Unión del capital y el trabajo
Marcelo Martén
marten@racsa.co.cr
Si hay apertura de entes públicos, que la haya también de particulares
De nada sirve insistir con algunosenemigos del TLC sobre sus ventajas,si su oposición se origina en la defensa interesada del mal llamado Estado empresario. Mal llamado porqueen los entes públicos que explotan empresas productoras de bienes y servicios no existe empresario que coordine los factores de la producción, sino burócratas nombrados por las juntas directivas que el Consejo de Gobierno elige con criterio político. De nada sirve tampoco insistir sobre las desventajas del tratado con los partidarios que solo se interesan en la apertura que ese tratado implica, para que la competencia reduzca los entes públicos a seguir prestando servicios ineficientes, pero sin combatir el subdesarrollo.
El tratado acoge reformas que la voluntad política no ha tomado. Los que por incapacidad o complejo le temen a la competencia no lograrán aislar al país con el cuento de evitarle el fracaso que al tratado presagian. De corregirse las inconveniencias que le apuntan, le inventarán otras, porque su oposición es interesada o psicológica.
Voluntad política. Si hay apertura de los entes públicos, que haya apertura de las corporaciones particulares, prohibiendo los privilegios del capital, los del trabajo y los pactos colusorios para que los que controlan el mercado no eliminen después la competencia. Esto se logra acogiendo la voluntad política, como alternativa al modelo contractual-conflictivo basado en la lucha de clases con que la ley regula las relaciones industriales, el modelo institucional basado en la cooperación. Este modelo que le permite a la sociedad anónima cambiar el contrato de trabajo por el de sociedad perfeccionándose como forma jurídica del binomio que con la empresa forma. Se rige por el Código de Comercio, acaba con los privilegios del capital y del trabajo, establece un régimen de seguridad social de libre escogencia y fortalece al binomio: sociedad empresa para competir. El Código de Trabajo bajo la tutela de la OIT seguirá regulando la pelea entre los peones y patrones que no quieran cambiar de modelo. Aunque la voluntad política no autorice el cambio de modelo, el binomio sociedad-empresa lo puede acoger, conforme explico en el artículo “Empresarios solidaristas” (14/10/06).
Acogido el modelo institucional, el equilibrio característico de la forma republicana de gobierno con su sistema de pesos y contrapesos, no solo se daría en los poderes tradicionales del Estado, sino en las sociedades anónimas pluralistas en que se transformen las corporaciones privadas y los entes públicos que explotan empresas productoras de bienes y servicios. Estos últimos, además del equilibrio interno entre el capital y el trabajo, procurarían el equilibrio entre lo público y lo privado al autorizar la inversión particular en acciones. En razón del altísimo porcentaje del PIB que generan esos entes públicos, sin reforma institucional no hay reforma del Estado.
“El capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana-Estados Unidos (CAFTA por las siglas en inglés) lleva a extremos inaceptables los privilegios otorgados a los inversionistas extranjeros –que no tienen los nacionales en su propio país– y con eso los liquida, ya que no podrían competir contra quienes discriminatoriamente ponen sus propias reglas” (Juan José Sobrado). Si la empresa a que pertenece el asalariado sigue siendo un simple organismo económico sin órganos, sin forma jurídica y sin representación societaria, ¿qué le puede importar a ese asalariado, que el que lo contrate sin asociarlo sea un ente público o un empresario nacional o extranjero?
Razón válida. Por otra parte, es necesario perfeccionar el procedimiento jurisdiccional para que los juicios no se eternicen. “Si me tengo que morir me muero, me preocupa la Corte” (Fernando Coto Albán). Tenía razón de preocuparse. En vez de asumir directamente la Corte la administración de justicia con jueces asalariados, podría encargárselos a tribunales que integre siguiendo un procedimiento similar al de los juicios arbitrales, sin que puedan inventarles defectos a los recursos para rechazarlos de plano.
Decía un político norteamericano que la Unión Soviética tenía satélites o países aliados. Mi modelo institucional consolida esa alianza. No aislemos al país ni lo enfrentemos con nuestro principal socio internacional, apoyemos el TLC. Si se aprueba, el cambio tendrá más chance.
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