Federico Tinoco Carmona*

El referéndum sobre el TLC será un momento álgido, crucial y trascendental de la democracia costarricense. El pueblo, único soberano de la nación, por primera vez será consultado si aprueba o no el Tratado de Libre Comercio con Estado Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

Sin embargo, sería una ligereza demasiado superficial, considerar que por sí mismo resolverá la crisis de ingobernabilidad y la polarización de la sociedad costarricense, reflejo de una profunda fractura en nuestra vida política. Para que el referéndum tenga garantizada toda su eficacia política, deben los actores políticos con mayor legitimación, haberse comprometido a acatar con transparencia su resultado, cualquiera que éste sea. Deben, por lo tanto, quitar del camino las carlancas y abrojos sembrados en todo este lapso y hacer lo que a ambos corresponde, lo cual solo puede ser logrado por un pacto político.

La defensa del valor del referéndum pasa, por lo tanto, como condición sine qua non, por el diálogo y el pacto político entre el Gobierno de la República (PLN) y el PAC, como principal partido de oposición, sobre la agenda de implementación y las cuestiones esenciales del escenario político que plantearía un “sí” o un “no”. La agenda de implementación, sobre su conocimiento y voto o no antes del referéndum, la agenda de desarrollo como obligación de construir e iniciar su discusión, ojalá antes del referéndum, la aplicación del 41 bis por consenso o acuerdo, entre otros factores críticos más, son los que concentran el interés de un diálogo como el que urgentemente impone la realidad política..

Primero que nada, es absolutamente obligatorio para el PAC porque, de lo contrario, no podría garantizar la eficacia del referéndum en caso de que resultara “No”.Es decir, a su favor, lo cual impondría la ineludible necesidad de dialogar y llegar a un acuerdo para evitar que dichas agenda se vote sin su consentimiento, por un lado y promover de esa agenda de implementación lo que puede considerarse modernización en lo que exista mayor consenso, por el otro. Para el Gobierno, en esa perspectiva, sería un imperativo contar con esa disposición del PAC a construir el consenso que no frene la vida institucional; de lo contrario, el país se sumiría en el caos. La ingobernabilidad democrática que hace tiempos sentimos y sufrimos alcanzaría su grado máximo.

En segundo lugar, si es el “sí” el que triunfa el 23 de septiembre, la agenda de implementación sólo puede ser viable si antes del referéndum se cuenta con el pacto con el PAC que así lo permita. Que no sea votada sino hasta entonces.

Pero además, el PAC requerirá, en esta otra perspectiva, contar con la garantía de impulsar la agenda de desarrollo, con conquistas y logros democráticos y sociales importantes. De lo contrario, se obligaría al PAC a quedar a la merced de la extrema izquierda, con el famoso “referéndum de la calle”.

La extrema, es obvio, no apoyaría un pacto de esta naturaleza, porque le restaría “legitimidad” para sus objetivos radicales de poder. Por su parte, otros no
extremistas, pero aliados de éstos coyunturalmente, tampoco serían los más calurosos partidarios de un pacto así por conveniencias políticas entendibles, y presumibles pérdidas de ventajas.

Es decir, es a todas luces una necesidad imperativa para el gobierno tanto como para el PAC llegar a un real pacto político antes del referéndum, precisamente para que el referéndum sea salvaguardado como instrumento de la soberanía.

Basta con sólo imaginarse cómo podría ser el escenario, si vamos al referéndum sin que esas fuerzas políticas fundamentales se hubieran puesto de acuerdo en lo esencial, por el bien de Costa Rica, la democracia y la institucionalidad, y a la vez se hubieran votado las leyes complementarias que hayan sido posible votar, lo cual no sería muy seguro, como tampoco pueden ser seguros los 38 votos. Además, 38 votos son necesarios pero no suficientes para la gobernabilidad democrática, en este contexto, como se demostró en la anterior administración.

A esta complejidad hay que sumar lo que resuelva la Sala IV sobre las consultas facultativas respecto a presuntas inconstitucionalidades del TLC. Si la Sala IV no encuentra tales inconstitucionalidades, se despeja el camino para el Referéndum, pero no significaría que se garantice la entrada en vigencia del TLC, ni la gobernabilidad democrática. Si la Sala encuentra inconstitucionalidad, prácticamente esa historia habría acabado y en ambos casos se requeriría de todas formas el Pacto Político Gobierno/PAC.

*Diputado

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