En agosto 2005 presentamos un informe a don Oscar y don Rodrigo Arias en presencia de Fernando Berrocal, Guillermo Zúñiga, Rubén Hernández y Roberto Solórzano, sobre los incumplimientos del contratista Alterra Bechtel, que habían causado un grave atraso en concluir las obras del aeropuerto, debido a que las suspendió en varias ocasiones para presionar que el gobierno les reconociera unos gastos que la Contraloría había declarado improcedentes e ilegales.

Hicimos ver entonces que había dos opciones: que Alterra cumpliera el contrato, o rescindirlo. Este mismo informe fue conocido por una comisión del PLN sobre aviación y aeropuertos en la que participaron Carlos Víquez, Luis Carlos Araya, Rodolfo Monge, Rodrigo Cuesta, José Miguel Alfaro, Mario Mora. Durante la campaña se insistió que si Alterra no cumplía el contrato, debía ser sustituida.

Los suscritos Otto Escalante, Manuel Sáenz, Rodolfo Silva, Rodrigo Cuesta y Mauricio Gutiérrez, todos partícipes en funciones previas del MOPT y de Aviación Civil, tuvimos que denunciar entre 2001 y 2006 los abusos de Alterra y la alcahuetería de las Administraciones en complacer sus pretensiones. Siempre nos ha acompañado el Ing. Guillermo Constenla, quien no ha podido seguir participando públicamente por haber sido nombrado en un alto cargo de la actual Administración. También han hecho fuertes críticas, entre otros, el exministro Méndez Mata, el magistrado Manrique Jiménez, los juristas Juan José Sobrado, Enrique Rojas Franco, Jorge E. Romero, diputados y medios de comunicación. La Contraloría General ha rechazado en cuatro ocasiones refrendar los ilegales intentos de modificar el contrato por parte de Alterra con la anuencia del CETAC.

La actual Administración fue sorprendida con un nuevo addendum presentado a refrendo de la Contraloría el 5 de mayo 2006, dos días antes de terminar la anterior Administración (“acuerdos de medianoche” que hubieran dado a Alterra el 90% de los ingresos disponibles del aeropuerto en 2006 y $120 millones de ingresos adicionales en 15 años). Aunque el gobierno avaló la propuesta, fue nuevamente rechazada por la Contraloría en agosto 2006. ¿La razón? Alterra no pudo probar el supuesto desequilibrio financiero que
alegaban. Dijo la Contraloría: “Se pretende restituir un equilibrio financiero SUSTENTADO EN CONDICIONES QUE NUNCA FORMARON PARTE DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL..”. Alterra dice haber invertido $83 millones en obras que solo valen $37 millones a precios de contrato, gastado más del doble de lo cotizado en operación y mantenimiento y trató de cobrar gastos anteriores a la licitación no previstos en el contrato, que la Contraloría lógicamente rechazó.

Alterra, que es 85% del gigante usamericano Bechtel, montó varios berrinches a partir de 2002 y suspendió las obras para presionar, lo que está documentado por una comisión investigadora que nombró el CETAC en 2006 a instancias de la Contraloría. Se determinaron suspensiones y atrasos injustificados de 1096 días entre 2002 y diciembre 2005, cuando la Contraloría dio ultimatum para que se ordenara el reinicio de las obras en un plazo máximo de 10 días. A esos 3 años de atraso acumulado hay que agregar el 2006 y lo que va del 2007. El contrato establece multas de $1500 por día de atraso en el inicio de la construcción, $1800 por día de atraso en la puesta en servicio de cada obra aeroportuaria, $2500 diarios por no concluir cada uno de los edificios terminales (carga y pasajeros), 0.02% del valor de las obras por cada día de atraso en su entrega, todo en dólares de 1998, que aumenta en un 30% al convertir a dólares de 2007. Así que la estimación de $40 millones en multas más bien se queda corta, pero Alterra
trata de ocultar esta realidad, y algunos le hacen el juego. También tratan de esconder que la cláusula 24.1 del Contrato requiere que cuando las multas superen el 25% de los ingresos del contratista en el año previo -situación que ya ha sido excedida con creces-, debe de iniciarse obligatoriamente un proceso de Rescisión del Contrato, en razón de incumplimiento grave. ¿Es que se están volviendo letra muerta los contratos en nuestro “Estado de Derecho”?.

Pero en lugar de demandar a Alterra por sus incumplimientos, resulta que es Alterra la que presentó más de 30 reclamos, demandó al Estado en 13 juicios arbitrales por $117 millones, y ahora presentó una demanda en el Juzgado Contencioso Administrativo por cuantía “inestimable”, que pretende exigir la nulidad de 8 resoluciones de la Contraloría y 37 resoluciones del CETAC. ¡Las pavas tirándole a las escopetas!

Mientras, se sigue negociando un nuevo contrato, como si nada hubiera ocurrido, y ya asoma las orejas un addendum 5, que propone extender el contrato a Alterra hasta el 2026, lo que le daría unos $250 millones extra. ¿Es aceptable seguir”negociando” un nuevo contrato con una empresa que ha incumplido reiteradamente, que ha presionado a las administraciones suspendiendo las obras injustificadamente, que lanza temerarias demandas contra el Estado, no se cansa de decir que en Costa Rica no hay seguridad
jurídica para invertir, y no tiene empacho en denigrar la imagen del país con el fin de presionar a los órganos de control para que le avalen ilegales enmiendas al contrato, lesivas al interés nacional? Se olvida que el propio Director de Alterra declaró en entrevista de marzo 2006: “Nunca debimos haber suspendido obras, si se hubiera hecho caso en ese momento a la Contraloría, era muy fácil de resolver, porque técnicamente no se pasan a tarifas los costos que la Contraloría había dicho que no se podían pasar a tarifas, pero siempre respetando el contrato; si se hubiera hecho eso en marzo de 2003, no se tenían que suspender las obras”. Además, afirmó que la empresa “siempre tuvo los recursos necesarios para terminar las obras”. ¡A confesión de parte, relevo de prueba!

Otto Escalante Wiepking (ced 1 144 730), Manuel Sáenz Herrero (ced 1 200 579), Rodolfo Silva Vargas (ced 1 220 356), Rodrigo Cuesta Valverde (ced 1 250 007), Mauricio Gutiérrez Rodríguez (ced 1 504 803).

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