p.m. solicité un receso para tratar de alcanzar los votos que me permitieran salvar una conquista justa para los trabajadores de la empresa privada. Pensé que los únicos que podían ayudarme dentro de la Fracción Oficial, llamada Unificación Nacional, serían diputados calderonistas de dicha fracción. Me reuní con el Lic. Guillermo Villalobos Arce, don Abdenago Hernández, don Rodrigo Sancho Robles y don Alejandro Morera Soto, a quien me ligaban sentimientos de simpatía por ser mi héroe deportivo desde mi adolescencia, cuando estudiaba en el Instituto de Alajuela. No hay espacio ni es oportuno consignar en estas líneas, detalles de la conversación sostenida con los mencionados diputados, los tres últimos fallecidos. Lo importante para Costa Rica y la historia es que decidieron sumar sus votos a los de los opositores al Gobierno -los liberacionistas- y el proyecto de ley presentado el 5 de mayo de 1958, se convirtió en ley de la República, esa noche del 23 de octubre de 1959. Siempre reconocí y agradecí a esos diputados calderonistas su gesto patriótico y solidario, divorciándose de su propia fracción parlamentaria. Esta es la verdad histórica. Lo demás son confusiones, informaciones inadecuadas y ojalá que no aparezca mezquindad humana.