Ocean Castillo Loría

Desde hace ya bastante tiempo dentro de nuestro partido, se viene llevando a cabo un debate sobre lo que significa ahora ser socialdemócrata. Desde esos momentos, se han planteado una serie de preguntas: ¿Debemos seguir defendiendo la intervención del Estado en la Economía?, ¿Debemos promover más el libre mercado, en qué medida?, ¿Es el modelo de liberalización económica afín a nuestros principios ideológicos?

De entrada, debe reconocerse que un elemento básico de la ideología socialdemócrata, es el respeto a la democracia como sistema de gobierno y ya, desde allí, se nos ubica frente a las dictaduras y las corrientes más ortodoxas del marxismo.

Por otra parte, aceptamos que la democracia por sí misma no es garantía de mejoramiento social y por ende, este sistema sin contenido social, conduce a la desesperación de los pueblos y los lleva a tomar las rutas del populismo.

El debate comienza a agudizarse cuando se analizan los instrumentos para dar contenido social a la democracia. Durante los gobiernos de Figueres, es claro que la intervención del Estado en la economía, donde éste orienta, estimula, corrige y estabiliza el sistema de precios y mercados era fundamental. Es básico que uno de los pilares de lo que se conceptúa como socialdemocracia es el principio de economía mixta.

Adicionalmente, hay de fondo una concepción ética en esta visión de mundo y es, que más allá de los roles de comerciantes y consumidores, el producto final de toda acción política debe ser una elevación del ser humano. Esto implica que todas las personas sean conscientes de su responsabilidad social. Lo contrario, significa ni más ni menos que dar rienda suelta al “darwinismo social”.

El problema actual ha sido que la llamada economía mixta ha dado paso a un énfasis de la propiedad privada en detrimento de la propiedad pública, y la responsabilidad social ha dado paso a que la persona piense que su esfuerzo individual no tiene ligamen con su prójimo, ha dado paso a que el empresario solo piense en utilidades, ha dado paso a que los trabajadores solo piensen en salarios y renuncien a ser ya propietarios. En suma, ha dado paso al egoísmo en oposición a la solidaridad.

El problema actual es que la planificación ha dejado de ser dominio del Estado y ha quedado en manos del mercado, como lo pensaban y lo piensan los liberales de viejo y nuevo cuño. Los empresarios y trabajadores están al servicio del mercado y no de la sociedad en general. Se pierde así, la óptica humanista y socialista de lograr que por el trabajo de la colectividad, se beneficie la colectividad.

¿Cómo puede ser posible que se llame socialdemócrata una persona o política que postule que el desarrollo puede lograrse por el libre mercado sin ningún control?

No podemos olvidar, que de lo que se trata es que el sistema de convivencia social permita una justa distribución de la riqueza sin renunciar a la libertad política. Y no podemos olvidar que es ese tipo de política la que propició en nuestro país, como lo dijera Oduber, el florecimiento de una pujante clase media, que logró ocupar los espacios que en el pasado estaban reservados a quienes poseían los medios de producción y la riqueza.

El problema actual es que, aunque intenten negarlo por estudios económicos y sociológicos, esa gloriosa clase media se está pauperizando en el centro de una dinámica económica en la que los estratos altos concentran la riqueza gracias a un pésimo sistema tributario y la desarticulación del Estado de Bienestar, y los estratos bajos deben consolarse con tener un “bonito” para vivir.

¿Cómo puede llamarse una persona o política socialdemócrata cuando se da énfasis a medidas focalizadoras por encima de políticas universales?

Marcelo Martén
marten@racsa.co.cr

Si hay apertura de entes públicos, que la haya también de particulares

De nada sirve insistir con algunosenemigos del TLC sobre sus ventajas,si su oposición se origina en la defensa interesada del mal llamado Estado empresario. Mal llamado porqueen los entes públicos que explotan empresas productoras de bienes y servicios no existe empresario que coordine los factores de la producción, sino burócratas nombrados por las juntas directivas que el Consejo de Gobierno elige con criterio político. De nada sirve tampoco insistir sobre las desventajas del tratado con los partidarios que solo se interesan en la apertura que ese tratado implica, para que la competencia reduzca los entes públicos a seguir prestando servicios ineficientes, pero sin combatir el subdesarrollo.

El tratado acoge reformas que la voluntad política no ha tomado. Los que por incapacidad o complejo le temen a la competencia no lograrán aislar al país con el cuento de evitarle el fracaso que al tratado presagian. De corregirse las inconveniencias que le apuntan, le inventarán otras, porque su oposición es interesada o psicológica.

Voluntad política. Si hay apertura de los entes públicos, que haya apertura de las corporaciones particulares, prohibiendo los privilegios del capital, los del trabajo y los pactos colusorios para que los que controlan el mercado no eliminen después la competencia. Esto se logra acogiendo la voluntad política, como alternativa al modelo contractual-conflictivo basado en la lucha de clases con que la ley regula las relaciones industriales, el modelo institucional basado en la cooperación. Este modelo que le permite a la sociedad anónima cambiar el contrato de trabajo por el de sociedad perfeccionándose como forma jurídica del binomio que con la empresa forma. Se rige por el Código de Comercio, acaba con los privilegios del capital y del trabajo, establece un régimen de seguridad social de libre escogencia y fortalece al binomio: sociedad empresa para competir. El Código de Trabajo bajo la tutela de la OIT seguirá regulando la pelea entre los peones y patrones que no quieran cambiar de modelo. Aunque la voluntad política no autorice el cambio de modelo, el binomio sociedad-empresa lo puede acoger, conforme explico en el artículo “Empresarios solidaristas” (14/10/06).

Acogido el modelo institucional, el equilibrio característico de la forma republicana de gobierno con su sistema de pesos y contrapesos, no solo se daría en los poderes tradicionales del Estado, sino en las sociedades anónimas pluralistas en que se transformen las corporaciones privadas y los entes públicos que explotan empresas productoras de bienes y servicios. Estos últimos, además del equilibrio interno entre el capital y el trabajo, procurarían el equilibrio entre lo público y lo privado al autorizar la inversión particular en acciones. En razón del altísimo porcentaje del PIB que generan esos entes públicos, sin reforma institucional no hay reforma del Estado.

“El capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana-Estados Unidos (CAFTA por las siglas en inglés) lleva a extremos inaceptables los privilegios otorgados a los inversionistas extranjeros –que no tienen los nacionales en su propio país– y con eso los liquida, ya que no podrían competir contra quienes discriminatoriamente ponen sus propias reglas” (Juan José Sobrado). Si la empresa a que pertenece el asalariado sigue siendo un simple organismo económico sin órganos, sin forma jurídica y sin representación societaria, ¿qué le puede importar a ese asalariado, que el que lo contrate sin asociarlo sea un ente público o un empresario nacional o extranjero?

Razón válida. Por otra parte, es necesario perfeccionar el procedimiento jurisdiccional para que los juicios no se eternicen. “Si me tengo que morir me muero, me preocupa la Corte” (Fernando Coto Albán). Tenía razón de preocuparse. En vez de asumir directamente la Corte la administración de justicia con jueces asalariados, podría encargárselos a tribunales que integre siguiendo un procedimiento similar al de los juicios arbitrales, sin que puedan inventarles defectos a los recursos para rechazarlos de plano.

Decía un político norteamericano que la Unión Soviética tenía satélites o países aliados. Mi modelo institucional consolida esa alianza. No aislemos al país ni lo enfrentemos con nuestro principal socio internacional, apoyemos el TLC. Si se aprueba, el cambio tendrá más chance.

En agosto 2005 presentamos un informe a don Oscar y don Rodrigo Arias en presencia de Fernando Berrocal, Guillermo Zúñiga, Rubén Hernández y Roberto Solórzano, sobre los incumplimientos del contratista Alterra Bechtel, que habían causado un grave atraso en concluir las obras del aeropuerto, debido a que las suspendió en varias ocasiones para presionar que el gobierno les reconociera unos gastos que la Contraloría había declarado improcedentes e ilegales.

Hicimos ver entonces que había dos opciones: que Alterra cumpliera el contrato, o rescindirlo. Este mismo informe fue conocido por una comisión del PLN sobre aviación y aeropuertos en la que participaron Carlos Víquez, Luis Carlos Araya, Rodolfo Monge, Rodrigo Cuesta, José Miguel Alfaro, Mario Mora. Durante la campaña se insistió que si Alterra no cumplía el contrato, debía ser sustituida.

Los suscritos Otto Escalante, Manuel Sáenz, Rodolfo Silva, Rodrigo Cuesta y Mauricio Gutiérrez, todos partícipes en funciones previas del MOPT y de Aviación Civil, tuvimos que denunciar entre 2001 y 2006 los abusos de Alterra y la alcahuetería de las Administraciones en complacer sus pretensiones. Siempre nos ha acompañado el Ing. Guillermo Constenla, quien no ha podido seguir participando públicamente por haber sido nombrado en un alto cargo de la actual Administración. También han hecho fuertes críticas, entre otros, el exministro Méndez Mata, el magistrado Manrique Jiménez, los juristas Juan José Sobrado, Enrique Rojas Franco, Jorge E. Romero, diputados y medios de comunicación. La Contraloría General ha rechazado en cuatro ocasiones refrendar los ilegales intentos de modificar el contrato por parte de Alterra con la anuencia del CETAC.

La actual Administración fue sorprendida con un nuevo addendum presentado a refrendo de la Contraloría el 5 de mayo 2006, dos días antes de terminar la anterior Administración (“acuerdos de medianoche” que hubieran dado a Alterra el 90% de los ingresos disponibles del aeropuerto en 2006 y $120 millones de ingresos adicionales en 15 años). Aunque el gobierno avaló la propuesta, fue nuevamente rechazada por la Contraloría en agosto 2006. ¿La razón? Alterra no pudo probar el supuesto desequilibrio financiero que
alegaban. Dijo la Contraloría: “Se pretende restituir un equilibrio financiero SUSTENTADO EN CONDICIONES QUE NUNCA FORMARON PARTE DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL..”. Alterra dice haber invertido $83 millones en obras que solo valen $37 millones a precios de contrato, gastado más del doble de lo cotizado en operación y mantenimiento y trató de cobrar gastos anteriores a la licitación no previstos en el contrato, que la Contraloría lógicamente rechazó.

Alterra, que es 85% del gigante usamericano Bechtel, montó varios berrinches a partir de 2002 y suspendió las obras para presionar, lo que está documentado por una comisión investigadora que nombró el CETAC en 2006 a instancias de la Contraloría. Se determinaron suspensiones y atrasos injustificados de 1096 días entre 2002 y diciembre 2005, cuando la Contraloría dio ultimatum para que se ordenara el reinicio de las obras en un plazo máximo de 10 días. A esos 3 años de atraso acumulado hay que agregar el 2006 y lo que va del 2007. El contrato establece multas de $1500 por día de atraso en el inicio de la construcción, $1800 por día de atraso en la puesta en servicio de cada obra aeroportuaria, $2500 diarios por no concluir cada uno de los edificios terminales (carga y pasajeros), 0.02% del valor de las obras por cada día de atraso en su entrega, todo en dólares de 1998, que aumenta en un 30% al convertir a dólares de 2007. Así que la estimación de $40 millones en multas más bien se queda corta, pero Alterra
trata de ocultar esta realidad, y algunos le hacen el juego. También tratan de esconder que la cláusula 24.1 del Contrato requiere que cuando las multas superen el 25% de los ingresos del contratista en el año previo -situación que ya ha sido excedida con creces-, debe de iniciarse obligatoriamente un proceso de Rescisión del Contrato, en razón de incumplimiento grave. ¿Es que se están volviendo letra muerta los contratos en nuestro “Estado de Derecho”?.

Pero en lugar de demandar a Alterra por sus incumplimientos, resulta que es Alterra la que presentó más de 30 reclamos, demandó al Estado en 13 juicios arbitrales por $117 millones, y ahora presentó una demanda en el Juzgado Contencioso Administrativo por cuantía “inestimable”, que pretende exigir la nulidad de 8 resoluciones de la Contraloría y 37 resoluciones del CETAC. ¡Las pavas tirándole a las escopetas!

Mientras, se sigue negociando un nuevo contrato, como si nada hubiera ocurrido, y ya asoma las orejas un addendum 5, que propone extender el contrato a Alterra hasta el 2026, lo que le daría unos $250 millones extra. ¿Es aceptable seguir”negociando” un nuevo contrato con una empresa que ha incumplido reiteradamente, que ha presionado a las administraciones suspendiendo las obras injustificadamente, que lanza temerarias demandas contra el Estado, no se cansa de decir que en Costa Rica no hay seguridad
jurídica para invertir, y no tiene empacho en denigrar la imagen del país con el fin de presionar a los órganos de control para que le avalen ilegales enmiendas al contrato, lesivas al interés nacional? Se olvida que el propio Director de Alterra declaró en entrevista de marzo 2006: “Nunca debimos haber suspendido obras, si se hubiera hecho caso en ese momento a la Contraloría, era muy fácil de resolver, porque técnicamente no se pasan a tarifas los costos que la Contraloría había dicho que no se podían pasar a tarifas, pero siempre respetando el contrato; si se hubiera hecho eso en marzo de 2003, no se tenían que suspender las obras”. Además, afirmó que la empresa “siempre tuvo los recursos necesarios para terminar las obras”. ¡A confesión de parte, relevo de prueba!

Otto Escalante Wiepking (ced 1 144 730), Manuel Sáenz Herrero (ced 1 200 579), Rodolfo Silva Vargas (ced 1 220 356), Rodrigo Cuesta Valverde (ced 1 250 007), Mauricio Gutiérrez Rodríguez (ced 1 504 803).