Virginia Aguiluz
vaguiluz@yahoo.com

He querido dirigirme a ustedes para tratar un tema de actualidad y de gran importancia para el desarrollo nacional, en especial para mi querida provincia de Limón.

Actualmente ocupo la Vicepresidencia de la Junta Directiva de Japdeva y a raíz de ese cargo he ido incorporándome al quehacer de esa gran institución, conformada por funcionarios de gran valía pero a mi parecer temerosos del cambio requerido para ingresar hacia los nuevos horizontes de la modernización.

Cuando analizo el estado actual de JAPDEVA, veo este como el resultado de una práctica instaurada durante años por los sindicatos y los correspondientes gobiernos donde unos pedían y los otros por temor al cierre y caos de los puertos consentían. Pienso que en eso no hubo medida y al cabo de los años esto generó beneficios muy diferenciados con respecto al resto de trabajadores del país, los cuales no serían malos si resultaran en mejores rendimientos de los puertos y el consecuente beneficio de recursos para las comunidades de nuestra provincia. Desdichadamente esos beneficios en su mayoría los usuarios de los puertos no los han percibido como estímulo a la eficiencia sino por el contrario motivo de conflictos en perjuicio del sector exportador e importador nacional. Sin duda el espacio de derechos superó el de deberes y es ahí donde se perdió el norte de JAPDEVA como eslabón del desarrollo nacional.

JAPDEVA es una empresa del Estado cuya función es contribuir con la producción nacional. Este potencial exportador que como país hemos ido afianzando gracias al uso de mejores prácticas de producción debe contar con un soporte en infraestructura portuaria acorde a dichos requerimientos. La capacidad de nuestro país de exportar tanto productos agrícolas e industriales ha quedado demostrada con la proyección de movimiento de más de 800 000 teus durante este año 2008. Esta carga cautiva unida a la posición estratégica de Puerto Moín abre grandes opciones para convertir dicho puerto en el más importante de la región, como centro de acopio de las cargas de los países centroamericanos para luego transportarlas en buques de mayor tamaño a nuestros mercados en los Estados Unidos y Europa.

La inversión para lograr esto según el Plan Maestro elaborado por la firma Royal Haskoning ronda los 800 millones de dólares, monto imposible de invertir para nuestro país.

Al principio de mi gestión en JAPDEVA, veía muy interesante que los muelles actuales siguieran siendo operados por JAPDEVA y que la inversión de los nuevos puestos de atraque fuese echa a través de la inversión privada como lo permite la ley de concesiones. Pero ahondando más en el tema llegué a la conclusión que eso era solamente romanticismo de mi parte. Esa experiencia ya la tuvo Panamá en sus puertos de Balboa y Cristobal. En los años 95 y 96 los sindicatos panameños pidieron al Gobierno que los dejara administrar los muelles actuales y que diera en concesión los nuevos muelles. No pasó más de un año cuando los mismos trabajadores pidieron al Gobierno que interviniera porque les era imposible competir. Ese si es un ejemplo de burro amarrado contra tigre suelto.

Poner a competir a JAPDEVA con un competidor que no tiene amarras para invertir, que tomar la decisión de comprar una grúa lo hace de un día para otro sería simplemente la Crónica de una muerte anunciada. Estoy convencida que en pocos meses de ejercer un operador privado se llevaría los clientes, porque aunque las tarifas serían las mismas, en el mundo actual el tiempo cuenta y tanto el exportador como el importador van a buscar el menor tiempo en puerto y entonces que quedaría en JAPDEVA, muelles viejos, sin equipos. ¿Podrá asegurarse clientes en estas condiciones? Y si no hay clientes como se pagaría a los empleados y si hay que despedir con qué se pagan las prestaciones, porque aquí no habría indemnización. ¿Nos pasaría igual que al IFAM que no tiene con qué pagar las prestaciones de sus empleados?

La concesión que ha planteado el Gobierno de la República permite que a través del aporte que haga el concesionario los trabajadores obtengan el pago de sus prestaciones con un límite de 20 años como lo establece la Convención, además de la indemnización y la opción de pensión para las personas de más de 50 años.

Tomar estas decisiones es muy difícil, de ahí el gran mérito de nuestro Presidente Dr. Oscar Arias quien tiene el liderazgo para tomar las decisiones que como él lo ha expresado muchas veces no es lo que el pueblo quiere oir, sino lo que debe oir.