Melvin Sáenz

Este asunto de la presencia de las FARC en Costa Rica se las trae y no es tan simple como para ponerlo en blanco o en negro. Historicamente, Costa Rica ha tenido una relación particular con Colombia, vivido de cerca sus conflictos y esto viene desde el siglo XIX, en la época de la guerra de los mil días, cuando políticos y militares liberales colombianos vinieron al país. A manera de ejemplo puedo contar que las armas con que operó en un inicio la guerrilla de las FARC fueron un sobrante que les quedó a los venezolanos de AD luego del derrocamiento de Pérez Jiménez y que con la “aprobación” de don Pepe (eran remanentes de la revolución del 48) fueron entregadas a los guerrilleros de la izquierda liberal que comandaba Jacobo Arenas, primero en los llanos orientales y luego en el piedemonte llanero de Colombia, para combatir contra el gobierno militar de Rojas Pinilla.

Ya desde fines de los 60 y durante los 70 y 80′s, Costa Rica fue un sitio de descanso y rehabilitación médica utilizado por el M-19, el ELN y las mismas FARC; y en este asunto ellos se fueron relacionando con gente del país no solo de Vanguardia Popular y el Partido Socialista, sino que también de Liberación Nacional. Vuelvo a don Pepe porque él, en varias ocasiones, se reunió con la gente de lo que en ese entonces era la Coordinadora guerrillera Simón Bolívar y los puso en contacto con gente como don Rodrigo Carazo y Johnny Echeverría. Imagínense que la espada de Simón Bolivar que la gente del M-19 hurtó en Colombia, estuvo escondida en Costa Rica con conocimiento de la misma gente del gobierno.

De hecho, cuando dieron inicio los contactos entre el gobierno colombiano y las guerrillas reunidas en la Coordinadora en el período del Presidente Virgilio Barco (86-90), las dos partes se encontraron en varias ocasiones en Costa Rica y se reunieron con el Presidente Arias. Ya después, durante los gobiernos de César Gaviria y Ernesto Samper del 90 al 98, continuó esta vinculación y puedo decir que nuevamente Costa Rica apoyó e incluso estuvo presente en las conversaciones de paz en Tlaxcala y Caracas. Durante el Gobierno de José María Figueres, el involucramiento llegó a un punto tal que nuestro país era el enlace para mantener los vínculos y acercar al gobierno de Samper con las FARC (ya no existía la Coordinadora). De común acuerdo, las partes involucradas aceptaban el papel del gobierno de José María y el contacto operativo era Guido Sibaja quien iba y venía, con la venia de todos. Por supuesto en esa época hubo muchas reuniones en territorio nacional y es a esta época a la que se refirió el Presidente Arias cuando dijo que él se reunió con Raul Reyes y otros miembros del Secretariado de las FARC. Recuerdo que en 1994 la Fundación Arias organizó un encuentro que tuvo lugar en el Hotel Holyday Inn en San José y ahí estuvieron Reyes, Alfonso Cano, Pablo Catatumbo, Marcos Calarcá, Rodrigo Granda (todos estos son seudónimos) y otros más. Ahí estuvimos el Presidente Arias, Luis Guillermo Solís y el suscrito entre otros.

Todos estos contactos fueron muy útiles para potenciar el papel de Costa Rica al extremo tal que la mayor liberación de rehenes militares dada por las FARC en Cartagena del Chairá en 1997 se logró con la participación activa del gobierno costarricense mediante Guido Sibaja y don Rodrigo Carazo.

Ya en el Gobierno de Miguel Angel Rodríguez se asumió un papel renovado debido a la confluencia del Gobierno del Presidente Andrés Pastrana. Ello coincidió con la presencia en Costa Rica del político conservador Alvaro Leyva Durán, quien había desempeñado durante los 80 y 90 un importante papel de interlocución con las FARC. Leyva estuvo asilado en el país de común acuerdo con el gobierno de Pastrana debido a una clara persecución en su contra desarrollada por la Fiscalía de Colombia en ese entonces dirigida por Alfonso Gómez Méndez. Alvaro Leyva desarrolló una importantísima tarea de vinculación y acercamiento a tal punto que logró que en diciembre de 1998 se reuniesen en el Hotel Cariari los representantes de las FARC, Reyes y Granda con varios funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, entre ellos Phil Chiccola, Subsecretario Adjunto para Asuntos Andinos y Peter Romero, Secretario Adjunto de Estado para el Hemisferio Occidental, con el apoyo del Gobierno de Costa Rica. Este encuentro facilitó el posterior aval de los Estados Unidos para la apertura del proceso de negociación conocido como “San Vicente del Caguán” y nuestro país fue miembro del grupo internacional de países amigos del proceso de paz. En este sentido, el gobierno fue partícipe de las rondas de negociación y el entonces el Canciller Roberto Rojas estuvo presente en la reunión inaugural y en varios encuentros posteriores. Debo decir que quienes ostentamos la representación diplomática del país en Bogotá en ese período, Luis Varela, Jorge Renán Segura y el suscrito, estuvimos presentes, cada uno en su momento, en las diferentes etapas de este proceso pacificador fracasado por la intransigencia y torpeza de la insurgencia.

Ojo que hasta esta fecha no se hablaba de la cuestión del involucramiento de las FARC en el negocio del narco, tema que surgió en el 2000, en coincidencia con él inicio de la Administración Bush y que ahora es una realidad innegable.

En este período de 1997-2001 la situación interna de Colombia se agravó debido al incremento de la violencia pero, también, por la caída de la economía como resultado de las difíciles relaciones con el gobierno de los Estados Unidos provocadas por el destape de los vínculos que Samper había tenido con carteles de la droga en especial el de Cali que dio importante financiamiento a su campaña electoral.

Fue en este período que se dio un gran aumento de la migración colombiana a Costa Rica debido a la estabilidad política y económica del país, la cercanía geográfica y a que, en esa época, aun no se había impuesto el requisito de la visa para que los nacionales de Colombia ingresasen a territorio costarricense. En términos reales, hablamos que durante ese período ingresaron 41000 colombianos a Costa Rica y al final quedó un saldo de 27000. De estos últimos, alrededor de 8000 se acogieron al derecho de refugio. En esto es importante mencionar que la mayor parte de este grupo no reunían los requisitos establecidos y mediante una red de corrupción establecida con la participación de organizaciones sociales, bufetes de abogados y funcionarios de Migración lograron acceder a la condición de refugiados, aprovechando también los términos amplios de la Convención de Ginebra y su Protocolo de Cartagena de Indias.

Es conveniente conocer toda esta historia pues creo que sin ella es muy difícil entender el tema de la vinculación de Costa Rica con las FARC, la presencia que sus representantes tuvieron en territorio nacional y los contactos con dirigentes políticos, periodistas, sindicalistas y académicos nacionales en esos años. Y lo que es más grave, de no conocerlo y entenderlo se cae con mucha facilidad en los términos y extremos que se están utilizando, propios del macartismo, para entrar a juzgar, con facilidad pasmosa, acontecimientos de un pasado, muy distinto en sus condiciones políticas y estratégicas a la actualidad.

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